viernes, agosto 19, 2022
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Aumentan a 8 años de prisión la pena por el delito de peculado a María Sol Larrea

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La procesada es acusada de ser coautora del delito. Mientras, en el caso de lavado de activos también rige la prisión preventiva. 

Punto Noticias.- La excoordinadora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), María Sol Larrea, quien cumple con arresto domiciliario por el delito de peculado, pasó de cómplice a coautora de este delito y su sentencia subió de 1 a 8 años de prisión.

La pena se incrementó también para Bolívar B., Fernando G., Henry M., Griselda G. y Marco E.

Además, la autoridad judicial dispuso la reparación integral de USD 7,4 millones.

Larrea trabajó en el IESS durante la administración de Ramiro González y fue acusada de otros delitos a más del de peculado. Uno de ellos es el de lavado de activos.

Por este caso, en cambio, se dispuso también la prisión preventiva para la exfuncionaria, así como a su esposo Marcelo Espín y a su cuñado Carlos Espín.

A la vez, se ordenó la prohibición de enajenar acciones en otra empresa que no está involucrada en este proceso.

En junio de este año, la Procuraduría General del Estado presentó una acusación particular en contra de Larrea, sus dos familiares y ocho empresas por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

Según la Procuraduría, como parte de la investigación fiscal se habría determinado que los acusados colocaron en el sistema financiero activos provenientes de la “corrupción gubernamental” para beneficiar a compañías en las que tenían participación. Eso se habría concretado a través de transferencias realizadas en diferentes entidades del sistema financiero nacional.

En esa época, la entidad dijo que esos recursos fueron transferidos entre las cuentas de las compañías investigadas, con las cuales se habría simulado la existencia de proveedores y clientes, siendo las mismas empresas sus principales proveedores y beneficiarios.

En las cuentas de los beneficiarios se habría detectado transacciones por diferentes montos que no estaban justificadas y para reinsertar los fondos en el sistema financiero, con apariencia de licitud, se habrían realizado transferencias, cesiones de acciones, incrementos de capital, préstamos, entre otros.

Bajo este esquema se habrían registrado contratos por USD 35,6 millones en el período 2010-2018, tiempo en que la procesada ocupó altos cargos públicos y cuyos clientes fueron el IESS, coordinaciones zonales de Salud y el Ministerio de Salud Pública.

Fuente: Twitter, El Comercio, redes sociales

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