viernes, septiembre 30, 2022
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Abogado cuestiona cómo un Tribunal de Guayaquil admitió a trámite la demanda de los Isaías, si prescribió ¿Error u omisión deliberada?

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Previamente el Ejecutivo reformó la Ley de Arbitraje misma que se acomoda a la intención de los Isaías en el marco de su demanda, hay sospechas y se necesita un pronunciamiento firme del Presidente, agregó.

Joffre Campaña, abogado, cuestionó cómo es que el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) de Guayaquil, aceptó a trámite la demanda de los hermanos William y Roberto Isaías, pese a saber que ya prescribió.

“De forma anormal omitió un pronunciamiento sobre la oportunidad de la demanda y la admitió a trámite guardando silencio sobre si era o no presentada en tiempo oportuno y ordena una notificación telemática”.

Mencionó además que las notificaciones se entregaron a una “velocidad fantástica”, pues para ello suelen pasar varios meses, y sin embargo las Instituciones demandadas como el Banco Central, Superintendencia de Bancos y Procurador fueron citadas de manera rápida.

Para el jurista la omisión del TCA puede ser causa de error u omisión deliberada, en cualquiera de los dos escenarios, dijo, las instituciones del Estado demandadas, en forma coordinada, deberán alegar la excepción de prescripción: “Si no lo hacen será una omisión dolosa”.

Sobre la demanda

Explicó que la responsabilidad objetiva del Estado, en la cual se basa la demanda, está concentrada en el Derecho Administrativo Reparador, el cual trata de la obligación que tiene el Estado de responder por los daños que causan sus funcionarios cuando actúan con negligencia o culpa, no se requiere el dolo.

Dicha base tiene que reclamarse a través de Tribunales Contenciosos Administrativos con una acción de reparación o acción por responsabilidad objetiva, donde se contemplan plazos de prescripción y en este caso es de cinco años, que se cuentan desde cuando el funcionario cometió el acto que presuntamente causó daños. “En este caso desde la incautación en el año 2008, ahí pudieron presentar la demanda hasta el 2013”.

Respecto a que el Estado dejó en indefensión a los hermanos Isaías, el abogado indicó que el mandato 13 de la época prohibió presentar acciones constitucionales o especiales, por reclamación, pero los exdueños de Filanbanco no estaban imposibilitados de plantear acciones generales a través de lo Contencioso Administrativo.

“Se interpreta que había prohibición total, pero no la hubo”.

Pese a todo, con el alegato de indefensión, los Isaías, dijo, acudieron a la ONU cuya Comisión de Derechos Humanos, emitió un dictamen en marzo de 2016 dándoles la razón de que no se les permitió el derecho a la defensa  y señala que el Estado debe permitirla. Suponiendo que tal resolución prevalece sobre la legislación interna, eso es subjetivo porque no es sentencia ni juicio, los hermanos Isaías podían demandar como fecha máxima hasta marzo de 2021: “Y la demanda se presentó el 22 de diciembre en el 2021, por tanto está totalmente prescrita”.

Para Campaña en cualquiera de los dos casos, ya sea desde que se incautaron los bienes o desde el dictamen de la ONU, los Isaías ya no podían presentar la demanda.

¿Por qué la sospecha?

Campaña aseveró que la sospecha se genera a partir de que Ricardo Noboa, abogado de los Isaías, sale públicamente a decir que está dispuesto a mediar para que se le devuelvas los bienes a sus defendidos: “¿Cabe una mediación con una demanda presentada fuera de tiempo? No cabe”.

“¿Cabe una mediación en el que se cambia la pretensión de la demanda? Porque primer se pidió USD2.000 millones y luego se dice que se aceptará la devolución de bienes. Entonces no cabe”.

Para todo esto, el abogado indicó que este Gobierno de Guillermo Lasso, reformó la Ley de Arbitraje donde se permiten mediaciones y hasta sanciones a funcionarios públicos que no acuerden una negociación cuando pudiera esto pudiera detener un juicio con resultados adversos al Estado.

“Significa que podría haber una enorme presión para las autoridades a fin de que arreglen o caso contrario ellos responderán con su patrimonio si acaso el juicio continua y nos les dan la razón en el juicio”.

La respuesta del Gobierno es débil

Recordó que en su última intervención, el presidente de la República, Guillermo Lasso, se refirió al tema e indicó que llamó al Procurador, lo cual, dijo, es totalmente insuficiente.

“El país demanda y demandaba un pronunciamiento claro del Gobierno respecto a la pretensión que busca una indemnización de USD2.000 millones (…) La postura del Presidenta ha sido débil”.

De otro lado, reconoció que es chocante que se reclamen USD 2.000 millones ahora: ¿Por qué no 4 años antes? ¿Por qué ahora? Me entra la sospecha”.

Remarcó que frente a la reforma al reglamento de la Ley de Arbitraje, la cercanía del abogado de los Isaías al Gobierno y la posibilidad de una “negociación” frente a una demanda que ya prescribió da para suspicacias.

Insistió en la necesidad de una postura categórica del Estado con Lasso saliendo a medios y diciendo que la demanda está prescrita y que los jueces deben corregir, de oficio y sin petición, la omisión sobre la pertinencia del tiempo para que proceda el archivo: “De no hacerlo continuará el juicio y tendremos sorpresas que pueden ser terriblemente graves para el Estado ecuatoriano”.

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