Responsabilidad de lo que sucede en cárceles es del Gobierno Nacional, sostiene funcionario de Defensoría del Pueblo

Cristhian Bahamonde, secretario Misional de la Defensoría del Pueblo

Cristhian Bahamonde considera urgente que el Ejecutivo destine los recursos económicos necesarios para enfrentar los problemas de fondo del sistema penitenciario.

Punto Noticias. A 62 ascendió el número de muertos en las cárceles del país, como consecuencia de la violencia en los amotinamientos ocurridos este martes 23 de febrero: 33 en Azuay, 21 en Guayas y 8 en Cotopaxi, según señaló Edmundo Moncayo, director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).

Cristhian Bahamonde, secretario Misional de la Defensoría del Pueblo, expresó su preocupación por lo que considera una nueva crisis carcelaria, en los centros regionales de rehabilitación social de Turi, Guayaquil y Latacunga, especialmente.

Demandó que se realice una investigación que establezca responsabilidades respecto a lo que sucede en las cárceles, que no es de último momento, porque la crisis del sistema penitenciario lleva ya muchos años, sostuvo.

Bahamonde advirtió que la responsabilidad del manejo, control y seguridad de los centros carcelarios es del Gobierno Nacional, a través del SNAI. Cuestionó que la instancia de inteligencia en las cárceles no haya podido prever una situación como la sucedida.

Según el funcionario de la Defensoría del Pueblo, había alertas que debían ser tomadas en cuenta para evitar la violencia carcelaria, como la muerte del líder de la organización conocida como Los Choneros, que rivaliza con Los Lagartos.

“Era una alerta de que una situación como esta podía ocurrir al interior de los centros penitenciarios. Y, por lo visto, las autoridades no tomaron las previsiones del caso y hoy estamos lamentando estos hechos”, insistió.

Considera importante que haya una definición por parte del Presidente de la República, Lenín Moreno, para que se activen, de manera inmediata, el SNAI y el Organismo Técnico de Rehabilitación Social, que, de acuerdo a la ley, es la máxima instancia que regula el funcionamiento del sistema penitenciario, para que adopten acciones para retomar el control de las cárceles.

También alertó sobre la importancia de que el Gobierno Nacional destine los recursos necesarios para atender los problemas de hacinamiento, principalmente. La solución no pasa únicamente por dictar un estado de excepción, sino que hay que atacar los problemas de fondo, que han puesto al sistema en la situación lamentable que está atravesando, señaló.