Ningún sector está conforme con la Ley de Apoyo Humanitario propuesta por el Gobierno Nacional

Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura. Imagen: AN

Cada uno de los sectores involucrados señala sus reparos, porque asegura que le perjudica.

Punto Noticias. Representantes de la academia, sectores productivos y de trabajadores continúan presentando, ante la Comisión de Desarrollo Económico, de la Legislatura, sus observaciones y propuestas sobre el proyecto de ley de Apoyo Humanitario, urgente del Ejecutivo.

Al catedrático universitario Carlos de Tomaso le parece que la contribución voluntaria, solicitada por el Gobierno a las empresas y personas, rompe el principio de equidad, ya que supone que las personas están en situaciones similares, con capacidad económica pareja, para soportar una carga tributaria. Y no es así.

Según el experto, para el profesional autónomo la contribución le implicaría “un doble peso” en su presupuesto.

Más de 3.500 trabajadores han sido despedidos de fincas florícolas, aduciendo la causal de fuerza mayor o caso fortuito, sostuvo Carlos Vallejo, representante de los trabajadores del sector florícola, del cantón Pedro Moncayo.

Las personas separadas de sus puestos de trabajo fueron las de mayor antigüedad laboral, quienes estaban cerca de recibir la jubilación patronal, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas con discapacidad o enfermedades catastróficas, denunció Vallejo.

Ante esta situación, propuso que la Legislatura interprete el artículo 169, numeral 6, del Código de Trabajo, para dejar claro que la causal de caso fortuito o fuerza mayor procede únicamente cuando se imposibilite definitivamente la continuación de un contrato laboral y conlleve la liquidación definitiva del negocio o la actividad económica.

Alejandro Martínez, presidente de Expoflores, pidió que se cuide la liquidez de las empresas, para sostener las plazas de empleo formal, fortalecer el aparato productivo y generar divisas para la economía.

En opinión de Caterina Costa, del Comité Empresarial Ecuatoriano, la reducción del 10 % en los sueldos de quienes ganan más de 1.000 dólares, en la Función Ejecutiva, es insuficiente, puesto que, desde 2007 hasta el 2019 la masa salarial del Estado creció el 240 %. Sobre las facilidades de pago a la seguridad social, piensa que no debe discriminarse entre la micro, pequeña, mediana o gran empresa. A su entender, la medida solo beneficia a quienes aportan al IESS el 13 % y excluye a la mediana y gran empresa, que aportan el 87 %.

Vinicio Troncoso, gerente general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, señaló que su liquidez es de 388 millones de dólares. Advirtió que, si se difieren los aportes patronales y se suspende el pago de las cuotas de los créditos, no se podrían pagar las pensiones jubilares y los costos de salud de la Seguridad Social. Respecto a la reducción de la planta administrativa sostuvo que al iniciar su gestión era 687 empleados y hoy son 530.

Felipe Ribadeneira, presidente de Fedexport, alertó que este tributo acelera la iliquidez de las empresas, comprometiendo la sostenibilidad de las plazas de empleo, cadena de pagos y supervivencia de las empresas. Aseguró que los recargos al sector exportador, por la Ley de Simplificación Tributaria, fueron de 70 millones de dólares y con esta nueva ley sería de 100 millones. Planteó que, si la Asamblea aprueba este impuesto, debería excluir a las empresas exportadoras con reducción mayor al 50 % de sus ventas, en el mes de abril.

Pablo Albuja, representante de empresas de medicina prepagada y seguros médicos, pidió que no se considere el artículo 10 propuesto por el Ejecutivo, porque esto terminaría con la liquidez de estas empresas. Indicó que ellos ya realizan una contribución al manejo de la crisis sanitaria, con la cobertura del Covid-19, no estipulado en los contratos ni en las primas. Aseveró que la ley sectorial ya estipula, en su artículo 31, una protección para las personas que tengan problemas de pago. El aumentar este plazo, pone en serio riesgo la cadena de pagos y laboral del sector, alertó.

Francesco Tabacchi y Francisco Chiriboga, representantes del sector agrícola y ganadero, destacaron que, pese a la crisis, se ha garantizado el abastecimiento de alimentos. Pidieron inyectar mayor liquidez a estas ramas de la producción; apoyaron el acuerdo entre las partes, empleador y empleado, para que no se pierdan los empleos y las empresas no cierren.

Fuente: Asamblea Nacional.