Personas de confianza del Gobierno entre los candidatos a jueces de la Corte Nacional de Justicia

Organizaciones denuncian falta de transparencia en el proceso de selección a cargo del Consejo Nacional de la Judicatura

LOS PERIODISTAS

A pocos meses de que finalice el gobierno de Lenin Moreno, el Consejo Nacional de la Judicatura lleva adelante un concurso para seleccionar a 16 jueces de la Corte Nacional de Justicia.

Entre los 100 postulantes que pasaron a la fase de méritos y oposición, constan personas allegadas al gobierno o están vinculados con el propio sistema judicial y, en algunos casos, han desempeñado un papel relevante en sentencias.

Uno de los más cercanos al régimen es Edison Toro Calderón, quien ha sido hombre de confianza del ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena. Fue su viceministro en esa cartera de Estado y su asesor jurídico cuando Michelena se desempeñó como Secretario Nacional de Comunicación.

Además, ocupó los cargos de Superintendente de Comunicación encargado, presidente del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Comunicación, y gerente de la Empresa de Medios Públicos.

Otro candidato que tendría cercanía con el gobierno, es el actual agente fiscal, Trosky Serrano Cayancela, quien fue asesor de Paúl Granda, cuando ocupó los cargos de presidente del Consejo Directivo del IESS y Secretario de Gestión de la Política. Granda y su hermano, el exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda, son personas de entera confianza del presidente Lenin Moreno.

En la lista también está Luis Rivera Velasco, quien se desempeñó hasta hace pocos meses como asesor del presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, y anteriormente fue juez penal en la provincia de Los Ríos.

Iván León, juez encargado de la sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, también postula para la nueva corte. León adquirió notoriedad al integrar el tribunal que sentenció al expresidente Rafael Correa y a otros funcionarios del anterior gobierno, en el denominado caso sobornos.

Entre los jueces nacionales o provinciales, y agentes fiscales, que aspiran llegar a la Corte Nacional de Justicia están Alejandro Arteaga García, Martha Chicaiza Tandalla, Iván Cevallos Zambrano, Ana Intriago Ceballos, Nancy López Caicedo, Gilda Morales Ordóñez, Fabián Racines Garrido y Juan Troya Mejía.

El proceso de selección ha recibido críticas de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) y del Observatorio Judicial de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD).

Hace pocos días, la CNA decidió retirarse de su papel de contraloría social del concurso, en respuesta a la negativa de entregar información por parte del Consejo Nacional de la Judicatura.

Según su coordinador, Germán Rodas, se negó información sobre los integrantes de la comisión que calificará los méritos y de los comités de expertos, de catedráticos especializados y de profesionales que evaluarán otras etapas del proceso.

Tampoco se ha permitido a la CNA asistir a las sesiones del pleno del Consejo relacionadas con el concurso de selección.

El pasado 03 de septiembre, Rodas recibió una comunicación de la Judicatura en la que fue informado de que parte de la documentación solicitada por la comisión es de carácter “personalísima y confidencial”.

Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, cuestiona que el Consejo de la Judicatura haya publicado los expedientes de los postulantes después de tres meses de haberse iniciado el concurso.

También rechaza que las impugnaciones y otros tipos de evaluaciones sean secretas porque eso puede dar paso a calificaciones subjetivas y que se deje afuera del proceso a gente valiosa.

Alarcón espera que no existan injerencias políticas en el concurso, tras señalar que “habrá que empezar a echar ojo a algunos candidatos que tienen claras vinculaciones políticas”.

Ramiro Beltrán, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, opina que por la presencia de candidatos a jueces, con afinidad al actual gobierno, se hace más necesaria la transparencia en el concurso.

Recuerda que ha sido una vieja práctica política en el país que un gobierno ocupe las instancias judiciales para “cubrirse las espaldas luego de finalizar el mandato”.

De acuerdo con el cronograma, hasta el 29 de octubre próximo se realizará la evaluación de méritos y las pruebas teóricas, prácticas y psicológicas.

Los 16 jueces a elegirse integrarán las salas especializadas de lo Administrativo, Laboral, Civil, Penal y Tributario, de la Corte Nacional de Justicia.