sábado, junio 12, 2021
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Casos de corrupción que han salpicado la gestión de Lenín Moreno

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A lo largo de estos cuatro años el Gobierno de Lenín Moreno ha estado salpicado de varios escándalos de corrupción, sin embargo de todas las denuncias el único caso que se ha judicializado ha sido el reparto de los hospitales aunque nunca se determinó cuál fue el actor intelectual de esas irregularidades que terminó cobrando la vida de cientos de ciudadanos en 2020 durante la pandemia por el Covid-19.

En esta nota daremos a conocer cuáles han sido los casos más sonados:

INA PAPERS

En marzo de 2019 el asambleísta por la Revolución Ciudadana, Ronny Aleaga, denunció de una supuesta empresa offshore de la familia Lenín Moreno denominada Ina Investment, su nombre sería el acrónimo de las tres últimas letras de las hijas del mandatario: Irina, Karina y Cristina.

Según el legislador, fue Edwin Moreno, hermano del Jefe de Estado, quien constituyó la empresa fantasma en 2012 para recibir dineros por medio del empresario y a la vez testaferro Xavier Macías Carmignani, producto de coimas a las empresas china SINOHYDRO y la panameña RECORSA; era como una especie de peaje que cancelaba para adjudicarles ciertas contrataciones. En uno solo de esos movimientos, se habría pagado 18 millones de dólares.

Para ello la familia Moreno habría abierto una cuenta en el Balboa Bank de Panamá, desde la cual presuntamente compraron lujosos muebles para el departamento donde vivió por un tiempo en Ginebra-Suiza cuando fue delegado ante la ONU para las discapacidades, además de la adquisición de departamento en la costa Mediterránea en 2016.

De su lado Lenín Moreno, salió a los medios de comunicación en abril de 2019, donde negó tener participación en una empresa off shore y aseguró que la participación de uno de sus hermanos no tiene impedimento ni ilegalidad porque no es funcionario público: “¿Ustedes creen que a una empresa offshore donde ocultaba dinero le iba a poner el nombre de mis hijas? Me han dicho que al momento que compraron la empresa ya tenía ese nombre. Mi hermano la constituye a pedido de quien le debía dinero para poder pagarle en Panamá y que pueda traer ese dinero a Ecuador”.

El caso no ha pasado de investigación previa por parte de la Fiscalía General del Estado, esto pese a que Panamá mostró su interés en colaborar luego de que se hizo una solicitud de información y asistencia penal internacional.

Consulta popular 2012

En octubre de 2019 el mismo asambleísta Aleaga denunció ante la Fiscalía un presunto caso de peculado en el marco de la campaña electoral para la consulta popular y referendo que se llevó a cabo en febrero de 2018.

La denuncia asevera que el Ejecutivo financió la campaña del SI con dinero de empresas públicas por al menos USD 5 millones lo cual incurre en peculado y otros delitos electorales detectados por el propio Consejo Nacional Electoral (CNE) como haber excedido el presupuesto máximo para campaña y el uso de recursos públicos con fines electorales.

Más tarde esta acusación cobró fuerza cuando un portal digital mostró un correo electrónico suscrito el 19 de diciembre de 2017 por una persona de nombre Luis Valdebenito que estaba dirigido al ahora secretario de Gabinete, Jorge Wated, que en esa época era el coordinador de las empresas estatales, y a Patricio Beltrán, financiero de Alianza PAIS . Al email se adjunta un archivo denominado Plan Logístico Sí, que tendría relación con la reunión del buró de AP, del 19 de diciembre.

En dicho correo se evidenciaría que los aportantes fueron las empresas estatales: Flopec, Cear, Petroecuador, Petroamazonas, Enami, Astinave, Ecuador Estratégico, Fabrec y Casa para Todos. En algunos casos estas compañías habrían aportado USD 5 mil y en otros USD 1 millón para camisetas, tarimas y recorridos.

Aleaga ha reprochado que hasta la fecha, la fiscal Diana Salazar no haya iniciado ni siquiera una indagación previa y como han transcurrido más de dos años de la consulta, tampoco puede hacer nada el CNE puesto que su propia titular, Diana Atamaint, no habría presentado el informe concluyente de gastos por lo que el plazo ya feneció como para iniciar una investigación o sanción.

Reparto de hospitales

El escándalo se desató en 2020 en el marco de la pandemia donde se denunció que para conseguir votos en la elección de autoridades en la Asamblea Nacional de 2019, la exministra de Gobierno María Paula Romo habría repartido Instituciones Públicas entre ellas hospitales, caso en el que se involucró a varios asambleístas de Alianza PAIS como Daniel Mendoza, quien hoy enfrenta un proceso penal en el cual reconoció estos actos irregulares.

El exlegislador ha declarado que efectivamente le entregaron la construcción del hospital de pedernales, misma que nunca se ejecutó y más bien él junto a otras personas se beneficiaron de pagos en el marco de lo que ha Fiscalía ha llamado un lavado de activos.

Vacunas

En 2021 con la llegada del primer lote de vacunas el país empezaba a tener esperanzas sobre el futuro, mucho más luego de que el Gobierno demostró una falta de manejo de la crisis sanitaria que fue más visible en Guayaquil, donde las familias tenían a sus muertos en las casas, la falta de camas para atención hospitalaria, las cajas de cartón para enterrar a sus seres queridos, la posibilidad de una fosa común, la pérdida de cadáveres, el fallecimiento de personal sanitario por falta de implementos de bioseguridad, entre otros.

Esto se cayó cuando los medios de comunicación informaban a los ecuatorianos que con el primer lote de vacunas que llegó al país, el exministro Juan Carlos Zevallos benefició a su madre, esposa y suegra. El funcionario renunció luego de asegurarse que sus parientes recibieron la segunda dosis.

Más adelante se conoció que periodistas como Diego Oquendo, Gonzalo Rosero y sus esposas también se beneficiaron de las vacunas, al igual que algunos miembros del gabinete y hasta del grupo rotario de Guayaquil. Esto indignó porque en ese contexto hubo cientos de personas de la tercera edad aguantando sol y lluvia en medio de una desorganización total para poder inocularse.

El caso ha quedado en el limbo en la Fiscalía no ha respondido a las denuncias presentadas en contra del exfuncionario quien hoy se encuentra defendiéndose desde Miami.

Secretaría Anticorrupción

Todo este tipo de casos se ha dado pese a que Moreno ha enfatizado su intención de luchar contra la corrupción, misma que más bien ha servido para iniciar procesos judiciales contra quienes alguna vez llamó amigos.

Cabe destacar que incluso creó una Secretaría Anticorrupción que apenas duró 15 meses, tuvo tres titulares y fue cerrada tras las críticas de las autoridades de Control y de Justicia por una posible interferencia.

Fuente: Otros medios

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