Los negocios que se le cayeron al IESS por la emergencia sanitaria

Consultorías y contratos por USD 12,5 millones fueron suspendidos tras las denuncias de sobreprecio en la compra de mascarillas

LOS PERIODISTAS

Al menos tres procesos de contratación por un valor de USD 12,5 millones, se dieron de baja en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS.

Las denuncias por la pretendida adquisición de mascarillas N95, con sobreprecio, obligaron a sus autoridades a dar marcha atrás a otros contratos que estaban por ejecutarse.

Uno de ellos es la consultoría “Estudio para identificar las necesidades de Talento Humano, plantilla óptima en las unidades médicas del Seguro General de Salud del IESS”, por un valor de USD 1’126.899, más IVA, con un plazo de ejecución de 150 días.

En la justificación se menciona que es necesario contar con un estudio que determine el Talento Humano para que las 101 unidades médicas puedan satisfacer la demanda de los afiliados y que es un requerimiento del Consejo Directivo de la institución, por recomendación del Seguro General de Salud.

También se suspendió un contrato de publicidad por USD 1’420.000, más IVA, adjudicado a la agencia de publicidad Fernández Dávalos CIA LTDA, que cuenta con un capital de USD 400, según la Superintendencia de Compañías. La Resolución para declarar desierto este proceso se emitió el pasado 1 de abril.

De igual manera, se dio de baja el propio proceso para la compra de mascarillas y otros insumos, por USD 10’017.754, por el que fue destituido el Director del IESS, Miguel Ángel Loja, y separados otros funcionarios que participaron en la fase precontractual.

La Fiscalía anunció que formulará cargos por el presunto delito de peculado una vez que las unidades judiciales retomen la atención, luego de la emergencia sanitaria.

El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social solicitaron al presidente, Lenín Moreno, la remoción de Paúl Granda, presidente del Consejo Directivo del IESS. Sin embargo, no se ha dado ningún pronunciamiento por parte del mandatario.

Pero estos no son los únicos casos observados. El IESS adjudicó al grupo de abogados “Asesores Legales del Ecuador Asesoles S.A.” un contrato por USD 1’480.838 para la adquisición de reactivos y dispositivos para el laboratorio del Hospital Quito Sur, proceso que está en ejecución.

Otro contrato que registra inconsistencias es el proceso RE-IESS-SDNCP-07-19, por USD 1’079.850, referente a la “Contratación de una agencia de comunicación que se encargue de la creación de conceptos y estrategias comunicacionales, producción, logística, montaje y desmontaje de eventos institucionales”.

Se invitaron a cinco oferentes. La empresa adjudicada, Progifts Soluciones Empresariales, no consta en la Superintendencia de Compañías, al igual que otras dos: Gunter Inc. y Soma Comunicación.

El Ruc de Rediata Comunicación, que también fue invitada, corresponde a otra empresa denominada Barlalcas S.A., dedicada a sistemas informáticos.

El último oferente fue Franco Falquez, una compañía que no está relacionada al negocio de la comunicación y publicidad. Su actividad económica, de acuerdo con su registro en la Superintendencia de Compañías, es la prestación de asesoramiento y ayuda a empresas y administraciones públicas en materia de planificación, organización, eficiencia y control.

Este contrato de comunicación se adjudicó en junio del año pasado y se ejecutó en un plazo de 150 días, hasta noviembre.

En diciembre del mismo año fue adjudicado un contrato de publicidad, por USD 250.000 y un plazo de ejecución de 60 días, para la “Campaña de difusión y socialización para el fortalecimiento de la imagen e identidad del Seguro de Pensiones para fomentar una cultura de prevención en la ciudadanía”.

Adicionalmente, en septiembre de 2019 se suscribió un contrato por USD 605.729 para capacitar al personal del Seguro Social Campesino, con la Empresa Pública de la Universidad Técnica de Ambato.

Entre comunicación y capacitación se gastaron cerca de USD 2 millones, en medio de la vigencia de un decreto de austeridad emitido por el Ejecutivo para el sector público.

Por transparencia, sería adecuado que la Contraloría General del Estado audite las contrataciones realizadas por el Seguro Social, en los últimos años, similar a lo que está haciendo con la fallida compra de mascarillas con sobreprecio.