Los candidatos y la lucha contra la corrupción

Para la mayoría, más leyes y penas más duras es el camino.

Punto Noticias. La corrupción es uno de los temas más cuestionados por los candidatos que buscan llegar a la presidencia del Ecuador, en las elecciones del 7 de febrero próximo.

El postulante por el movimiento Construye, Juan Fernando Velasco propone: combatirla tanto en el sector público como privado, endurecimiento de leyes y creación de jueces nacionales contra la corrupción, para reducir la impunidad.

Xavier Hervas, de Izquierda Democrática: política integral de gobierno abierto, para que la información sea transparente.

Lucio Gutiérrez, de Sociedad Patriótica: consulta popular para aprobar un nuevo Código Integral Penal (COIP), que incluya cadena perpetua para los políticos corruptos y dar plazo de tres meses para devolver la «plata robada». Ley de justificación de bienes para investigar las fortunas de los políticos corruptos; las que no se justifiquen serán incautadas.

Guillermo Celi, de Suma: aprobar la Ley de Extinción de Dominio y, si la Asamblea Nacional no lo hace, en los primeros 90 días de su gobierno llamar a consulta popular para aprobarla.

César Montúfar, de la Alianza Honestidad-PSE-Concertación: desterrar la delincuencia organizada del país, cambiar la Ley de Contratación Pública a la que calificó de una ventana para la impunidad y crear una fuerza de tarea para que limpie el Estado de las mafias que lo tienen secuestrado y desmantelarlas.

Gerson Almeida, de Ecuatoriano Unido: agravar las penas y promover la educación.

Guillermo Lasso, de la alianza CREO-PSC: crear comisión internacional de lucha contra la corrupción, con el apoyo de la ONU; darle un presupuesto para que ayude con objetivos claros, el primero, recuperar el dinero robado.

Andrés Arauz, de la coalición UNES: lucha contra la corrupción pública y privada, aprobar la Ley de Extinción de Dominio, que incluya un artículo que establezca que los bienes adquiridos en el Ecuador, a nombre de empresas fantasmas en paraísos fiscales, se declaren también como bienes injustificados.

Yaku Pérez, de Pachakutik: firmar convenios con OEA y ONU, orientados a impulsar medidas para recuperar el dinero robado que se encuentra en paraísos fiscales; reformar el Código Orgánico Integral Penal y aprobar la Ley de Extinción de Dominio.

Carlos Sagnay, de Fuerza Ecuador: cadena perpetua para los funcionarios estatales que estén involucrados en casos de corrupción.

Isidro Romero, de Avanza: para todos los corruptos que haya en el país, cadena perpetua.

Gustavo Larrea, Democracia Sí: eliminación del actual sistema de contratación pública, intervención de la Contraloría desde el inicio de la contratación pública, que los procesos cuenten con presencia ciudadana y medios de comunicación.

Paúl Carrasco, de Juntos Podemos: consulta popular para aprobar jueces sin rostro, para que no sean coimados, presionados, ni amenazados por los corruptos; independizar a los jueces del sector político.

Ximena Peña, de Alianza PAIS: sancionar desde las cortes con autonomía del poder político y económico; profesionalizar el sector público para que los cargos sean ocupados por personas honestas. Funcionario que llegue a ser inmiscuido en actos de corrupción deberá abandonar el cargo inmediatamente.

Institucionalidad democrática.

Entendiéndose como “el conjunto de normas jurídicas, entidades del poder público y funcionarios que intervienen, para la satisfacción y cumplimiento de los derechos y garantías del ser humano en sus relaciones con el Estado y los particulares”, la mayoría de candidatos presidenciales ofrecen, como lo hizo el actual gobierno, descorreizar al país; es decir, desmontar las instituciones y normas implementadas en el gobierno de Rafael Correa, con el argumento que son nefastas para las libertades ciudadanas, empresariales y del mercado.

Solo como ejemplo, citamos la propuesta de César Montúfar quien asegura que “hay que usar todo el poder del Estado para destruir al correísmo”.

Lucio Gutiérrez: reducir los poderes del Estado a tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; reducir el número de asambleístas a 57.

Pedro José Freile, del movimiento Amigo: defender la institución de la dolarización.

Geovanny Andrade, de Unión Ecuatoriana: crear la Contaduría General del Estado, encargada de controlar toda salida de dinero por parte del Estado.

Guillermo Lasso, de CREO: cerrar la Senescyt y llevar a cabo una reforma a la Ley de Educación Superior, para facilitar a los jóvenes el acceso a una carrera universitaria, de su elección.

Andrés Arauz, de UNES: convocar a una Asamblea Constituyente que redacte una hoja de ruta para el cambio y que ratifique aquellos lineamientos ya conquistados en el 2008.

Yaku Pérez: reducción del número de asambleístas.

Xavier Hervas, ID: justicia social en el marco del ejercicio pleno de la libertad, participación amplia e institucional de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas. Entre las propuestas más destacas.