Ley de extinción de dominio violenta la presunción de inocencia y el debido proceso de cualquier ciudadano, advierte abogado

Conceptualmente es interesante si queremos recuperar lo robado, pero también puede ser usada como herramienta de persecución para el que es y el que no es, agregó.

André Benavides, abogado constitucionalista, señaló que la Ley de Extinción de Dominio tiene varios vicios de inconstitucionalidad porque va contra disposiciones de tratados de Derechos Humanos relacionados al debido proceso y presunción de inocencia, razón por la cual mencionó que muy probablemente el Ejecutivo termine vetándola.

Indicó que el Legislativo quiso hacer una normativa parecida al modelo de ley  de Naciones Unidas y de Colombia, con el supuesto objeto de recuperar los bienes que tienen un origen ilícito e injustificado, o que podrían ser utilizados para bienes ilícitos, sin embargo en Ecuador las razones para usar este articulado quedan abiertas porque no habla únicamente del carácter delictivo, sino de irregularidades que es un término general.

Además el asambleísta manifestó que la ley hace referencia a la imprescriptibilidad que, según la Constitución, solo puede aplicarse en delitos de lesa humanidad, en contra la administración pública, ambientales y delitos sexuales contra niños: “Pero la extinción de dominio no está dentro de la Constitución”.

Advirtió que la ley es subjetiva para todo ciudadano, no solo para los políticos, puesto que solo con la mera sospecha de irregularidad podría iniciarse una investigación y en lugar de que la administración de justicia demuestre que los bienes fueran adquiridos de forma ilícita, se busca todo lo contrario, es decir que el acusado tiene que mostrar documentos como testamento o factura  para garantizar que sus bienes tienen relación lícita.

“Conceptualmente es interesante si queremos recuperar lo robado, pero también puede ser usada como herramienta de persecución para el que es y el que no es. Podríamos tener responsabilidades internacionales”

Respecto a la imprescriptibilidad, Benavides puntualizó que no solo se tratará de denuncias actuales sino también se puede investigar todo aquello que sea sospechoso en años pasados: “Ahí tocaría ver cómo fue la adquisición del bien, para ver de dónde nace la propiedad; esto genera inseguridad jurídica para los ciudadanos».

El jurista mencionó que también está en entredicho la administración de justicia porque tampoco se menciona el tipo de proceso con el cual se debe juzgar, si será penal, administrativa o civil.