Suspendida audiencia preparatoria de juicio contra dirigentes del transporte

El proceso penal inició el 4 de octubre de 2019, en el marco del levantamiento popular.

Punto Noticias. La jueza Ana Cevallos suspendió la audiencia preparatoria de juicio, por presunta paralización de servicio público, contra Abel G. y Jorge C., para analizar alegaciones de nulidad presentadas por parte de sus abogados defensores.

A un año de las protestas populares de octubre de 2019, contra las medidas económicas del Gobierno, este miércoles 30 de septiembre, en el complejo judicial norte de Quito, se instaló la diligencia procesal.

Gómez y Calderón son procesados por la paralización de actividades del transporte de pasajeros interprovincial y de taxis del 3 y 4 de octubre de 2019, en el contexto del levantamiento popular.

Gómez es dirigente de Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros (Fenacotip) y Calderón, presidente de la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador (Fedotaxis).

La noche del 4 de octubre de 2019, la Fiscalía de Pichincha formuló cargos en contra de Jorge C., quien fue detenido con orden de prisión preventiva y permaneció 19 días en prisión. Salió en libertad a las 18:00 del miércoles 23 de octubre del 219, de la Cárcel 4 de Quito, luego de que dos jueces del Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha dejaron sin efecto la prisión preventiva

El 6 de enero de 2020, Fiscalía vinculó a Abel G. a la instrucción fiscal seguida en contra de Jorge C. y solicitó prisión preventiva; sin embargo, la jueza garantista del proceso lo sustituyó por prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la autoridad.

En la audiencia reservada de vinculación, en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional (Fedoti) de Pichincha presentó elementos de convicción, ante la jueza Ana Lucía Cevallos, según informó.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 346, sanciona con privación de libertad de uno a tres años a la persona “que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo; o, se tome por fuerza un edificio o instalación pública”.

Este proceso penal es uno de los tantos que levantó la Fiscalía, por pedido del Gobierno Nacional, en contra de quienes consideró son los cabecillas del paro popular de octubre de 2019, en contra de las medidas económicas del régimen, como el incremento del precio de los combustibles, medida que está reeditando en estos días, el Ejecutivo.