Legislatura tramita proyecto sobre aprobación y extinción de personas jurídicas

Comisión Legislativa de Participación Ciudadana. Foto: AN

Representantes del Ejecutivo serán convocados a la legislatura para que expongan su criterio sobre el proyecto de Ley para la Aprobación y Extinción de las Personas Jurídicas de Derecho Privado con Finalidad Social o sin Fines de Lucro, cuyo objetivo es establecer, con claridad, el régimen aplicable a este tipo de sociedades.

La Comisión de Participación Ciudadana, que tramita esta propuesta, escuchó varias opiniones en torno a esta iniciativa, como parte del proceso de socialización, previo a la redacción del informe para primer debate.

Simón Jaramillo, subdirector de la Corporación Participación Ciudadana, enfatizó que la normativa debe determinar que las organizaciones no gubernamentales se constituyan y disuelvan mediante escritura pública, al recordar que la Constitución pide a las organizaciones ciudadanas que realicen veeduría de los procesos públicos.

Carlos Castellanos, presidente de la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas, se mostró partidario de aclarar el régimen jurídico de estas sociedades y, a la vez, pidió se exija una auditoría sobre la aprobación y liquidación de las organizaciones sociales, que se vieron limitadas en su accionar en los últimos años, con la amenaza de la disolución.

Para el asambleísta Eddy Peñafiel, es necesario que este cuerpo jurídico fije la modalidad en la que ingresarán a estas sociedades los integrantes de una organización de la sociedad civil.

El parlamentario Ángel Gende sugirió que en el proyecto se reconozca que las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas tienen sus propias lógicas de asociación.

Héctor Yépez, quien preside la mesa legislativa, considera que hasta el momento se han efectuado reformas significativas al proyecto, a fin de que en pocos días más pueda entrar a conocimiento del Pleno.

No obstante, advirtió, si la propuesta es aprobada, será necesario introducir reformas al Código Civil, a fin de armonizarlo con el régimen jurídico que se aplicaría para las personas jurídicas de derecho privado con finalidad social o sin fines de lucro.

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