sábado, julio 24, 2021
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A más de los cientos de trabajadores sometidos por Furukawa a trabajos forzados, hay 150 víctimas indirectas

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La información fue confirmada por la fiscal general, Diana Salazar, en su comparecencia a la Asamblea Nacional.

Punto Noticias. La Comisión de Derechos Humanos de la legislatura recibió a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, para que informe sobre la investigación que lleva a cabo la Fiscalía en el caso de esclavitud moderna cometida por la empresa Furukawa.

Salazar aclaró que no puede entregar mayores detalles del caso, porque está dentro de la fase de investigación previa. Sin embargo, informó que presuntamente durante 56 años se ha condicionado la vida de varias familias de la abacalera Furukawa.

El objeto del delito de investigación es de trabajos forzados, el mismo que está tipificado y sancionado con una pena de 10 a 13 años de cárcel, explicó la fiscal general.

Aseguró que, por el presunto trabajo forzado, se ha entregado medidas a favor de los trabajadores y que se están haciendo las mejores estrategias para que este caso no quede en la impunidad.

Alertó que según el informe hay 106 personas sometidas a condiciones forzadas de trabajo; sin embargo, han comparecido 103 más que están colaborando con la investigación. Además, hay otras 150 víctimas indirectas de Furukawa.

Salazar manifestó que ha solicitado al fiscal de Santo Domingo de los Tsáchilas que todos los hechos relacionados con Furukawa sean puestos en conocimiento de la Fiscalía General.

La asambleísta Fernanda Astudillo demandó de la fiscal general que incluya en la investigación a todos los ministerios que tengan relación con el caso Furukawa y que tome acciones para evitar el hostigamiento de la empresa contra los trabajadores, víctima del trabajo forzado.

El legislador Gruber Zambrano planteó que la mesa de Derechos Humanos también escuche a los trabajadores de la empresa Furukawa.

Salvador Quishpe deploró que, si los trabajadores de Furukawa no están inscritos en el Registro Civil, no pueden estar con un contrato de trabajo y afiliados a la seguridad social. Pidió a la fiscal que inicie, de oficio, la investigación para sancionar a los responsables en cada una de las cadenas de delitos en este caso.

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