María Paula Romo y Paúl Granda son señalados como las cabezas del reparto

Funcionarios de su confianza se habrían encargado de los acercamientos con asambleístas

LOS PERIODISTAS

Dos funcionarios de confianza de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y del exsecretario Nacional de Gestión de la Política, Paúl Granda, habrían sido el enlace entre el Ejecutivo y la Asamblea para el reparto de hospitales e instituciones públicas.

Según el testimonio del exasambleísta Daniel Mendoza, Andrés Bejarano Flores y Fausto Holguín Ochoa, asesores de Granda y de Romo, respectivamente, eran quienes se acercaban a los asambleístas para “regoger las peticiones y procesarlas”.

María Paula Romo fue nombraba como ministra de Gobierno el 31 de agosto de 2018. Pocos días después, el 13 de septiembre de ese mismo    año, Romo designó a Fausto Holguín como director de Regulación y Control de Sevicios de Seguridad Privada del ministerio de Gobierno.

Luego de 3 meses, Holguín pasó a la Secretaría Nacional de Gestion de la Política como subsecretario de Articulación Interinstitucional, cargo que ocupó hasta el 31 de julio de 2019.

Un día después, el 01 de agosto de ese año, volvió al ministerio de Gobierno como viceministro de Gobernabilidad y actualmente se desempeña como subsecretario de Articulación con otras funciones del Estado.

En cuanto a Andrés Bejarano, también mencionado por Mendoza, fue asesor de Paúl Granda en la Secretaría General de Gestión de la Política. También se desempeñó como asesor 2 del ministerio de Transporte y Obras Públicas, cuando Granda fue su titular.

Entre los emisarios del Ejecutivo se realizaban acercamientos con la Asamblea y se elaboraban listas de los requerimientos de los asambleístas, especialmente del Movimiento País e independientes.

Según fuentes judiciales, en una primera fase se habrían gestionado 271 pedidos de cargos directivos en instituciones nacionales, zonales, provinciales, cantonales y locales.

Entre las entidades constan los ministerios de Agricultura, Turismo, Transporte, Salud, Vivienda, Educación e Inclusión Económica y Social; la Agencia Nacional de Tránsito, CENEL, Secretaría Nacional de Gestión de la Política, Registro Civil, CNE, CFN, CNT, IESS, Contraloría, Inmobiliar, Correos del Ecuador, SECAP, SECOB, Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos y la  Dirección Nacional de Rehabiltación Social.

De igual manera, se solicitaron las gobernaciones de Manabí, El Oro y Morona, al menos 11 hospitales del IESS y del Ministerio de Salud, tenencias políticas, comisarías y cargos en el exterior.

En la última declaración de Mendoza ante la Fiscalía, aseguró: “siempre existía un asesor que hacía de puente y se acercaba a los legisladores. Por ejemplo cuando estaba Paúl Granda en la Secretaría de la Política su asesor era Andrés Bejarano. Cuando estaba de ministra María Paula Romo siempre se encargaba de este trabajo Fausto Holguín. Lo que hacían era recoger las peticiones y procesarlas”.

El reparto permitió asegurar los votos en la Asamblea para la aprobación de proyectos del Ejecutivo y el archivo del juicio político en contra de la ministra de Gobierno, en diciembre de 2019.

Sobre este caso, la Fiscalía General llamó a declarar voluntariamente a María Paula Romo, pero no fue vinculada en el proceso.

Paúl Granda no ha sido llamado a declarar en este proceso, aunque la Fiscalía solicitó su vinculación, como expresidente del directorio del IESS, en el caso por presunta delincuencia organizada por la venta ilegal de medicinas en hospitales, en el que está procesada la familia del expresidente Abdalá Bucaram.