miércoles, agosto 10, 2022
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Analizan la figura legal adecuada para dar por terminado el contrato de fotorradares en Ambato

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La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional se reunió este lunes con autoridades locales para abordar el tema que ha causado malestar a varios ciudadanos. 

Punto Noticias.- Las autoridades de Ambato analizan el contrato de los fotorradares con la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial S. A. para darlo por terminado de forma unilateral.

La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional se reunió en Ambato para tratar este tema, debido a que el contrato se suscribió en 2014, durante la alcaldía de Fernando Callejas.

El catedrático universitario Santiago Alvarado dijo que ese contrato fue suscrito, supuestamente, de forma ilegal debido a que no se determina si fue bajo la modalidad de concesión o de gestión.

Expuso que el contrato no es equitativo porque el 51,5% por valor recaudado de las sanciones a infractores corresponde al Municipio de Ambato y el 48,5% a la empresa, pero luego de las deducciones administrativas de la concesionaria. Por ello, dijo que se debe anular el contrato.

Para el concejal de Ambato, Robinson Loaiza, también las sanciones a través de los fotorradares habrían sido supuestamente en forma ilegal.

Loaiza indicó que entre el 2015 y junio del 2021 a través de los fotorradares se recaudaron multas que suman aproximadamente USD 53 millones, de los que USD 28 millones fueron para el Municipio y USD 25 millones para la empresa.

Loaiza añadió que por el noveno fotosensor ubicado en la avenida Bolivariana, que se encuentra dentro de la red vial estatal, se han emitido unas 32.000 sanciones, que sumarían aproximadamente USD 60 millones en multas.

Tras la reunión en la Comisión de la Asamblea Nacional, el alcalde de Ambato, Javier Altamirano, manifestó que se dará estricto cumplimiento a lo que señala el contrato, es decir, verificar los posibles incumplimientos.

Altamirano también indicó que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) no otorgó el permiso para la colocación del noveno fotorradar, por lo que su ubicación y uso es ilegítimo.

Al momento se analiza la figura jurídica adecuada para dar por terminado el contrato y que los valores “ilegítimos” cobrados a la ciudadanía serán devueltos.

Fuente: El Universo, redes sociales

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