Legislatura tramita propuesta para regular a los denominados lobistas

El objetivo es evitar que incurran en actos de corrupción.

Punto Noticias. La regulación del lobby, entendido como la presión sobre un gobierno o una empresa, especialmente en lo relativo a las decisiones políticas y económicas, permitirá eliminar prácticas ligadas a la corrupción, proponen expertos en la materia.

El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, y el director de Proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Marcelo Espinel, expusieron sus sugerencias y observaciones a los proyectos de Ley Orgánica de Prevención de Conflicto de Interés (LOPCI), Ley que Transparenta y Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante las Autoridades y Servidores Públicos y Ley que Regula la Vinculación y Representación de Intereses y Relaciones Públicas.

Estas propuestas de normativa son tramitadas por los asambleístas de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional.

El defensor del Pueblo señaló que estos proyectos pretenden trasparentar una actividad que ya se da en el país, pero que necesita ser regulada. Observó que se plantea un mecanismo para evitar y sancionar prácticas corruptas. Planteó, entonces, que la regulación permitirá controlar a los lobistas, para que no incurran en dichos procedimientos.

Para Carrión, es importante que esta regulación no vaya en contra del interés general y asegure la transparencia en la toma de decisiones. Alertó que el proyecto de Ley que Transparenta y Regula el Lobby tiene mucha similitud con la ley chilena, por lo que, al ser realidades diferentes, la normativa sería de difícil aplicación. Insistió en que se debe conocer cuál es el beneficio y la utilidad de la ley para saber si beneficia el interés común o a un solo grupo de lobistas.

Recomendó que estos tres proyectos sean integrados en uno y se defina lo que se considera tráfico de influencias de aquel trabajo legítimo y legal. El esfuerzo de la Comisión radicaría en equilibrar el interés general con el particular e incorporar lenguaje inclusivo, con enfoque de género, sugirió.

Marcelo Espinel centró su análisis en el proyecto de Ley Orgánica de Prevención de Conflicto de Interés (LOPCI), sobre el que dijo que permitirá transparentar la actividad de los actores estatales y no estatales, en torno a las decisiones públicas, y “emparejar la cancha”, entre diversos actores, para acceder a las autoridades y participar en los procesos de creación y adopción de políticas públicas.

Cree que es posible potenciar la transparencia, rendición de cuentas y control social, así como la prevención de la corrupción.

Destacó que la norma contempla la prohibición de efectuar gestiones de interés para las autoridades, durante sus funciones y dos años después de haberlas concluido, en materias directamente relacionadas a estas.

Además, que los servidores públicos, por un periodo de dos años, contados a partir del término de sus funciones, no podrán prestar servicios gratuitos o remunerados, adquirir participación en entidades privadas o celebrar contratos públicos en áreas con relación directa a las funciones que desarrolló en el ejercicio público.

Fuente: Asamblea Nacional.