¿Mientras bucarameaban no había corrupción?

Por: Orlando Pérez 

El bucaramato, el lassismo, los medios y toda la élite empresarial del Ecuador ha garantizado durante tres años una “gobernabilidad” al servicio de un régimen dictatorial y persecutor, con la violación de la Constitución y la destrucción de la institucionalidad estatal, además de un deterioro notable de la calidad de vida de la gente.

Los últimos allanamientos, prisiones preventivas y procesos judiciales contra aliados y miembros del gobierno de Lenín Moreno Garcés parecerían ajenos a su régimen y aparato político mediático y, por eso, toman distancia, como si su responsabilidad -ante los ojos de la llamada opinión pública- no estuviera manifiesta.

Y esto es clave reflexionar porque parecería que la corrupción se destapó ahora, que recién existe, que se reveló hace poco. Al contrario, desde diversos sectores, en particular del correísmo, desde el año 2017 se denunció el pacto con el bucaramismo, con la prensa comercial y corporativa, con Pachakutik, MPD, PSC y CREO, con la consecuente entrega de direcciones provinciales de salud, educación, frecuencias de radio y televisión, empresas públicas, embajadas y demás instancias.

Bajo el argumento falaz de la gobernabilidad, y -además- como jefa del bloque legislativo oficialista, de lo conocido, la ministra María Paula Romo chateaba con Abdalá Bucaram y se reunía con Guillermo Lasso. Nadie lo ha desmentido, pero si queda todavía en la oscuridad: qué llevo a ella y a Moreno a tomar esas decisiones sin la transparencia que demandan a los otros, la claridad de los objetivos y, sobre todo, a cambio de qué.

Todo esto se explica en el marco de lo exolicado por René Ramírez: “El (neoliberalismo autoritario) que estamos viviendo a fines de la segunda década del nuevo milenio sucede en la transición hacia nuevas formas de autoritarismo o, siendo optimista, hacia nuevas modalidades de regímenes políticos que aún no han sido estudiados a cabalidad, y menos aún identificados y formalizados todos sus componentes”.

Consecuencia de todo ello ha sido un pacto perverso que ahora expresa su lado más nefasto: la corrupción voraz y codiciosa en medio de una catástrofe sanitaria. Pero ya sabemos que hubo otras secuelas: leyes y reformas aprobadas con indicios de inconstitucionalidad y una cooptación de instituciones públicas al servicio del clientelismo político. Y algo que, hablando de costos, vale más que todos los escándalos juntos: ajustes neoliberales para beneficiar a los grupos económicos y pagos de la deuda externa que saquean a la misma dolarización.

Y hay una consecuencia denunciada durante tres años: sacar al correísmo (ganador de las elecciones de 2017) de la esfera de gobierno, de la Asamblea y de la misma vida política nacional. Para eso, contaron con esos “aliados” y unos medios como operadores y demoledores de un actor político legítimo. Con un “aliño” pestilente: sometidos a la política estadounidense en todos los campos, sin soberanía para una sola acción de política exterior, atados a los ejes de seguridad que viola varios artículos de la Constitución.

El relato político que nos quisieron imponer ahora se desbarata. No hubo gobernabilidad, solo autoritarismo. No hubo respeto a las instituciones ni a las normas básicas, solo entrega de cuotas clientelares para saquear. No hubo libertad de expresión, solo pauta para imponer una sola narrativa y bloquear a los medios alternativos.

Pero todo eso se percibe en el pueblo y en la gente afectada por este régimen autoritario neoliberal. Por ello, la caída en las encuestas y una asentada estrategia de miedo y persecución que no les libera de muchas responsabilidades de orden penal, administrativo, constitucional e internacional. Y seguramente esto se expresará en febrero del 2021 (si permiten participar al correísmo y si dejan que haya elecciones).