Policías son procesados por presuntos delitos de detención ilegal y tortura a un joven

Foto: El Comercio

En enero de 2015, un joven habría sido golpeado por los agentes de una UPC, en Guayaquil.

Punto Noticias.- Por su presunta participación en los delitos de detención ilegal y tortura a un joven en una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) cuatro policías son procesados.  Así lo dispuso el juez de Garantías Penales del Guayas, Darwin Valencia, que acogió el pedido de la Fiscalía, en la audiencia de formulación de cargos.

Como parte de las medidas cautelares dictadas, los uniformados tienen prohibición de salida del país y deben presentarse ante la Fiscalía en Guayas.

El juez de la causa también dispuso medidas de protección para la víctima, Víctor Laz Jama, con el fin de evitar que los procesados realicen actos de persecución y acercamiento en su contra y ordenó el inicio de la instrucción fiscal.

Según la denuncia, el 27 de enero de 2015, luego de su jornada de trabajo en una cevichería, Laz se trasladó a las canchas de fútbol del parque lineal, en el Suburbio de Guayaquil, diagonal a la UPC Cisne 5, cuando llegó al lugar, se habría acercado a sus amigos para iniciar el juego, pero fue aprehendido por dos policías vestidos de civil, que adujeron que se encontraba fumando marihuana y que era consumidor.

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, en la UPC el interrogatorio se realizó con agresiones, pese a que también se encontraba en el lugar un joven con discapacidad. Los agentes los acusaron de ser consumidores de droga y los golpearon.

Billy Navarrete, secretario de la Comisión de DD.HH., dijo que este caso refleja una práctica usual de abuso sufrido por jóvenes en barrios periféricos de Guayaquil. Este organismo auspició la denuncia y la Fiscalía siguió el caso, según lo dispuesto en los artículos 151 (tortura) y 160 (detención ilegal). El primer delito se sanciona con pena privativa de libertad de cinco a siete años, más los agravantes que aumentarían la pena hasta trece años; mientras que la condena para la segunda se establece entre tres y cinco años de cárcel.

Fuente: El Comercio, redes sociales