martes, diciembre 7, 2021
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449 personas amenazadas y perseguidas: Realidad de defensores de derechos humanos en Ecuador

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Además, una de las preocupaciones más relevantes de las organizaciones es la participación o complicidad del Estado con las empresas que violan derechos.

Punto Noticias. En un informe de 80 páginas se recoge la situación de personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en Ecuador. Tomando en cuenta 22 casos, hay 449 personas defensoras amenazadas, hostigadas y perseguidas sistemáticamente e, incluso, se registran 3 asesinatos impunes.

La elaboración del documento estuvo a cargo de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en Ecuador. Este martes 15 de junio se presentaron los resultados, en los que se identifica patrones de vulneración de derechos de las personas defensoras. Los conflictos documentados guardan relación con actividades de explotación de la naturaleza como petróleo y minería, el uso indebido del sistema de justicia penal y la estigmatización del Estado hacia los defensores de derechos humanos.

Entre las alertas que más preocupan a las organizaciones es la participación o complicidad del Estado con las empresas que violan derechos y la mayoría de casos están en zonas distantes geográficamente y marginadas por el Estado.

“Nuestra organización hoy enfrenta una gran persecución que no termina. Esto es peligroso no solo por la contaminación generada por las actividades mineras en nuestro territorio, sino por la división de las familias producida por las empresas”, dijo Josefina Tunki, presidenta del Pueblo Shuar Arutam (PSHA).

Su caso es uno de los registrados en este informe. Los líderes shuar enfrentan acoso, persecución y amenazas de muerte por proteger su territorio ancestral de las concesiones mineras que el Estado entregó a empresas transnacionales. Esto, vulnera su derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. Tunki recibió una amenaza de muerte del vicepresidente de una de las empresas mineras.

En el informe también se recomienda al Estado implementar mejores prácticas para cumplir con los deberes de respeto y garantía de derechos. Llaman a la Asamblea Nacional y al Ejecutivo a evaluar políticas y proyectos que han sido denunciados por ser restrictivos de derechos.

Otro de los casos que recoge el documento es el asesinato de Andrés Durazno, defensor del agua y habitante de Molleturo. Su hija, Elizabeth Durazno, dijo que en su comunidad “han generado daño ambiental y división de nuestras comunidades. Nosotros decidimos seguir con la resistencia adelante y no vamos a permitir que nadie violente nuestros derechos. Seguiremos tejiendo solidaridad junto a las y los Defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza de todo el mundo”.

Fuente: Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos

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