miércoles, enero 26, 2022
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Asambleísta Pabel Muñoz denuncia persecución en su contra, por parte de Contraloría

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El legislador de UNES explica que se lo hace a través de dos informes de auditoría, que no tiene sustento.

Punto Noticias. El legislador Pabel Muñoz (UNES) denunció que, una vez develada la perversa forma de funcionamiento de la Contraloría de Pablo Celi, que fue una maquinaria al servicio de la persecución y la extorsión, algunos de los «socios mediáticos» del excontralor subrogante retomaron la infamia, la injuria y el desprestigio de quienes les son incómodos.

El parlamentario considera que inició una campaña de ataque contra varios asambleístas, entre quienes está él. En su caso, hacen referencia a dos potenciales glosas que no tienen sustento, no están en firme y fueron impugnadas en 2018 y 2019, para que el Tribunal Contencioso Administrativo, analice las barbaridades de los informes de la Contraloría, dice.

Muñoz explica que son dos informes por haber participado en el directorio de Tame, como representante de la Secretaría Nacional de Planificación, que versan sobre la autorización de la ruta a Nueva York y el arrendamiento de un avión Airbus A330.

Según señala, las atrocidades lógicas y jurídicas son al menos 16 y señala las que considera principales:

  1. La Contraloría pretende glosar al directorio por no establecer políticas alineadas a la planificación nacional, lo que es falso, anota, pues Tame sí contaba con esas políticas desde 2009. Por lo tanto, las decisiones que se debían adoptar por mandato constitucional eran crear condiciones adecuadas para el retorno de los migrantes ecuatorianos, garantizar los derechos de las personas migrantes y fortalecer los vínculos con las comunidades de migrantes en el exterior.
  2. Los informes pretenden sancionar la apertura de nuevas rutas y la adquisición de los medios que permitan su operación, que son anteriores al inicio de su primera participación en tal directorio.
  3. La aprobación de una ruta aérea no es responsabilidad ni de Tame ni de ninguna aerolínea, sino, por ley, de la autoridad aeronáutica nacional.
  4. La Contraloría reconoce que la competencia del directorio se limita exclusivamente a establecer políticas y que no le corresponde administrar la empresa; sin embargo, responsabiliza al directorio por la gestión comercial, financiera, técnica y operativa que son responsabilidad de los órganos administrativos y ejecutivos.
  5. Como corresponde y es lógico, la selección del Airbus A330 y su proceso de contratación fue íntegramente desarrollado por los órganos ejecutivos y no por el directorio, menos aún por la Secretaría Nacional de Planificación.
  6. La Contraloría, como en otros «1.000 casos», no respeta tiempos ni el debido proceso, establecido en su propia Ley. Tan solo 48 horas después de que se le notificó el inicio del examen, la Contraloría le notificó con los resultados provisionales y, al día siguiente, le convocó a la lectura del borrador de informe de auditoría.
  7. La Contraloría desechó, sin el menor análisis, toda la prueba documental que presentó en su recurso de revisión.
  8. Contraloría, sin ningún método técnico, determina un daño al patrimonio de Tame de «modo estimado». El proyecto original establecía 5 años de penetración de la ruta; sin embargo, al año 3 ya se registró operación con números positivos. De hecho, la ruta siguió operando años después. Siendo así, ¿por qué no hay funcionarios del gobierno de Moreno «glosados», si siguieron operando la ruta después de los exámenes de Contraloría?

Sostiene el asambleísta de UNES que la presunción de inocencia, constitucionalmente garantizada, no se destruye con las barbaridades contenidas en un mamotreto expedido por la Contraloría de Celi. Tampoco por las injurias de sus charlatanes que se ensañan con quienes se defienden de manera honesta y confiando en los órganos de justicia, pero dejan ilesos a los corruptos coimadores.

Previene que, en los próximos días, quienes califica de serviles al poder de turno continuarán con acciones de desgate individual, pero sobre todo de desprestigio de la Asamblea Nacional. Por ello, les compete a los órganos de la legislatura sancionar con firmeza las acciones indebidas que sean comprobadas; pero al mismo tiempo, es obligatorio mejorar el trabajo de la primera función del Estado.

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