sábado, julio 2, 2022
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Abogado de empresario sentenciado en caso sobornos denuncia que Tribunal usó pruebas ajenas

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Aseguró, además, que los integrantes del Tribunal Penal cometieron 10 errores, al sustentar la sentencia.

Punto Noticias. Paúl Ocaña, abogado defensor del empresario Teodoro Calle, presidente de la empresa Técnicas Generales de Construcción (TGC), sentenciado en el caso Sobornos, denunció que el Tribunal Penal que sustanció el proceso utilizó pruebas ajenas.

Según el jurista, “para intentar sustentar su arbitraria decisión, los tres jueces que

emitieron sentencia en el caso ‘Sobornos 2012-2016’, además, introdujeron documentos que no constan en el proceso y no fueron actuados en las audiencias de juzgamiento”.

Asegura que descubrió más de 10 errores cometidos por el Tribunal, al sustentar su sentencia

condenatoria en contra de Calle, entre los más alarmantes, el hecho de que el Tribunal atribuye al empresario pruebas que corresponden a otra persona jurídica; es decir, a otro empresario sindicado, de una empresa totalmente ajena a TGC (Mercantil Técnica Córdova).

Otro error, sostuvo Ocaña, fue atribuirle, de manera errónea, a Teodoro Calle, supuestos montos que corresponderían a una empresa con la que no tiene ninguna relación y que es vinculada a otro procesado.

 

El abogado señaló que “esta barbaridad jurídica no se había visto nunca en la administración de nuestra justicia”. Advirtió que “no se puede permitir que se condene a 8 años de cárcel a una persona inocente, usando supuestas pruebas de supuestos hechos cometidos por otra persona sindicada”.

El defensor aseguró que el Tribunal Penal hace referencia a prueba documental, para condenar al presidente de TGC, que no consta del proceso, tal es así que ni siquiera ha podido poner la foliatura en la que estaría tal prueba, que debió aparejarse dentro de la Audiencia de Juicio.

Para Ocaña, otra de las injusticias cometidas por el Tribunal Penal, en contra de Teodoro Calle, es haberlo condenado erróneamente en calidad de autor directo del delito de cohecho, sin que haya suscrito ningún contrato con el Estado, en el periodo investigado, ni haya administrado la compañía Técnica General de Construcciones, ni tampoco haya sido contratista del Estado ecuatoriano.

El Tribunal atribuye a Calle, y a los demás procesados, un acuerdo probatorio que realizó

Fiscalía General, únicamente con las señoras Pamela Martínez y Laura Terán, estableciendo

estos acuerdos como pruebas aceptadas por todos, lo cual jamás sucedió, aseveró.

De acuerdo con el jurisconsulto, Fiscalía General presentó su acusación como delito de cohecho impropio y el Tribunal condenó por otro delito, como es cohecho propio agravado, sin tener los sustentos para atribuir la existencia de otros delitos.

Por estas razones, el defensor del empresario Calle presentó el recurso de apelación, pues, al no haber coimas, no hay cohecho, y al no haber prueba, no debe haber condena contra un inocente, como el empresario, argumentó.

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