Un asalto anunciado

Por Erika Sylva Charvet

Opinión.– El gobierno agonizante de Moreno, mayoritariamente repudiado por el pueblo, se apresta a enviar un proyecto de ley económico urgente que constituye un verdadero asalto a los dineros del Estado por parte de la gran banca y el empresariado nacional y transnacional.  Me refiero a la reforma al Banco Central del Ecuador (BCE), enmarcada en la reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, anunciada por el Ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo.  Los argumentos para promover esto son los siguientes:  a) la estructura del BCE debe ser “orgánica” y distinta a la actual; b) debe “independizarse” y “regirse con su propio ‘gobierno corporativo’”; y c) debe dejar de ser “prestamista del gobierno”.

¿No tiene el BCE actual una “estructura orgánica”?  ¡Claro que la tiene!, pero determinada por la Ley de Servicio Público como persona jurídica de derecho público que es, por lo que su directorio actual está conformado orgánicamente, por autoridades públicas (Ejecutivo) o sus delegados (DBCE-054-CGC, 3-09-2013). Este contenido orientado a la representación del interés colectivo de la sociedad, es, precisamente, lo que quieren cambiar reemplazándolo por un directorio de cinco miembros (2 a tiempo completo y 3 a tiempo parcial) cuyo poder no emanaría de su rol como autoridades públicas.

Pozo señala como algo ventajoso el perfil “técnico” y neutral tanto del sector público como del sector privado que tendría supuestamente este directorio. La pregunta es, ¿neutralidad sobre qué? ¿Cuándo lo “técnico” ha estado separado de lo político? ¿Acaso él mismo no es un “hombre de la banca” en el gobierno? ¿Quién sino él y su grupo van a proponer esos nombres? ¿Acaso los “técnicos” nominados van a ser “independientes” de las políticas financieras del FMI, de la gran banca y del empresariado? Por supuesto que no. Serán ellos y no otros quienes designen a esos integrantes y hasta integren el directorio, pero sin rango de autoridad pública.  De ahí su pretensión de reformar el Código Orgánico Monetario y Financiero que en su Art. 7 prohíbe el “conflicto de intereses”, es decir, la integración de las entidades del sistema financiero por personas con intereses patrimoniales en las áreas a ser reguladas, controladas, supervisadas o asesoradas por ellos/as (RO, 332, 12-09-2014, p. 5).

El segundo argumento de Pozo está íntimamente vinculado al anterior:  la “autonomía” del BCE regida por su “propio gobierno corporativo”. Nuevamente, no es que actualmente el BCE no tenga un gobierno corporativo.  Lo tiene ya normado.  Lo que quieren con esto, es romper el vínculo orgánico entre la política pública soberana, en representación del bien común, y la gestión de ella a través del BCE establecida en el Art. 303 de la Constitución Política del Estado.  Justamente, al proponer un gobierno “técnico”, falsamente “neutro”, sin rango de autoridad pública, lo que postulan implícitamente es la constitución de un gobierno corporativo que opere como representante de los intereses particulares privados de los grandes grupos económicos -que mandan en este gobierno- y ejecute lo designios del FMI, a espaldas de los intereses del pueblo ecuatoriano.

El tercer argumento, ligado al anterior, es que la nueva estructura orgánica y la “autonomía” impedirán que el BCE sea un “prestamista” del gobierno central, satanizando el gasto y la inversión pública del gobierno de Correa que, según él, generó un “deterioro patrimonial” del banco y un “descalce de seis mil millones de dólares” (Pichincha Universal, 8-01-2021).  Este argumento falaz esgrimido por un economista, oculta la gran verdad:  que esa enorme inversión pública significó que la economía ecuatoriana duplicara su valor de alrededor de $50.000 millones en 2007 a alrededor de US$100.000 millones en 2017. Es decir, sucedió todo lo contrario de lo que afirma Pozo: el país incrementó notablemente su patrimonio. En un momento histórico en el que hasta el FMI dice que la inversión pública es la estrategia de fortalecimiento económico para salir de la crisis en la época post-Covid19 (FMI, 5-10-2021. https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=14270), solo a la apátrida oligarquía ecuatoriana se le puede ocurrir impedir la inversión y entregar el control de los recursos del BCE en manos del sector privado.

Pero, este gobierno agonizante pretende legalizar este directorio “técnico”, propuesto a dedo, a través de una entidad también agonizante: la Asamblea Nacional. Si. La misma que ha aprobado leyes neoliberales que han destruido la vida económica país a través de pactos sucios tras bastidores. Más aún, quieren hacerlo al estilo del nombramiento del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, aquella infausta dictadura ad hoc que desmanteló el Estado de Derecho. No contentos con ello, ahora pretenden imponernos para el futuro inmediato una dictadura ad hoc del capital que haga y deshaga con los recursos del país, empobrezca la economía, convierta a la mayoría en una masa de excluidos/as y les consolide como casta privilegiada.  ¡Cómo viene a la memoria el aciago 1999, cuando el gobierno de los mismos de ahora, asaltó nuestros ahorros, solo posible porque la banca privada y el gran empresariado controlaban el BCE!

Muchas voces en contra de esta pretensión absolutamente nefasta y, sobre todo, inconstitucional, ya han empezado a levantarse.  En tiempos de campaña electoral, es fundamental que esas voces se generalicen en la denuncia, el debate, la movilización y la lucha. El silencio, la pasividad, la complacencia, solo podrá delatar una complicidad con ellas.