Legislatura no pudo resolver veto del Ejecutivo a Ley de Finanzas Públicas

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Si no lo resuelve hasta el 15 de julio, la norma entrará en vigor por el ministerio de la ley.

Punto Noticias. Quedó en el limbo, momentáneo, el veto del Ejecutivo con las observaciones al proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, una vez que la Legislatura no pudo resolver las objeciones, en la sesión del Pleno de este jueves 2 de junio de 2020.

El 65 % de la ley, trabajada en la Asamblea Nacional, no tuvo observaciones y el 35 % recibió 16 recomendaciones a los textos.

El asambleísta Franco Romero, presidente (e) de la Comisión de Régimen Económico, argumentó que el proyecto fue ampliamente debatido y mocionó el allanamiento total de las 16 observaciones planteadas por el Ejecutivo.

La moción no obtuvo los votos necesarios para ser aprobada, pues contó con el respaldo de 47 legisladores, 52 votaron en contra, 3 votos fueron blancos y 31 abstenciones. Se necesitaba el apoyo de 66 legisladores (la mitad de los presentes en la sesión). La reunión se suspendió y no se reinstaló.

La Ley de la Función Legislativa permite reconsiderar la votación en una siguiente sesión o que se vote una moción que plantee que la Legislatura insista en los textos aprobados. Si la Asamblea Nacional no considera la objeción o no se ratifica en su texto, en el plazo de 30 días, que concluye el 15 de julio, se entenderá que se allanó a esta y el presidente de la República dispondrá la promulgación de la ley y su publicación en el Registro Oficial, como dispone la misma ley.

En este último caso, el texto que vaya al Registro Oficial incluirá las observaciones que haga el Ejecutivo a la norma.

La reforma legal propuesta por el Gobierno Nacional plantea cambios que son parte de los compromisos que hizo el año pasado el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En la sesión de la víspera, generó más discusión el artículo sobre el manejo del endeudamiento. El veto plantea que se reduzca el peso de la deuda sobre la economía progresivamente durante 12 años, hasta que vuelva a ser equivalente al 40 % del Producto Interno Bruto (PIB), como fija el actual Código de Planificación y Finanzas.

La deuda del Ecuador equivale al 60,53 % del PIB. Este año, por la emergencia, el Fisco prevé que las necesidades de financiamiento se incrementarán. Para hacer frente a ese escenario, las autoridades buscan un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La Ley de Finanzas Públicas es parte de los compromisos con ese ente.

El proyecto dispone que en el cálculo de la deuda sobre el PIB se tome en cuenta la deuda pública consolidada, no la agregada, como sucede actualmente. La deuda pública consolidada no toma en cuenta obligaciones del Estado con instituciones como el Seguro Social.

La Ley determina la creación de un fondo de estabilización con los ingresos provenientes de la explotación y comercialización de recursos naturales no renovables, como el petróleo, cuando estos superen la proyección del Presupuesto estatal.

El documento plantea que los ingresos que nutrirán dicho fondo serán los que queden luego de descontar las preasignaciones dispuestas por ley y servirán para la sostenibilidad de las cuentas públicas y para educación y salud.

También se permitirá contratar un seguro petrolero, con base en un informe de la empresa Petroecuador.

El Ministerio de Finanzas, además, deberá elaborar cada año una política de mitigación y prevención de riesgos, para casos en los que sucesos imprevistos afecten la sostenibilidad fiscal del país.

Fuente: Asamblea Nacional/El Comercio.