PSC iniciará juicios políticos contra la Fiscal y el Contralor por injerencia “ilegal e indebida” en proceso electoral

“De insistir en afectar el normal desarrollo de las elecciones se estaría configurando un evidente incumplimiento de funciones”, se lee en el comunicado.

La noche del lunes 22 de febrero, el bloque de asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC) y Madera de Guerrero, a través de un comunicado firmado por César Rohon, anunció que, debido a la injerencia ilegal e indebida del Contralor subrogante, Pablo Celi y de la Fiscal General, Diana Salazar, en el proceso electoral, presentarán una solicitud de juicio político en la Asamblea Nacional para censurarlos y destituirlos.

El PSC recordó que el Código de la Democracia establece que ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir de manera directa o indirecta en el desarrollo de los procesos electorales ni en el funcionamiento del CNE y TCE, ya que podrían ser sancionados con multas y hasta con la destitución de sus cargos.

“El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral son los únicos órganos competentes según la Constitución y la Ley con atribuciones y competencias para conocer en las instancias correspondientes las denuncias y reclamos en materia electoral”.

Ante esto, los legisladores expresaron su preocupación por la indebida e ilegal injerencia de otras autoridades, como es el caso de la Fiscalía y la Contraloría General del Estado, ya que esto pondría en riesgo este proceso democrático.

“Dejamos clara nuestra posición al país, que de insistir en afectar la institucionalidad democrática o el normal desarrollo de las elecciones se estaría configurando un evidente incumplimiento de funciones por parte de las autoridades involucradas, por lo que iniciaríamos de inmediato la solicitud de enjuiciamiento político correspondiente”.

De igual forma, recordaron que la Misión Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) ya expresó su malestar por esta intromisión.

«La Misión ve con preocupación el hecho de que otras entidades públicas o autoridades pretendan asumir funciones que puedan afectar las atribuciones de los organismos electorales y la propia elección, y generar, con ello, posibles interferencias en el proceso electoral, lo que está además proscrito por la propia normativa del país.»

 

 

Fuente: Comunicado PSC