jueves, septiembre 29, 2022
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A la Legislatura llegó el caso del removido vocal Murillo de la Judicatura

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El control político del proceso de destitución lo lleva la mesa de Justicia.

Punto Noticias. La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional desarrollará un proceso de fiscalización de la remoción de Fausto Murillo Fierro, quien era vocal del Consejo de la Judicatura (CJ).

La mesa parlamentaria convocó, este miércoles 16 de junio, a los cinco consejeros del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) para que respondan sobre la decisión que tomó la mayoría del Pleno, en sesión extraordinaria del pasado 25 de abril.

El consejero Hernán Ulloa, quien votó en contra de esa decisión, considera que “la mayoría del CPCCS cometió un grave error al remover a un vocal de la Judicatura”, porque sostiene que no tienen esa facultad”. A su criterio, con la resolución del actual Ministerio de Trabajo existe la oportunidad de reivindicarse. El ministro Patricio Donoso, el pasado 11 de junio, remitió un oficio al CPCCS señalando que el exvocal Murillo no tiene impedimento para ejercer el cargo.

Ulloa reconoce que la remoción del exfuncionario se sustentó en una resolución del exministro de esa cartera de Estado, Andrés Isch, que indicaba que, por compensación por renuncia voluntaria, Murillo tenía un impedimento para ejercer el cargo, asignado desde enero de 2019.

El exvocal expuso ante el CPCCS, antes de su remoción, que fue servidor judicial de carrera por 25 años, se acogió al plan de desenrolamiento en septiembre de 2012, por lo que recibió 30.600 dólares de indemnización económica por los años de trabajo, lo que ocasiona el impedimento en la carrera judicial. Pero que las reglas de impedimento que establece el Código de la Función Judicial (COFJ) se refiere a las carreras judiciales y “los vocales estamos fuera de eso”.

A criterio de Ulloa, con el oficio del ministro Donoso, lo lógico y pertinente es que se reúna el CPCCS para que revise la resolución que dejó fuera al vocal y se la deje sin ningún efecto jurídico, con el fin de que Murillo pueda incorporarse a la Judicatura.

El exservidor de la Judicatura, tras su remoción, abrió varios frentes para recuperar el cargo. Uno de ellos, la acción de protección que planteó en contra de los consejeros del CPCCS que lo removieron.

Fue negada la demanda y subió por recurso de apelación a un tribunal de la Sala Especializada Civil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, integrado por los jueces Oswaldo Almeida Bermeo (ponente), Vladimir Jhayya Flor y Raúl Mariño Hernández, quienes ya avocaron conocimiento de la acción, pero no han señalado fecha para la audiencia.

La Fiscalía General del Estado tiene abierta una investigación previa en contra de los cuatro consejeros de Participación Ciudadana, que votaron a favor de la remoción. El caso está en reserva. Se suma la resolución del actual ministro de Trabajo y con la cual Murillo ha extendido una misiva al CPCCS, en la que solicita se deje sin efecto la resolución que lo dejó fuera del CJ.

Demanda que se oficie a la Judicatura y a la abogada Elcy Celi Loaiza, quien fue designada por el CPCCS en su reemplazo, para que continúe como vocal suplente. Hace hincapié en la misiva que su remoción se sustentó en un oficio del exministro del Trabajo, respecto al cual se ha determinado con absoluta precisión que contenía errores gravísimos e insalvables de índole jurídico, que los observé oportunamente y que ahora, de manera motivada, también lo ha hecho el actual ministro.

Fuente: Expreso.

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