La imparable ola progresista

Por Erika Sylva Charvet

Nuevamente se ha reactivado la operación de Estado antiprogresista en Ecuador.  Ya no para proscribir a su dirigencia, ni para impedir su registro electoral, o para bajarse el registro de sus aliados, ni para negar la calificación de su binomio. No.  Esta vez se trata nada menos que de bajarse el propio proceso electoral.

La operación ha evidenciado el contubernio de las funciones ejecutiva y electoral registradas a raíz de la consulta popular (2018) y plasmadas no solo en el reparto político del CNE entre las fuerzas del pacto oligárquico antiprogresista -PK, PSC, CREO y AP-, sino también en el reclutamiento de funcionarios/as ligados a la Presidencia, el Ministerio de Gobierno, la Secretaría de la Política y la dirección de la usurpada Alianza País en el proceso de preparación de las elecciones (Pichincha Universal, 22-01-2021), que matriculan a esta función con intereses políticos particulares y la convierten en un brazo del ejecutivo.

Que ésta opera como extensión del ejecutivo para boicotear el proceso electoral, se evidencia en la indolencia de la Cancillería para garantizar los derechos políticos de los/as ecuatorianos en varios consulados de Venezuela, Inglaterra, España, EEUU, en donde, de acuerdo a las denuncias de ciudadanos/as migrantes, hay desinformación sobre las elecciones, mala organización de las Juntas Receptoras del Voto, eliminación y/o cambio de recintos electorales a última hora, hasta llegar al colmo de, en el caso de la Embajada del Ecuador en Panamá, “lamentar” la no realización de los comicios debido a la cuarentena que vive ese país (Pichincha Universal, 29-01-2021), en lugar de garantizar -como es su deber- el derecho al voto de nuestros compatriotas, otorgándoles los salvoconductos del caso.

El que la función electoral está matriculada con intereses políticos definidos se ha evidenciado en las interminables maniobras de los vocales del CNE para impedir la participación progresista en las elecciones, que no paran hasta este momento, pues el 29 de enero, el vocal Luis Verdesoto, en una acción impulsiva, que lo coloca más como un sujeto político desesperado que como un juez electoral imparcial, tuvo el desparpajo de “denunciar infracciones electorales graves” y,  sin basarse en una investigación, en una contrastación de información,  demandó nada menos que la “destitución de los cargos” del binomio Aráuz-Rabascall y la “suspensión de sus derechos políticos” (Pichincha Universal, 30-01-2021).

A estos exabruptos que muestran el impúdico sesgo político del CNE, se suman en los últimos meses, los abiertos choques entre el CNE y el TCE en torno a la participación electoral del movimiento político del millonario Álvaro Noboa, Justicia Social. A la larga, la marginación del exportador Noboa a favor del banquero Lasso en el seno del CNE y la defensa a ultranza de Noboa por parte de un juez del TCE, se ha constituido en un pretexto de conspiración en contra del propio proceso electoral.

Y así, hemos visto cómo, por primera vez en la historia electoral de los últimos cuarenta dos años, se ha llegado al extremo de poner por delante de los derechos políticos del pueblo, los “recursos judiciales pendientes”, la “destitución de consejeros” y hasta la “impresión de papeletas” por parte de autoridades cuya responsabilidad fundamental es resolver los problemas para garantizar los derechos políticos ciudadanos y no cargarnos sus problemas en perjuicio de nuestros derechos. Lo que permite sospechar que tal “choque” no sería ya, en realidad, sino otro de los contubernios del antiprogresismo para impedir la expresión de la voluntad popular por cualquier vía: ¿suspensión de las elecciones? ¿descalificación de candidatos? ¿fraude? Y todo esto, a vista y paciencia del resto de sujetos políticos subordinados a las elites, cuyo silencio abrumador parecería aprobar esta agenda oculta.

En estas elecciones, sin embargo, no solo se dirime la dirección del país para los próximos años, sino también el destino de la integración de nuestra región. Se dirimen, por tanto, proyectos de alcance geopolítico que contrarían a la potencia del Norte.  Por consiguiente, la operación reaccionaria en marcha se desarrollaría, en el marco de una operación encubierta del imperio, convirtiendo a los interventores criollos en meros operadores de ésta.  En efecto, a días de realizarse las elecciones, Moreno ha viajado a EEUU a reunirse con el Consejero de Seguridad de la Casa Blanca y con Almagro, operador de EEUU en la OEA. Que están tramando algo, es indudable, toda vez que se conoce, además, que EEUU ha destinado millonarios recursos a controlar el proceso electoral ecuatoriano a través de agentes de su confianza, en articulación con las funciones ejecutiva y electoral (Arkonada, 2021).

Pero, como han demostrado recientemente Argentina, Bolivia y Venezuela, la mano del imperialismo y de las oligarquías no es todopoderosa.  Se enfrenta a la férrea voluntad de los pueblos de revertir la injusticia provocada por la codicia desmedida de las elites y la ilegitimidad en la que esta ha sumido a su conducción estatal, que han podido contrastar gracias a otras experiencias vividas.  Las conspiraciones pues, tienen sus límites.  No se asientan en la razón, en la justicia, sino en el miedo. He ahí su debilidad. Y eso es lo que tienen todos los conspiradores actuales. Terror del inminente pronunciamiento popular. Por ello buscan por todos los medios frenar la imparable ola progresista que romperá en las elecciones del 7 de febrero de 2021 en Ecuador pronunciándose masivamente por su binomio y ordenando un cambio en la correlación de fuerzas.