Pablo Celi demandado por exfuncionarios de la Contraloría por supuestos atropellos en sus despidos

Aseguran que fueron obligados a renunciar bajo presión policial y no se respetaron contratos ni nombramientos provisionales

LOS PERIODISTAS

Luego de tres años de que Pablo Celi se autoproclamó como contralor general subrogante, aparecen revelaciones sobre presuntas arbitrariedades cometidas durante el despido de 38 funcionarios de esa institución.

Tras desconocer y romper la acción de personal número 913, con la que fue removido por Carlos Polit, contralor titular de ese entonces, Celi emprendió una arremetida contra funcionarios, especialmente del área de Talento Humano.

El 08 de junio de 2017, a cerca de 50 servidores de ese departamento y de otras áreas se les impidió el ingreso a las oficinas y, bajo custodia de miembros del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía, fueron obligados a trasladarse al auditorio, ubicado en la planta baja del edificio.

Uno de ellos fue Raúl Granja, quien recuerda que en ese lugar los funcionarios William Carillo y Mery Villarroel, amigos de Pablo Celi, les obligaron a firmar las acciones de personal, con las que fueron cesados en sus funciones, amparados con un informe técnico suscrito por Ruth Lidioma y Paola Obando.

“Fue una cacería a mansalva contra el personal” señala Granja, quien denuncia que no se respetó la vigencia de contratos, ni los nombramientos provisionales.

“Estuvimos encerrados con 20 policías del GIR armados, nos obligaron a firmar nuestras acciones de finalización de nombramientos provisionales y nos sacaron escoltados por la policía a la calle de uno en uno”, recuerda.

En su caso ni siquiera se respetó su condición de persona con discapacidad, con lo que se violentó el artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades, que señala que las personas con discapacidad gozarán de estabilidad especial en el trabajo.

Además, dispone que, para la supresión de puestos, no se considerarán a las que ocupen las personas con discapacidad y, en caso de despido injustificado, deberán ser indemnizados con 18 meses de la mejor remuneración, adicional a su liquidación.

Granja demandó a Pablo Celi y presentó un recurso extraordinario de protección ante la Corte Constitucional, después de que la Corte de Justicia de Pichincha falló en su contra.

Anticipa que, de ser necesario, llevará su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una vez agotadas las instancias nacionales.

Por separado, otros exfuncionarios también presentaron acciones legales en contra de Celi, en distintos tribunales, para exigir su restitución y la reparación de daños. Por temor a represalias, prefieren mantener en reserva su identidad.

Las demandas de los extrabajadores de la Contraloría no son las únicas que enfrenta el autonombrado contralor subrogante.

La Fiscalía realiza una investigación en contra de Celi por usurpación y simulación de funciones, denunciado por el colectivo Resistencia Revolucionaria Ecuador, el pasado 07 de julio. El proceso se encuentra en indagación previa.