Organizaciones de DD.HH piden transparentar investigaciones de agentes estatales sobre octubre 2019

Militares ecuatorianos en los exteriores frente a la Contraloría General del Estado FOTO: Política con manzanas

Además, el informe de la ONG concluye que el discurso gubernamental ha sido consistente en negar su responsabilidad sobre los hechos ocurridos durante el paro nacional

Punto Noticias. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos alertó que únicamente 44 procesos penales estarían dirigidos, posiblemente, a investigar la responsabilidad de los agentes de organismos policiales o de Fuerzas Armadas involucrados en los abusos y graves violaciones a derechos humanos cometidos durante el paro nacional de octubre de 2019, considerando que se reportan cerca de 1.507 personas heridas y una decena de fallecidos.

 

Su alerta consta en el informe presentado por la Alianza, conformada por 18 organizaciones de DDHH, titulado: “Verdad, Justicia y Reparación: a un año de las protestas sociales de octubre”.

El documento incluye 17 recomendaciones para el Estado ecuatoriano y, además, pretende confrontar el discurso gubernamental, “que no reconoce su responsabilidad sobre hechos que configuran graves violaciones a derechos humanos ni los investiga diligentemente y, que por el contrario promueve procesos de criminalización contra líderes indígenas y sociales, así como manifestantes”.

Según datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado existen 819 procesos abiertos como resultado del paro nacional de octubre, de los cuales 669 se encuentran en etapa de investigación previa, 18 en instrucción fiscal, 69 en preparatorio de juicio y 63 en juicio. De acuerdo con esta información se visibiliza que existen 19 procesos por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, 1 por omisión de medidas de protección, 3 por muerte culposa, 8 por lesiones, 4 por homicidio, 6 tentativa asesinato, 1 por abuso de arma de fuego y 1 por uso de armas, municiones o explosivos no autorizados. Solo 44 investigarían el uso excesivo de la fuerza, mientras que la mayor cantidad de procesos son contra civiles por delitos de daño al bien ajeno (207), paralización de un servicio público (208), ataque o resistencia (113), sabotaje (44), secuestro (35), terrorismo (16), rebelión (2), entre otros.

El informe también concluye que el discurso gubernamental ha sido consistente en negar su responsabilidad sobre los hechos ocurridos durante el paro nacional de octubre de 2019. Además, entre las recomendaciones se demanda que, los operadores de justicia  transparenten el estado actual de las investigaciones y sanciones sobre graves violaciones a derechos humanos y que comprometen a agentes estatales; que se implementen las recomendaciones de los organismos internacionales en el marco del cumplimiento de buena fe de los instrumentos internacionales ratificados o suscritos por el Ecuador; se garantice el debido proceso en las investigaciones para asegurar la actuación imparcial del sistema judicial y la reparación integral de las víctimas; se abstengan de hacer un uso abusivo de la figura de estado de excepción que en la práctica ha servido para dar aval constitucional a la acción represiva del Estado y para dictar normativas que implican retrocesos de derechos humanos, especialmente de los derechos económicos, sociales y culturales; cesen los discursos dirigidos a estigmatizar y construir un enemigo interno que atentan contra los derechos colectivos; entre otras.

Informe completo: “Verdad, Justicia y Reparación: a un año de las protestas sociales de octubre”

Al igual que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este documento recoge observaciones del Caso Rebelión, que involucra a la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, al ex-asambleísta, Virgilio Hernández, y al activista Christian González, por el presunto delito de rebelión.

En el informe se detalla lo sucedido desde el martes 15 de octubre de 2019, día en que el presidente de la Corte de Justicia de Pichincha emitió una orden de prisión preventiva para Pabón y Hernández, hasta el 7 de septiembre de 2020, cuando se dictaron nuevas medidas cautelares para la prefecta, con el objetivo de asegurar su presencia en la audiencia de juzgamiento.

«La prefecta denunció un proceso de persecución política, en el que incluso ha sido fotografiada en su casa por la Policía Judicial. Este hecho fue condenado por el gremio de prefectos del país, mientras que el Consorcio de Gobiernos Provinciales
del Ecuador (Congope) expresó su rechazo a las afectaciones de la dignidad y derechos de los prefectos», dicta la misiva.