La otra cara de la vicepresidenta María Alejandra Muñoz

Foto: María Alejandra Muñoz

Muñoz eliminó requisitos de importación de vehículos para personas con discapacidad, lo que provocó un incremento del 270%, en 2019

LOS PERIODISTAS

María Alejandra Muñoz, es una persona muy cercana al movimiento Ruptura 25, liderado por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el Secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán.

Durante su gestión en el sector público y privado ha mantenido un bajo perfil, con facetas poco conocidas por el país.

A su paso como directora del Servicio Nacional de Aduana, entre el 20 de septiembre de 2018 y el 20 de julio de 2020, el 14 de febrero de 2019 suscribió la Resolución SENAE 2019-011, con la que eliminó requisitos para la importación de mercancías con exoneración tributaria, para personas con discapacidad.

Entre ellos, se eliminó la declaración juramentada ante un notario por parte del beneficiario, en el que indicaba que los bienes serán utilizados para atender las necesidades de la persona con discapacidad.

A criterio del experto tributario Carlos Calero, la eliminación de este requisito impide a futuro que, en caso de falsedad, el beneficiario de la importación pueda ser demandado por perjurio.

Calero considera que esta decisión incidió en el incremento de las exportaciones de vehículos por parte de personas que contaban con carné de discapacidad, emitido por el ministerio de Salud.

En el año 2018 se importaron 1.634 automotores, mientras que en 2019, con la eliminación de requisitos, la cifra aumentó a 4.426, lo que representa un incremento del 270%.

Lo paradójico es que María Alejandra Muñoz, en una reciente comparecencia ante la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea, aseguró que el año pasado denunció ante el ministerio de Salud el inusual incremento de la importación de vehículos en 2019.

El valor que el Estado dejó de recibir por la exoneración de tributos de esos automotores fue de USD 66 millones.

Cuando la SENAE emitió la resolución, con la que eliminó los requisitos generales de importación, la entidad resaltó como beneficio de esta medida la “simplificación y automatización del proceso, pasando de un tiempo promedio de aprobación, de tres meses a 48 horas”.

Entre quienes poseían carné de discapacidad, e importaron vehículos con exoneración de impuestos, constan asambleístas, jueces, altos funcionarios, futbolistas y personas investigadas por corrupción en hospitales públicos, como Daniel Salcedo.

Durante la administración de Muñoz, el vigilante aduanero y dirigente de la Confederación de Servidores Púbicos, Iván Bastidas Ordóñez, fue perseguido con la apertura de sumarios administrativos y multas por haber denunciado en redes sociales, supuestas irregularidades en las aduanas.

Bastidas también dirigió un oficio al presidente Lenin Moreno en el que solicitó correctivos en esa institución, lo que fue considerado por el departamento jurídico de Aduanas como una “falta grave”.

La internacional de Servicios Públicos (ISP), organización sindical mundial que defiende los derechos de los trabajadores, patrocina la defensa de los procesos administrativos, que aún se sustancian.

Antes de llegar al Servicio Nacional de Aduana, Muñoz se desempeñó como subsecretaria de Agenda Presidencial, entre el 23 de abril y 20 de septiembre de 2018, como subalterna de Juan Sebastián Roldán.

En su actividad particular como abogada, prestó servicios jurídicos en Cervecería Nacional, entre los años 2009 y 2017, periodo que coincide con la denuncia referente a que esa empresa habría pagado USD 1´050.000 por un fallo de la Corte Constitucional, en contra de extrabajadores.

Unos 1.200 exempleados de la cervecera demandaron el pago de USD 90 millones por utilidades atrasadas de entre los años 1990 al 2005.

En enero de 2011, coincidentemente con el mes en que se dictó el fallo a favor de la empresa, el entonces asambleísta Galo Lara denunció que Cervecería Nacional pagó tres cheques al hermano del secretario de la Corte Constitucional, Arturo Larrea.

Según el portal, República del Banano, María Alejandra Muñoz, fue artífice de ese episodio, que perjudicó a los extrabajadores, quienes hasta la actualidad continúan luchando en instancias judiciales.

Durante el tiempo que prestó servicios en Cervecería Nacional, Muñoz declaró como Impuesto a la Renta altas sumas. El año que registró el mayor valor fue 2016, con USD 192.281.

El pasado 20 de julio, en su declaración juramentada de inicio de funciones como vicepresidenta de la República, ante la Contraloría General del Estado, declaró un patrimonio por USD 666.482.