Medios Públicos retienen arbitrariamente recursos para el pago de indemnizaciones a trabajadores despedidos

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Pagos se realizan de forma selectiva y se excluyen a periodistas por retaliaciones políticas

LOS PERIODISTAS

En los últimos meses del año 2019, el Gobierno desvinculó a 343 trabajadores de los medios públicos, entre periodistas, camarógrafos, fotógrafos, técnicos, asistentes, vendedores de publicidad y personal administrativo.

En un primer grupo fueron separados 135 colaboradores, en septiembre, y otros 206, en noviembre.

Además, hubo despidos individuales direccionados como el del periodista Alexis Moncayo, quien fue separado de Ecuador TV el 7 de agosto. Moncayo laboraba también para la emisora Majestad, en donde mantuvo, durante una entrevista, un incidente con el Secretario Particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán.

Otro caso fue el del Director de Noticias de Ecuador TV, Mario Naranjo, quien fue notificado con su separación por haber dispuesto la trasmisión del paro de octubre.

Los ex trabajadores cumplieron los requisitos legales para cobrar sus liquidaciones. Sin embargo, no hubo respuesta por parte de las instancias administrativas de la Empresa Medios Públicos.

Realizaron plantones y solicitaron apoyo a la Comisión de Los Trabajadores de la Asamblea Nacional y a la Defensoría del Pueblo.

La asambleísta Marcela Holguín realizó varias gestiones ante el ministerio de Economía y Finanzas. Para sorpresa, en la última contestación de esa cartera de Estado se informó que el pasado 26 de diciembre, a través del CUR número 17407 se realizó la transferencia de USD 2’657.017,02 para el pago de liquidaciones.

El ministerio de Finanzas afirmó que es la gerencia de Medios Públicos quien debe informar los motivos por los cuales aún no se ha realizado el pago de los valores adeudados a todos los ex trabajadores.

Los afectados denunciaron que parte de esos recursos fueron utilizados, de manera ilegal, para el pago del sueldo de diciembre y décimo tercer sueldo. Esto provocó la separación del Gerente Administrativo de Medios Públicos, Jorge Arias.

Tras la presión, se empezó a pagar las indemnizaciones, aunque de manera selectiva. De los 206 desvinculados en noviembre, se pagó a 200 este 03 de marzo.

Sin ninguna explicación, aún no se paga a 135 exempleados del primer grupo. Pedro Vinueza, vocero de los ex trabajadores, espera la sensibilidad del Gobierno. Explica que la situación de él y de sus ex compañeros es angustiante, debido a que quedaron en el desempleo y requieren recursos para mantener a sus familias.

Pero este no es el único caso. La situación es más dramática para los extrabajadores de los medios incautados, que fueron despedidos desde el año 2017.

Entre esas empresas constan Cablevisión, grupo editorial Uminasa y las radios Súper K800, Carrousel, la Prensa Sport y El Telégrafo Radio.

En total fueron desvinculados cerca de 500 colaboradores, de los cuales la mitad aún no recibe sus indemnizaciones, pese a que han acudido a varias instancias laborales y judiciales, y hasta el propio presidente Lenín Moreno.

Al no pago de liquidaciones, se suman las deudas que mantienen con el IESS por lo que los extrabajadores no pueden cobrar sus fondos de reserva y cesantía, ni tampoco pueden jubilarse quienes cumplieron los años de servicio.

Margarita Constante fue despedida el 30 de mayo de 2019. Hace pocos días recién les pagaron los meses de sueldo que estaban atrasados desde el año pasado. Sobre su liquidación, no hay respuesta.

En Cable Visión fueron despedidos 155, de los cuales no han recibido sus liquidaciones al menos 20, que son los que tenían más años de servicio.

El ex trabajador, Galo Arveláez, dice que la situación es dramática para quienes mantenían créditos hipotecarios con el BIESS por el riesgo de perder sus viviendas. Algunos han tenido que endeudarse para cubrir las deudas con el Seguro Social.

Lo grave de esto es que las empresas les descontaban de sus roles de pago las cuotas de los créditos, pero el dinero no llegó al IESS, explica Narcisa Salazar, extrabajadora de Uminasa.

En el mismo documento del ministerio de Finanzas, remitido a la asambleísta Marcela Holguín, se informó que la Gerencia de la Empresa de Medios Públicos ni si quiera ha solicitado recursos para el pago de liquidaciones de los extrabajadores de medios incautados.

Se solicitó un pronunciamiento al gerente, Luis Eduardo Velarde Velasco, pero no hubo respuesta.

El abogado laboral Christian Bahamonde explica que constituye un delito la retención de aportes al IESS y de cuotas de créditos quirografarios o hipotecarios, sin que ese dinero haya llegado al Seguro Social.

En ese sentido, recomienda a los afectados agotar las acciones legales correspondientes en el país y, en caso de no haber respuesta, acudir a instancias internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, OIT.