La salud, tres años en terapia intensiva

Reducción de presupuesto, despidos y la crisis sanitaria marcaron estos tres años de mandato

Con un sistema de salud precario, desmantelado, sin infraestructura nueva, equipos, ni medicación suficiente, llegó la pandemia al Ecuador. Esto golpeó a los más pobres, que no tenían para pagar un médico particular, y empezaron a desplomarse en la calle, para luego morir en la orfandad de un Estado.

El 11 de julio de 2017, el presidente de la República, Lenín Moreno, ya advertía que el país sería golpeado por una serie de medidas económicas con la justificación de que no le dejaron la mesa servida; desde ahí, y hasta la actualidad, ha mencionado en reiteradas ocasiones, a lo largo de sus tres años de Gobierno que: “La condición económica del Ecuador es muy difícil, es sumamente difícil, vamos a salir adelante con el ESFUERZO DE TODOS”.

En diciembre de ese mismo año, contradictoriamente, el Primer Mandatario inauguró el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social “Quito Sur”, mismo que fue construido por su antecesor Rafael Correa con una inversión de USD200 millones. Ese día, el propio Moreno reconocía el beneficio de la obra pues señalaba que su infraestructura y personal médico le ahorraría al Estado USD37 millones por el concepto de pago a clínicas privadas: “Dinero que se invertirá en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.

Luego de esto, el Gobierno redujo su presupuesto General en 5,3%, pero el exministro de Finanzas, Carlos de la Torre, dijo que el gasto social siempre deberá estar por encima del servicio de la deuda. Su objetivo era destinar USD4.163 millones a la salud, pero al final solo se invirtió por USD3.573 millones.

Desde el 16 de mayo de 2018, el expresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Richard Martínez llegó al Ministerio de Finanzas y con su nombramiento rompía por completo el Programa del Gobierno por el cual, Lenín Moreno, llegó a Carondelet.

En noviembre de ese mismo año, pese a insistir en que Correa no le había dejado nada, inauguró la ampliación y repotenciación del hospital José María Velasco Ibarra en Tena, con USD16 millones invertidos por ese mismo régimen.

Con el nuevo ministro de Finanzas, el Gobierno, para el 2019 anunciaba una reducción del presupuesto en la salud por más de USD400 millones, destinando un total de USD3.097 millones a ese sector. Ese solo fue el comienzo.

En marzo de 2019, el ajuste económico empezó a notarse bajo la bandera llamada “optimización del Estado” y la Organización Sindical Única Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública (Osuntramsa), denunciaba la desvinculación de entre 2.500 y 3.500 servidores con contratos ocasionales y provisionales del sector salud, quienes habrían sido despedidos durante el feriado de carnaval.

En diciembre del mismo año, los despidos a nivel de Gobierno sumaron cerca de 25.000, las últimas notificaciones llegaron durante ese mes y también noviembre. El entonces viceministro de Economía y Finanzas, Esteban Ferro, explicaba que hay endeudamiento para cubrir el déficit fiscal y, si no se quiere contraer más deuda, su salida era las desvinculaciones.

Para 2020, el presupuesto para salud sufrió una nueva reducción, esta vez por USD60 millones, alcanzando aproximadamente los USD3.037 millones; es decir, en los últimos dos años se afectó al sector de la salud en USD536 millones.

Para marzo, mes en el que llegó la pandemia al Ecuador, el sector salud estaba destrozado y pese a las denuncias ciudadanas, las autoridades insistían en que todo se encontraba en orden.

En redes sociales se alertaba que las cosas se complicaban y evidenciaban a personas con muertos en las casas, hospitales colapsados, personal sanitario contagiado y protestando por falta de equipos de bioprotección.

La entonces titular de Salud, Catalina Andramuño, insistía en que todo estaba controlado, sin embargo, el 21 de marzo renunció al cargo tras denunciar que existía una falta de recursos para atender la emergencia sanitaria y la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de salud pública para enfrentar la coyuntura.

Finalmente, y ante la presión nacional e internacional, el régimen empezó a revelar cifras de muertos que no estaban reflejadas en los datos que diariamente se emitían en el COE Nacional.

Según cifras del Registro Civil comparadas entre los meses de enero y febrero con marzo y abril, el número de muertes ha incrementado en las provincias de Guayas, Esmeraldas, El Oro, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo, dejando como saldo más de 13.700 personas fallecidas fuera de lo habitual que se registra mensualmente en el país.

Sin embargo, en el documento oficial aún se contabilizan solo a aquellos que alcanzaron a hacerse la prueba y dieron positivo dando un total de 2.888 muertes por virus.

La crisis se desbordó y el Gobierno cambió nuevamente al ministro de Salud. Juan Carlos Zevallos tomó la posta y hoy asegura que el país está preparado para reabrir, con prudencia, aunque también advirtió que hasta el mes de junio 2020 el 60% de ecuatorianos estará infectado con coronavirus y el número de muertes llegaría a las 100 000.