POSTURA EDITORIAL: CIDH relativiza ataques del Gobierno contra Pichincha Universal

Aclaramos que sí hubo un allanamiento a nuestras instalaciones y, de hecho, una investigación penal continúa, además de la incautación de equipos

Octubre de 2019 no es un mes que puede pasar por alto en la historia de violaciones a la libertad de expresión, en particular contra un medio público como Pichincha Universal, que forma parte de la empresa pública Pichincha Comunicaciones. No pueden quedar de lado los informes del Ministerio de Defensa, de Arcotel y de otros que no se hicieron públicos (salvo en una audiencia) de la Cordicom en contra de nuestro medio.

El ingreso violento de policías y fiscales a las instalaciones, intimidando al personal, cuando la emisora estaba en una emisión al aire, el 08 de octubre de 2019, constituyó una grave agresión, que lastimosamente los demás medios de prensa no publicaron ni difundieron como debería ocurrir cuando se atenta contra los derechos de comunicación. En su informe, la CIDH dice: “Según información disponible, también se habría producido el allanamiento de las instalaciones de radio Pichincha Universal, por el presunto delito de “incitación a la discordia entre ciudadanos”.

Hay suficientes evidencias de que el hecho ocurrió, de la violencia ejercida contra empleados, periodistas y técnicos, como para que con el verbo en potencial se ponga en duda de un lamentable capítulo de la democracia ecuatoriana.

En su informe sobre las protestas que enmarcaron el mes de octubre del 2019 en Ecuador, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció que hubo múltiples violaciones a la libertad de expresión en el país. Además, recalcó que fue una jornada que se caracterizó por los ataques en contra de los medios de comunicación y periodistas que cubrieron las protestas.

Según los registros que llegaron a la CIDH, los trabajadores de la comunicación recibieron más de un centenar de ataques; entre amenazas, hostigamiento, detenciones arbitrarias, agresiones físicas, impedimento de cobertura, confiscación de equipos, uso indiscriminado de agentes químicos, vigilancia, suspensión de transmisiones y allanamientos a medios de comunicación, bloqueo de sitios web y redes sociales, entre otras afectaciones a la libertad de expresión.

En este contexto, la CIDH se pronunció sobre las acciones desde el Gobierno contra Radio Pichincha Universal, los cuales ocasionaron que permanezca fuera del aire por 16 días.

“El miércoles 9 de octubre, la radioemisora Pichincha Universal recibió la orden, de parte de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, para adherirse a la señal de la radio pública –de manera indefinida–, medida que luego fue sustituida por una solicitud judicial de suspensión de la emisión tramitada por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) a través de la investigación Nº170101819100814 como una medida cautelar provisional”.

Entre las alertas de la CIDH constan el acoso judicial que fue denunciado por nuestro medio, ya que incluso la Fiscalía de Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional solicitó datos del personal que trabaja en la emisora, tras el allanamiento que efectuó a nuestras instalaciones el 09 de octubre del 2019.

Varios ataques más se sumaron en contra de nuestro medio y constan en este informe. Ente ellos, las denuncias de parte de diversas entidades públicas por unas supuestas violaciones de derechos de autor de algunas de las fotografías que se utilizaban para graficar las manifestaciones y a diversos personajes públicos.

Cabe recordar que dentro de las protestas de octubre se registró el segundo cierre en el año 2019 en contra de nuestro medio de comunicación.

Sobre el segundo cierre, se debe aclarar que la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional si allanaron las instalaciones de Pichincha Universal con el supuesto fin de «recabar información sobre el presunto delito de incitación a la discordia entre ciudadanos».

Esta acusación de Fiscalía se originó debido a las opiniones vertidas en un programa por una de las invitadas, el 03 de octubre del 2019, día en el que personas ajenas, en una camioneta sin placas, cortaron la luz de las instalaciones de la radio.

En el allanamiento se incautaron equipos tecnológicos de la radio que aún no han sido devueltos por parte de la Fiscalía y que han ocasionado una grave afectación a nuestro trabajo cotidiano.

La investigación penal que la dirige la Fiscalía de Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional no ha terminado y el hostigamiento a nuestro trabajo tampoco, ya que las múltiples denuncias por ‘irrespetar los derechos de autor’ no cesaron y se intensificaron en el mes de noviembre.

Es así, que el 29 de noviembre del 2019, se reportó una nueva denuncia por parte del Ministerio de Gobierno que obligó a migrar toda nuestra información a un servidor en el extranjero, ya que se pedía dar de baja el contenido que se almacenaba en estos dispositivos que reposaban en el país.

De igual manera, en los primeros días del 2020 se reportaron nuevas denuncias de parte de la Presidencia de la República por utilizar fotos del Presidente Moreno y su Gabinete, a pesar que las fotos fueron difundidas en las redes sociales de la Presidencia, en grupos de WhatsApp y que son pagadas con recursos públicos.

A continuación compartimos el informe completo de la CIDH: