La Ley de Apoyo Humanitario es una imposición del FMI, de antes de la crisis sanitaria

La dirigente gremial Angie Toapanta sostiene que tampoco se justificó, ni técnica ni jurídicamente, que sus disposiciones son necesarias.

Punto Noticias. La Ley de Apoyo Humanitario no es una norma que garantice derechos, al contrario, los reduce, afectando claramente a la parte más débil de la relación laboral: las y los trabajadores, según la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y Campesinos (ASTAC).

Su aprobación responde a una agenda impulsada desde el gobierno con anterioridad a la emergencia sanitaria, sostuvo ASTAC, al presentar su demanda contra la normativa en la Corte Constitucional, como destacó su representante, Angie Toapanta Ventura.

La también abogada considera que la ley es una receta impuesta por el Fondo Monetario Internacional, con la cual el Ministerio de Trabajo aplicó, de manera progresiva, una serie de medidas regresivas en derechos laborales, no solo durante la pandemia, sino con anterioridad, que es lo que se trató de contener en octubre de 2019, dice.

Para Toapanta, el Gobierno de Lenín Moreno se aprovechó de la crisis sanitaria para, con la Ley Humanitaria, establecer estas disposiciones como permanentes, cuando se dijo que eran excepcionales, lo que vuelve inconstitucional a la normativa.

Objetó el artículo 16 que señala que trabajadores y empleadores pueden llegar a acuerdos para preservar la fuente de trabajo, conversando, como si se trataran de partes iguales, desconociendo que históricamente hay una relación jerárquica de poder, que impide negociar con el empleador, porque existe dependencia laboral y económica muy fuerte, argumentó.

También reprochó que la ley reduzca las condiciones económicas de la relación laboral, no solo con relación a las remuneraciones, sino también a otras cuestiones económicas, como viáticos, subsidios y todo tipo de ingreso que se le haya reconocido al trabajador, en algún momento.

Le preocupa a la dirigente gremial que estos acuerdos de preservación de fuentes de trabajo no tienen temporalidad, son indeterminados; es decir, son medidas permanentes, no solo que se aplicarán durante la crisis, con el agravante que son lesivas para los derechos laborales.

Angie Toapanta reclamó que nunca se justificó, de manera técnica o jurídica, que las disposiciones de la ley son necesarias, sino que se trata de una agenda impuesta, para reducir derechos laborales.