jueves, agosto 18, 2022
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Caso Las Torres: Petroecuador acusa a Pablo Flores y Natalia Cárdenas por su grado de participación en la organización

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La acusación particular hizo alusión a los elementos de convicción de la Fiscalía con los que se refirió a la entrega de sobornos para cada uno de los integrantes de la red.   

Punto Noticias.- En la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se reinstaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra 13 procesados por presunta delincuencia organizada, en el denominado caso Las Torres, para que el acusador particular, la empresa Petroecuador, intervenga.

La semana pasada, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, cerró su intervención al solicitar al juez nacional Felipe Córdova, a cargo del caso, que todos los procesados en esta causa sean llamados a juicio.

Salazar hizo la presentación de más de 100 elementos de convicción de un total de 289 que tiene en contra de los 13 procesados, con el fin de consolidar su dictamen acusatorio.

Para la fiscal, el excontralor subrogante, Pablo Celi, y el exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, fueron las cabezas de la red de delincuencia organizada y quienes establecieron los nexos con otros funcionarios, con el fin de obtener réditos económicos a cambio del desvanecimiento de glosas y el cumplimiento de pagos de planillas correspondientes a contratos con el Estado. La estructura habría operado entre 2017 y 2020.

La Fiscalía vio como colaboradores de la red a la exfuncionaria de Petroecuador y mano derecha de Flores, Natalia Cárdenas, al exgerente de Refinación de Petroecuador Mauricio Orellana, a Martha Barrezueta, Adolfo Agusto Briones, Esteban Celi, Roy Calero, Pedro Saona, Álvaro de Guzmán, Silvia López, Ángelo Rodríguez y Andrés Luque. Esquema que también fue corroborado por la defensa de la estatal petrolera.

El abogado hizo alusión a los mensajes de chats entre los procesados y aclaró que hubo informes por cerca de USD 22 millones, conocidos por la red como “entregables” que se cancelaron y que beneficiaban a la empresa Nolimit y que fueron direccionados para los miembros de la organización a través de transferencias a cuentas en el exterior o se canalizaban en efectivo, en especial, para Pablo Flores que habría recibido -en un momento- USD 40 mil.

Según la defensa de Petroecuador, Flores habría querido USD 2 millones de Nolimit, pero la repartición de los recursos también acarreó peleas entre los miembros de la organización.

Insistió en que la organización estaba distribuida entre la administración pública central y la Contraloría, en los que se daban heterogéneos comportamientos delictivos que iban en contra del ejercicio de la función pública.

La acusación particular hizo alusión a los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, poniendo énfasis en el accionar de Flores.

Apenas habría asumido Flores la gerencia de Petroecuador, el empresario Roberto Barrera le habría exigido que lo contrate como asesor a José Raúl de la Torre, sobrino de Pablo Celi.

El esquema determinó que la empresa Nolimit pagaba sobornos a Petroecuador y de eso se repartía el 5% entre los miembros de la organización. En cuatro pagos se sumaron más de USD 4 millones y de eso se habría entregado como USD 150 mil a cada uno.

Aclaró el acusador particular que el 2,5% era para Pablo Flores y que se hizo en cuatro pagos que sobrepasaron los USD 170 mil.

Sostuvo que Cárdenas fue la funcionaria que mantuvo una relación directa entre Petroecuador y Nolimit. Incluso, se refirió a ella como la persona que también tomaba decisiones al interior de la estatal.

Por todo el sistema señalado, el representante legal de la estatal indicó que se presentó una denuncia por el presunto delito de peculado.

Fuente: Corte Nacional de Justicia

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