La bolsa de los afortunados versus la vida de los vulnerables

Por Diego Borja Cornejo 

Numerosas voces exigen a las autoridades la vuelta a “la normalidad”. Gremios empresariales, sobre todo las cámaras de comercio de Quito y Guayaquil, influencers favorables a recuperar el lucro, presentadores de televisión de los grandes medios y otros presionan para que las autoridades del gobierno nacional y de los gobiernos locales, relajen las medidas de aislamiento físico y se vuelva a “la normalidad”.

Por otro lado, trabajadores llamados informales, sin relación de dependencia laboral, aunque mejor sería denominarles trabajadores con ingreso de sobrevivencia, el cual depende de la actividad diaria: comerciantes de los mercados de alimentos, vendedores ambulantes, taxistas, tricicleros, vendedores callejeros, plomeros, carpinteros, albañiles, electricistas, repartidores, vulcanizadores, mecánicos, trabajadores en salones de belleza, empleadas domésticas del día, minadores de basura, intermediarios, cocineros, músicos, artistas populares, maestros de apoyo a la enseñanza a domicilio, y miles más, obligados por la fuerza de esta “circunstancia estructural”,  salen a la calle y son el estigma de los indisciplinados.

Para quienes presionan desde la economía empresarial, “la normalidad” es entendida, como la vuelta a las actividades productivas que se realizaban antes de la crisis del covid19. Esto quiere decir, en términos muy resumidos, las actividades de un sistema comercial muy dependiente de las importaciones; la exportación de productos, algunos de ellos venidos a menos por la caída de la demanda en el mercado mundial; la construcción de viviendas e infraestructura; los servicios personales y a las empresas; la producción industrial. Las empresas de este sector de la economía, la de la relación de dependencia: trabajador – empleador, es la que se beneficiará de la “flexibilidad consagrada” en la Ley (anti) Humanitaria enviada por el gobierno y apoyada por la mayoría de (AP, CREO, ID) en la Asamblea Nacional; también es la que se beneficiará de la extensión del plazo para los pagos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), al Servicio de Rentas Internas (SRI), de los créditos empresariales –si se llegan a dar- anunciados por el gobierno y de otros beneficios. Claro que este sector también ha sido golpeado, y fuertemente, por la crisis sanitaria y el manejo económico favorable al capital financiero –casi en exclusiva-. De acuerdo al Informe Especial No 2. COVID-19. “Dimensionar los efectos de Covid para pensar en la reactivación”, de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), entre los sectores más afectados por la crisis del covid19 y los medianamente afectados en el Ecuador representan el 90,1 % del aporte al PIB (23,6 % y 66,5 %, respectivamente).[1] Eso quiere decir también, que la inmensa mayoría del empleo adecuado va a verse golpeado en igual o mayor magnitud. Pero en una economía, con profundas heterogeneidades entre sectores y con una extensión mayoritaria del empleo inadecuado, serán los sectores no formales los mayormente maltratados.

En el citado Informe de la CEPAL  se afirma, para el conjunto de la Región Latinoamericana que esta “será la causa de la mayor crisis económica y social de la región en décadas, con efectos muy negativos en el empleo, el combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad”.[2] Si a esto se añaden los efectos del manejo económico por parte del gobierno, la crisis podría ser aun más desastrosa.

El retorno a la producción, en una época bastante fuera de la “normalidad, tiene lugar en medio de políticas de manejo de la crisis de salud y de la economía que se han mostrado inservibles, ineficientes e inoportunas. Por ello es que el resultado ha sido un desastre. El Ecuador sigue ocupando los primeros puestos a nivel mundial en cuanto a fallecidos y contagiados por millón de habitantes. Pero al mismo tiempo, sigue ocupando los últimos puestos en cuanto a pruebas de diagnóstico; y a número de pruebas de diagnóstico por caso confirmado frente al total de casos confirmados por cada millón de personas.

El elevado crecimiento de los contagios no ha tenido el nivel de respuesta de un gobierno que debería tener como objetivo principal el cuidado de la vida y la salud de su pueblo.

 

Como se puede observar en el Gráfico No 1, al 3 de junio, día en el que la capital de la República cambió a “semáforo amarillo”, el Ecuador aparece entre los países del mundo con mayor número de muertes totales confirmadas por millón de habitantes, y de muertes diarias confirmadas por millón de habitantes.[3]

Cabe resaltar que los datos oficiales de la Secretaría de Gestión de Riesgos reconocían 3.438 fallecimientos por Covid19 al 2 de junio.[4] De su lado, el Registro Civil, informa que al comparar el número de defunciones entre marzo, abril y mayo de 2019 frente al mismo período del 2020, este aumentó en 16.019 personas. Para la provincia del Guayas este número fue de 12.486 defunciones adicionales; seguida de Manabí con 1.276 muertes adicionales; luego Santa Elena con 1.104; Pichincha con 669; El Oro con 526 y Los Ríos con 348 decesos adicionales. El total de defunciones por cada 1.000 habitantes a nivel nacional en este período es de 0,92. Guayas y Santa Elena registran mayores decesos por cada 1.000 habitantes (2,85 y 2,75 respectivamente).[5]

Como se muestra en el Gráfico No 2, se puede afirmar que la curva del impacto letal de la pandemia no se ha “aplanado”, muy al contrario de lo que sostienen ciertos voceros de gobiernos locales y del gobierno nacional.

 

 

Los casos confirmados, incluso con pruebas de diagnóstico todavía escasas, siguen aumentando al igual que las muertes, lo cual le coloca al país, también en esta comparación, entre los primeros del mundo, tal como se muestra en el Gráfico no 3.

Numerosas publicaciones internacionales han alertado sobre el subregistro de las defunciones.[1] Sin embargo, usando las propias cifras oficiales, Ecuador y Brasil, ocupan puestos vergonzosamente sobresalientes en cuanto a las muertes causadas por la pandemia.

 

 

Tanto en número de muertes acumuladas, como en registro de muertes diarias, el Ecuador muestra datos extremadamente graves. No obstante, la respuesta gubernamental ha sido menos que mediocre.

De las experiencias internacionales, de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de expertos en epidemiología, queda claro que una de las herramientas indispensables para controlar la pandemia es la información sólida, basadas en pruebas de diagnóstico, especialmente las pruebas PCR (siglas en inglés de Polymerase Chain Reaction, Reacción en Cadena de la Polimerasa). En el Ecuador, de acuerdo a la información oficial al 2 de junio, se habían realizado 72.769 PCR (41.311 pruebas que han descartado casos y 31.458 pruebas que han confirmado casos).[2] Incluso sumadas pruebas PCR y “pruebas rápidas”, muchas de estas últimas de dudosa eficacia, el país ocupa los últimos lugares en comparación con otros, incluyendo aquellos en los que la incidencia de la epidemia ha sido menor.

Cuando se compara el número de pruebas por caso confirmado frente al total de casos confirmados por millón de personas, el Ecuador aparece solo por encima de Perú, el cual ha experimentado un crecimiento explosivo de contagios.[3]

 

 

Evidentemente con un diagnóstico tan impreciso es imposible trazar una adecuada estrategia: para establecer el cerco epidemiológico de los contagiados; y para definir políticas eficaces en territorio.

En medio de estas condiciones, hay mayores presiones para volver a una normalidad productiva, y varios cantones del país, han desescalado las medidas de aislamiento físico y han pasado del “semáforo rojo” –aislamiento-, al “semáforo amarillo” –distanciamiento-. El lunes 1º de junio las autoridades de 29 cantones más optaron por esta decisión y 9 adicionales se anunció que lo harán a lo largo de esa semana. Con esto, sumarían 80 cantones, en todo el país, que desescalarán las medidas de aislamiento y pasarán a las de distanciamiento. Dos cantones, inclusive – Daule y Aguarico- pasaron ya a semáforo verde.[4]

El 3 de junio, Distrito Metropolitano de Quito pasó a “semáforo amarillo” en medio de numerosos pedidos de que aún no se tome esta medida.[5] En ello han coincidido desde la Prefecta de Pichincha, hasta especialistas médicos e investigadores de la salud. Con anterioridad, rectores de varias universidades, representantes de gremios de médicos y cerca de ciento veinte investigadores y profesionales de la salud se dirigieron al Alcalde de Quito para decirle que “no permita que el 26 de mayo se abra Quito para ejecutar los planes pilotos, privilegie la vida de los quiteños, ya tendremos tiempo y manos vivas para ‘reactivar la economía’”. Los profesionales de la salud alertan que en caso de relajar las medidas “los hospitales, las unidades de cuidados intensivos y las funerarias” se desbordarán y se convertirán en las actividades “económicas” que se verán completamente saturadas. “Hoy todavía el resultado de la evaluación riesgo/beneficio está a favor de la vida, recuerde que los dólares por muchos que sean, no serán suficientes para olvidar a los muertos, no permita que tengamos estadísticas lamentables”. Le piden al Alcalde de la Capital de la República “que se considere a la pandemia como un problema técnico, que debe ser resuelto en ese mismo escenario, por la técnica, la ciencia y la evidencia”. Cuestionan severamente la información entregada en días pasados por el ministro de Salud, respecto de que el 22 % de la población de Quito estaría infectada y recuerdan que lo que “sí está claro, es que el número de muertes por covid19, en Pichincha, se duplicó en los últimos 7 días”.[6]

Algo esencial sobre lo que alertan los médicos es la “hipotética y no evidenciada ‘inmunidad de rebaño’”. Al respecto afirman que es un concepto acuñado por gente que se da de experta en el tema, que no lo es, y cuyo objetivo es presionar para la vuelta a una realidad pasada.

Probablemente el sueco es el modelo emblemático de laissez-faire de la pandemia a nivel mundial, es decir de no obligar a mantener restricciones físicas. En Suecia no cerraron restaurantes, ni escuelas para menores de 16 años, ni gimnasios y no se han impuesto mayores restricciones a la libre circulación de las personas. No obstante la actividad en bares habría disminuido entre un 20 % y un 40 % y el transporte público, entre un 30 % a un 40 %. La estrategia de las autoridades de salud habría apuntado a conseguir la “inmunidad de rebaño”, es decir el desarrollo de anti cuerpos de forma masiva, al exponer a la población a la enfermedad sin ningún tipo de confinamiento. Sin embargo, como informa The Guardian, “según un estudio, solo el 7,3 % de los habitantes de Estocolmo habían desarrollado anticuerpos covid-19 a fines de abril, lo que suscita preocupación de que el enfoque ligero del país sobre el coronavirus podría no estar ayudando a desarrollar una inmunidad amplia”. A juicio de Björn Olsen, profesor de medicina infecciosa en la Universidad de Uppsala, la inmunidad colectiva es un enfoque “peligroso y poco realista”. De alcanzarse, dice el experto, está muy lejos aún.[7]

La estrategia ha sido criticada por muchos académicos suecos, pues el número de muertes ha superado largamente a sus vecinos nórdicos y en relación a su población le colocan entre los más altos del mundo (el séptimo en cuanto a muertes por millón de habitantes).[8]

Incluso el epidemiólogo sueco que lideró esa estrategia reconoció a inicios de junio que la decisión de Suecia de no imponer un bloqueo estricto en respuesta a la pandemia condujo a demasiadas muertes.[9] El experto había señalado anteriormente, en abril, que el alto número de muertes se debió a que no se tomaron las debidas precauciones en poblaciones específicas: los ancianos –que corresponden al 50 % del total de muertes- y los inmigrantes.

Según informa la BBC, “Annika Linde, la epidemióloga sueca que solía asesorar al gobierno en el pasado, cree que Suecia respondió mal y debería haberse centrado en tres cosas: una cuarentena temprana; mayor protección de los hogares de ancianos; pruebas intensivas y seguimiento de contactos en áreas de brotes”.

Si como dicen los médicos ecuatorianos y lo demuestra la experiencia sueca la “inmunidad de rebaño” no se ha probado en la experiencia y por tanto es científicamente cuestionable –al menos en el plazo en el que tiene vigencia la pandemia del covid19 en el mundo-. ¿cuál es la estrategia más adecuada para el retorno a la actividad productiva?

Claramente la estrategia de “libre actividad” que promueve Bolsonaro y sus adláteres en todo el mundo es el mejor sistema para que la variable de ajuste sea la vida. O sea, que la gente se “auto discipline” ante la evidencia de que muchas personas a su alrededor simplemente mueren o se enferman. Con esta estrategia, Brasil ha pasado a ocupar el segundo lugar, solamente detrás de los Estados Unidos, en cuanto a número de casos de contagio y el cuarto lugar en cuanto al total de muertes; y en estricta correlación con lo anterior, ocupa el puesto 128 en cuanto a total de pruebas de diagnóstico aplicadas por millón de habitantes.[10]

¿Qué debe hacer el gobierno del Ecuador y los gobiernos locales para proteger a quienes se ven obligados por la fuerza de las circunstancias a volver a la actividad diaria y estar en mayor riesgo de contagio y muerte?

¿Cómo hacer que la contradicción entre la economía o la vida que nos proponen  ciertos voceros empresariales no se convierta en la bolsa de los afortunados versus la vida de los vulnerables?

Para empezar, como dice Richard Baldwin, investigador de temas de comercio internacional, globalización, política económica y crecimiento, PhD por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), o sea claramente lejos del círculo del “madurismo”, el “correismo”, o el círculo de Putin o Xi Jinping: “si no implementas una cuarentena para ahorrar dinero, estás frente a un asunto moral y no económico”.[11] Por lo tanto, es absolutamente falsa la disyuntiva entre salvar vidas y salvar la economía. A juicio de este experto en comercio, es necesario “cerrar la economía” para disminuir el contagio, pero al mismo tiempo instrumentar una política económica que asegure la protección de la economía para el momento de regreso a la producción. “En el fondo lo que necesitamos es cuarentena y un gran gasto fiscal”. Es decir, una línea de política pública completamente diferente a lo realizado por el gobierno de Lenin Moreno.

De acuerdo a Baldwin la relación entre la evolución del covid19 y la economía tiene la forma que se presenta de forma estilizada en el Gráfico No 5.

En la parte superior, la curva en rojo muestran la evolución de los casos de contagio diario, en condiciones de ausencia de intervención de política pública para contener la pandemia. La curva en azul, sería  la evolución de los contagios, con intervención de políticas públicas. En este último caso, la crisis sanitaria sería menos severa, en cuanto al número de casos diarios, aunque más prolongada en el tiempo. Sin decirlo, este gráfico hace una apuesta por la “inmunización de rebaño”, lo cual como ya se ha dicho no muestra evidencia empírica. En ausencia de políticas públicas, la curva crecería de forma exponencial en cuanto al número de contagios diarios y en vez de disminuir, como en el gráfico estilizado de Baldwin, se estancaría haciéndose más duradera en el tiempo.

 

Esto pude observarse en el caso real de los contagios en los Estados Unidos (Gráfico No 6) y del Brasil (Gráfico No 7). En los dos casos, la contención de la epidemia por parte de sus gobiernos ha sido limitada e ineficaz. La apuesta en los dos casos – Estados Unidos y Brasil- es por la “contención automática o de mercado”, donde el costo en vidas y sufrimiento es elevadísimo.

Gráfico 6

Gráfico 7

A diferencia de la apuesta por el control automático o de mercado, cuando existen políticas de contención, las curvas alcanzan un pico de contagios diarios y empiezan a disminuir en menos tiempo. El costo en vidas humanas es mucho menor. De igual forma es mucho menor la presión sobre el sistema hospitalario público, sobre el gasto en medicina curativa y sobre la altamente costosa terapia intensiva.

Esta evolución se puede observar, por ejemplo en los casos de Corea del Sur y de Japón, cuyos gráficos se muestran a continuación.

Gráfico 8

Gráfico 9

Mientras en Estados Unidos los contagios ascienden a 5,69 por mil y en Brasil a 2,62 por mil, en Corea del Sur, el indicador es de 0,22 por mil y en Japón de 0,13 por mil. Esto implica una relación de 43 a 1 entre Estados Unidos y Japón y de 25 a 1 con Corea del Sur.

En el caso del Ecuador, la tasa de contagios es de 2,48 por mil, superior a la de Brasil.

Realizando la corrección al gráfico propuesto por Baldwin, una comparación realista, entre la evolución de la epidemia del covid19 y la economía para el Ecuador sería el que se propone a continuación en el Gráfico No 10.

 

En ausencia de políticas públicas, tanto para el control de la pandemia, como de la recesión económica, la evolución sería la que muestran las curvas en rojo. En los dos casos, con mayor prolongación en el tiempo y mayor severidad, tanto en número de contagios diarios, como en profundidad de la caída de la actividad económica.

En caso de contar con políticas públicas, la profundidad de la crisis sanitaria, podría ser más corta en el tiempo, y con una severidad moderada. Esto se puede afirmar con evidencia empírica que la soporta (caso de Japón y Corea del Sur), para el tema de la pandemia.

La severidad de la crisis económica, medida con un indicador agregado, como podría ser la actividad económica, en caso de existir políticas públicas, sería menor. Sin embargo, la amplitud en el tiempo va a estar ligado a la eficacia de las políticas de reactivación, incluyendo reconversión productiva y sectoriales, y la respuesta de los agentes económicos.

Por el momento, el desafío es ¿cómo hacer que la contradicción entre la economía o la vida que nos proponen ciertos voceros empresariales no se convierta en la bolsa de los afortunados versus la vida de los vulnerables?

Para ello es necesario reflexionar desde una perspectiva temporal. El inmediato retorno a la actividad, definido por el cambio en los semáforos, del rojo al amarillo, en el que ya está inmerso más de una tercera parte de los cantones del Ecuador; y el de corto plazo, que de forma arbitraria constituye el resto del año 2020, identificando las acciones de política económica que deberían instrumentarse para la reactivación del empleo y la producción.

Luego está el escenario de mediano plazo, que implica modificaciones drásticas en el esquema de política económica instrumentado en el país, lo cual obliga necesariamente a una modificación del “pacto de gobierno” actual favorable al capital financiero, por un “pacto social” favorable a la producción, el empleo, la inclusión y la equidad.

Acción Inmediata: Configurar una economía de protección de la vida y la salud

Es relativamente usual concebir el término “economía de guerra”. El sentido común nos dice que hace referencia a la subordinación de todas las actividades económicas a una situación de guerra o de conflicto armado al que se ve abocada una sociedad.

Una situación tal obliga a adaptarse a un momento extraordinario. No solamente al hecho de enviar soldados y recursos al frente de batalla, sino a sostener la retaguardia: producción de equipamiento, cuidado de los heridos, apoyo a las familias afectadas, vigilancia de los recursos estratégicos, producción de alimentos, estructuración de líneas de defensa, mantenimiento de actividades como educación, innovación y otras. Todo ello adaptado al objetivo esencial que es ganar la guerra, con el menor número de bajas.

Esto implica un cambio en las prioridades sociales y políticas, en la asignación de recursos (económicos, físicos, intelectuales, etc.), modificaciones productivas, sacrificios de los ciudadanos en su vida cotidiana, adaptaciones institucionales. Centrar todos los esfuerzos económicos y poner en marcha una movilización general de la sociedad para apoyar el esfuerzo bélico en el frente y en la retaguardia.

Usando lo anterior como referencia, lo que se requiere en lo inmediato es la estructuración de una economía de protección de la vida y la salud de las personas que retornan a las actividades productivas. Esto incluye a todos los trabajadores en el sentido más amplio –en relación o no de dependencia-. Para es necesario poner en marcha al menos acciones como las siguientes:

1.- Masificación de Pruebas de Diagnóstico PCR

  • Las empresas que vayan incorporando a sus plantas trabajadores en relación de dependencia deben realizar obligatoriamente pruebas de diagnóstico a todos sin excepción.
  • El gobierno nacional y los gobiernos locales deben realizar pruebas de diagnóstico de forma masiva en la mayor parte de los centros de aglomeración de trabajadores sin relación de dependencia: mercados, plazas, calles, avenidas, etc.,  sobre la base de una adecuada definición territorial.

2.- Conformación de brigadas de promotores de salud

  • En alianza con las facultades de medicina y enfermería de las universidades, empresas y gobierno (nacional y locales) deberían constituir cientos de brigadas de promotores de salud. Estos trabajadores de la salud, remunerados, constituirían la fuerza de talento para: la aplicación de las pruebas y el monitoreo de salud de la personas que entrarían en el cerco epidemiológico, basado en la información entregada por la masificación de pruebas de diagnóstico.

3.- Estructuración de una red de laboratorios

  • Laboratorios privados, públicos y del sector universitario y de organismos no gubernamentales, entrarían en lo inmediato, de forma planificada a participar en el procesamiento de las pruebas PCR.

4.- Asistencia al “cerco epidemiológico”.

  • Monitoreo a las personas que se hallen en aislamiento obligatorio en los hogares. Esto tendría que hacerlo personal de salud calificado con participación de médicos y promotores de salud. Debe incluir recopilación de información, respuesta eficaz a solicitudes de las personas o sus familiares, coordinación con el sistema de salud (clínicas, hospitales, centros de salud), manejo ético de la información médica, etc. También debería incluir la existencia de centros de atención telefónica con personal calificado (sobre la marcha) para asegurar respuesta de calidad y con calidez, esto último extremadamente importante y ampliamente soslayado por quienes operan habitualmente estos sistemas públicos y privados.
  • La asistencia a las personas que se hallan en cerco epidemiológico debe incluir la entrega de medicamentos, el registro de información y en casos de población en condiciones de vulnerabilidad de ingreso, el auxilio alimentario.
  • Asegurar, por parte del gobierno (nacional y local), la provisión de alimentos, generando enlace con los productores directos, para las personas que se hallen dentro del círculo epidemiológico y sus familias.
  • Red de transporte adscrita a este objetivo.
  • Diseño de plataformas tecnológicas de apoyo.
  • Una red de prestadores de servicios de tecnologías de la información. La prestación de los servicios de telefonía e Internet debe ser garantizados, sin cobro alguno, durante al menos 180 días, para luego ser recuperados a lo largo de los siguientes 24 meses.

5.- Proteger educación y salud

  • Cumplir con las disposiciones constitucionales y legales y mantener el presupuesto para educación (básica, bachillerato y educación superior). La inversión y gasto en educación garantiza el derecho ciudadano, pero adicionalmente la estabilidad psicológica y emocional de niños y jóvenes y su capacidad productiva de  mediano y largo plazo. En tal sentido se debe mantener la ocupación de maestros en todos los niveles, sin disminuir sus horas de trabajo para ahorrar dinero que se destina al pago de deuda externa; contratar más talento humano para pedagogía en tiempos de clases virtuales; y la inversión para provisión de equipos e infraestructura educativa, material pedagógico, etc.
  • Realizar las inversiones inmediatas para garantizar el acceso de  niños y jóvenes a clases virtuales. Ya hemos visto la vulneración del derecho a la educación que están teniendo cientos de miles de niños y jóvenes que no pueden acceder a equipos e infraestructura de comunicación para recibir clases virtuales. El ministro de telecomunicaciones reconoce que existen 3 millones de estudiantes de colegios y escuelas fiscales inscritos en 150 mil centros de enseñanza, de ellos, 2 millones están haciendo uso de las plataformas educativas y tienen posibilidad de conectividad. Un millón de estudiantes, sin embargo, se ven privados del acceso. Este grupo de estudiantes no tiene ni el equipo ni la infraestructura en sus casas. La mayoría de los afectados pertenecen al sector rural.[13]
  • Ampliar el presupuesto de salud para contar con todo el talento humano de médicos, profesionales y trabajadores de la salud, incluyendo las brigadas de promotores ya propuesta. Se debe volver a contratar a miles de trabajadores despedidos del sistema de salud, incluyendo epidemiólogos y expertos en salud pública. Ampliar la inversión en equipamiento de salud hospitalaria, protección de trabajadores de la salud, pruebas de diagnóstico, contratación de laboratorios e inversión adicional en salud preventiva. El cambio a semáforo amarillo puede aumentar la demanda de atención de salud. La cantidad de personas hospitalizadas a causa del covid19 ha ido en aumento durante la primera semana de junio, respecto a los meses anteriores, según las infografías que entrega diariamente el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional. Se ha llegado a un promedio de 732 hospitalizados diarios a nivel nacional (no existe el detalle de información por ciudades).

5.- Aseguramiento de Calidad

  • Asegurar la calidad de los servicios prestados por las red de laboratorios, así como por los prestadores de servicios a las personas que se hallen dentro del cerco epidemiológico. Esto debería estar a cargo de una sección especial de operación inmediata de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), al ser una institución que tiene como misión “contribuir a la protección de la salud de la población, a través de la gestión del riesgo de los productos de uso y consumo humano, así como de los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario, facilitando a la vez el desarrollo del sector productivo nacional, entregando una atención ágil y expedita a los usuarios individuales e institucionales”.

6.-Inversión pública

  • El gobierno central debería asignar al ministerio de salud y a los gobiernos locales financiamiento inmediato para estas acciones. Esto pudo haberse realizado en los meses de marzo, abril o mayo, durante los cuales el gobierno prefirió pagar la deuda externa antes que proteger la vida de las personas.[14]

7.- Financiamiento

  • Línea especial de financiamiento para estas actividades por parte de los bancos públicos y privados. Tanto para gobiernos locales, como para agentes privados.

Estas actividades constituirían lo que mínimamente deben garantizar los gobiernos nacional y locales y las empresas privadas para el retorno a la actividad. Además de cumplir el objetivo esencial de proteger la vida y la salud de los trabajadores involucrados (con o sin relación de dependencia), son actividades económicas, que en medio de la crisis sanitaria contribuyen a la dinamización de la economía, generación de empleo, ingreso y consumo.

Además de lo dicho que es lo que habría que hacer, hay otras acciones que deberían no hacerse. Debería detenerse la agenda de privatización de empresas públicas, eufemísticamente denominada “monetización de activos”. Estas acciones no contribuyen en nada a la prioridad de proteger la vida y la salud de los ecuatorianos. Por el contrario, en tiempos de crisis, es de sentido común que  las ventas de activos se realizan a “precios de saldo”. Las concesiones de las refinerías de Esmeraldas y la Libertad, iniciadas por el anterior ministro de energía y ratificada por el actual,[15] la licitación a grupos privados del campo petrolero Sacha y otros, anunciada hasta junio de este año,[16] así como de la Hidroeléctrica Sopladora –momentáneamente detenida por problemas de glosas aún no resueltas por la Contraloría-,[17] son  inoportunas y lesivas para los intereses del país. De igual forma resulta lesivo e inconveniente la venta de las otras empresas públicas y sus activos en esta coyuntura anunciada en días pasados por el Presidente. De acuerdo a los anuncios oficiales, se venderían Correos del Ecuador, Medios Públicos, Tame, Unidad de Almacenamiento (UNA), Ferrocarriles y los Centros de Alto Rendimiento, las cuales se añaden a otras dos (Siembra –ExYachay EP- y Ecuador Estratégico) cuyo proceso de venta se inició con anterioridad. Todo esto debería detenerse.

Breves de la coyuntura económica

De acuerdo a la previsión que realiza el Banco Central del Ecuador para un escenario denominado “medio”, la caída de la economía durante el 2020 sería del 8,1 %. Esta monumental disminución significará una baja del 9,41% del PIB por habitante, colocándole al Ecuador en un escenario como el que se vivió el último año del siglo pasado, cuando quebró la economía nacional con efectos devastadores sobre el empleo, la pobreza, la desintegración de las familias, el cierre masivo de empresas, la emigración de millones de compatriotas en condición de refugiados económicos hacia países que en el momento actual ni siquiera podrían verse como alternativa.

El Banco Central del Ecuador aún no publica el índice de actividad económica (IDEAC)[18] para ninguno de los meses del año 2020. Sin embargo, con la información del último trimestre del 2019, puede inferirse que las principales actividades, en cuanto a su aporte al Valor Agregado Bruto, se han visto afectadas seriamente en lo que va de este año.

Esto coincide con la valoración que realiza la CEPAL para el Ecuador, al señalar que al sumar el aporte de los sectores más afectados por la crisis del covid19 y los medianamente afectados en el Ecuador se alcanza al 90,1 % de la contribución al PIB. Al contrario, el aporte de los sectores menos afectados por la crisis sanitaria solamente llega al 8,9 % del PIB.

Así mismo, ya para diciembre de 2019 podía verse claramente que el ciclo del PIB correspondía a uno de desaceleración pronunciada. El cual, sin tener información oficial aún para lo que va del año, puede afirmarse que se verá profundizado durante el 2020, pues los sectores que influyen en este se han visto seriamente afectados: producción de petróleo, depósitos a la vista, importación de bienes de consumo duradero y materias primas industriales; así como importaciones de materiales de construcción, bienes de capital agrícola, bienes de capital industrial y crédito al sector privado.

 

Con datos oficiales hasta abril de 2020, se observa una drástica caída de las exportaciones totales: 7.233,6 millones de dólares para el período enero – abril de 2019, frente a 6.422,7 millones para el mismo período del año en curso. De estas, las petroleras disminuyen de 2.871,7 millones a 1.587,3 millones; mientras que las no petroleras suben de 4.361,9 millones a 4.835,4 millones (473,5 millones adicionales).

En cuanto a los productos primarios, entre enero y abril del 2020 mejoran las exportaciones de banano y plátano, café, camarón, cacao, abacá y madera, y disminuyen las de atún, pescado y flores. En cuanto a los productos industrializados, solo aumentaron las exportaciones de elaborados de cacao y harina de pescado, el resto disminuyó.

La contracción de las importaciones totales es aún mayor. Estas pasan de 7.190,9 millones entre enero y abril del 2019 a 5.819,9 millones en el mismo período de 2020. La mayor contracción es de las importaciones no petroleras que bajan de 5.764,7 millones a 4.720,7 millones (1.044 millones menos). Evidentemente, esta evolución contribuye a la contracción de la actividad económica (empleo, inversión y consumo), pero configura un resultado positivo en el sector comercial externo, pues la balanza comercial muestra un aumento del superávit de 42,7 millones en el periodo de análisis del 2019 a 602,8 millones en el 2020. Resulta extraordinario el balance comercial positivo del sector no petrolero (114,7 millones en el 2020, frente a -1.402,8 en el 2019), pues después de la dolarización en el 2000 siempre ha presentado déficits comerciales. Esto que alivia la salida de divisas, sin embargo, provocará contracción de actividad, en un aparato productivo altamente dependiente de bienes de capital, insumos y materias primas importadas.

Entre enero y abril del 2020, las captaciones del sistema financiero –en promedio- fueron mayores que en el mismo período del 2019 (43.596,4 millones frente a 40.709 millones). Las colocaciones también aumentaron en el 2020, al pasar de 40.512,5 en promedio en el período de análisis del 2019 a 44.640,2 en el año en curso.  Sin embargo, ya para abril del 2020, se observaba un aumento de la cartera vencida tanto de hogares (1.571,5 millones frente a 1.098,3 millones), como de empresas (545,5 millones frente a 428 millones).

En lo que se refiere al empleo, tampoco se tienen cifras oficiales para el 2020. Con los datos a diciembre de 2019, se tenía que apenas el 38,8 % de la Población Económicamente Activa en el Ecuador contaba con un empleo adecuado. Con el rosario de despidos tanto en el sector público, como en el sector privado, y con la aprobación de la mal llamada Ley Humanitaria, que en realidad es una ley de precarización laboral, el empleo se deteriorará aun más.

En el veto parcial a esa Ley que realizó el Ejecutivo en días pasados, se eliminaban los pocos artículos favorables a los trabajadores. Uno de ellos, es tan lesivo que la Comisión de Desarrollo Económico al conocer el veto del Ejecutivo decidió recomendar al pleno de la Asamblea Nacional que se ratifique el texto respecto a la disposición interpretativa al artículo 169, numeral 6, del Código de Trabajo, de forma que los despidos de trabajadores por fuerza mayor estén ligados al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador. En una muestra más de su total indolencia frente a los más vulnerables, el Ejecutivo objetó la disposición interpretativa mencionada señalando que el texto (el único favorable al trabajador) propuesto por la Asamblea, evitaría que se pierdan empleos, “pues las empresas preferirán cerrar antes que inyectar recursos por parte de sus socios o asumir costos de despidos de secciones que ya no son productivas”.[21]

La caída del empleo tiene un impacto sobre la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Si para diciembre de 2019 solamente el 29, 2 % de los trabajadores se encontraban afiliados al IESS, con el deterioro en el empleo “formal”, esta cifra seguramente va a disminuir. Según datos de las Cámaras de Comercio de Quito y Guayaquil, en 26 días se registraron a nivel nacional 50.000 desafiliaciones del IESS. Con ello, al 10 de junio la cifra total asciende a 200.000 desafiliaciones de empleados en relación de dependencia entre marzo y mayo de 2020. El 45 % corresponde a la provincia de Pichincha y 25 % a Guayas. Con ello, solo 1,8 millones de trabajadores privados en relación de dependencia serían los que aportan al IESS, poniendo en grave riesgo a la sostenibilidad de la seguridad social (salud y pensiones) del país. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) alerta que si el gobierno no toma medidas efectivas para la reactivación de la economía, se podrían perder hasta medio millón de trabajos formales a lo largo del año.[22]

Acciones para el Corto Plazo

Las acciones económicas inmediatas, orientadas a conformar una economía de protección de la vida y la salud, tienen que articularse con otras orientadas a enfrentar los problemas económicos del corto plazo. Algunas de ellas serían:

1.- Fortalecer el sistema de salud pública

  • Proteger la inversión y el gasto en todo el sistema de salud pública. Para ello debe respetarse irrestrictamente la Transitoria Vigesimosegunda de la Constitución de la República del Ecuador según la cual el Presupuesto General del Estado destinado al financiamiento del sistema nacional de salud debe ser de al menos el 4 % del PIB. Adicionalmente, debe garantizarse que se ejecute ese presupuesto de forma eficiente y transparente. Esto implica poner en marcha planificación de la salud y gestión de la misma aprendiendo de las trágicas lecciones de la actual pandemia. Fortalecer los sistemas de salud preventiva, de salud pública, de las áreas de epidemiología, promoción de la salud y cuidados de salud basados en la sabiduría ancestral.
  • El equipamiento hospitalario, la reincorporación de los trabajadores de la salud despedidos por el gobierno de Moreno, la contratación de nuevo personal para las áreas señaladas. Cuando se exige el aislamiento físico de la mayoría de los trabajadores, quienes no pueden “quedarse en su casa” son los trabajadores de la salud. No resulta entonce lírico que las organizaciones de trabajadores pidan que junto al respecto de las condiciones de trabajo y seguridad, se reconozca su entrega como héroes en esta guerra contra el covid19, igual que se les reconoce a los héroes que defienden la soberanía territorial en una guerra. Proteger la inversión y el gasto en todo el sistema de salud pública. Para ello debe respetarse irrestrictamente la Transitoria Vigesimosegunda de la Constitución de la República del Ecuador según la cual el Presupuesto General del Estado destinado al financiamiento del sistema nacional de salud debe ser de al menos el 4 % del PIB. Adicionalmente, debe garantizarse que se ejecute ese presupuesto de forma eficiente y transparente. Esto implica poner en marcha planificación de la salud y gestión de la misma aprendiendo de las trágicas lecciones de la actual pandemia. Fortalecer los sistemas de salud preventiva, de salud pública, de las áreas de epidemiología, promoción de la salud y cuidados de salud basados en la sabiduría ancestral.

2.- Fomentar los sectores productivos que coadyuvan a la protección de la vida y el buen vivir.

  • Líneas de financiamiento para la producción agrícola de alimentos. Sobre todo para los sistemas de producción comunitario, cooperativo y de economías campesinas. Pero también para la producción agroindustrial y la industria de elaboración de alimentos. Los campesinos y agricultores, con fuerte presencia de indígenas y montubios, que no ha podido permanecer inactivos, son quienes se hallan estructuralmente sometidos a la mayor explotación y exclusión. Es en las zonas rurales donde se siguen verificando los mayores índices de pobreza y desigualdad. Estos sectores transfieren continuamente valor hacia los industriales y de servicios urbanos. El poder de negociación de sus precios es inferior frente a los bienes con mayor valor agregado (industrial y tecnológico). Es por tanto indispensable mejorar la capacidad de vínculo entre productores y consumidores de alimentos, para lo cual esta época de aislamiento abre puertas de oportunidad a través de las tecnologías de la información y comunicación. La inversión pública en Internet para las zonas rurales, es tan importante como la que debe realizarse en infraestructura de riego, centros de acopio, mercados locales y  ferias comunitarias. Igualmente la inversión pública en investigación agrícola en alianza con el sistema universitario.
  • Proteger la inversión y el gasto en todo el sistema educativo. Para ello debe respetarse irrestrictamente la Transitoria Decimoctava de la Constitución de la República del Ecuador según la cual el Presupuesto General del Estado destinado a la educación inicial básica y el bachillerato debe ser de al menos el 6 % del PIB. Además debe garantizarse la ejecución de ese presupuesto de forma eficiente y eficaz. El gobierno debe adicionalmente garantizar la infraestructura de conectividad y la provisión de equipos que hagan posible el acceso de los estudiantes a las clases virtuales ante la previsible permanencia del covid19 que obligue a repetir momentos de aislamiento físico para afrontar el problema sanitario en el futuro inmediato. De hecho, a dos semanas del cambio de semáforo del rojo al amarillo en la ciudad de Quito, el Alcalde señala que hay un “preocupante aumento de la demanda de camas tanto en hospitalización como en unidades de cuidados intensivos y que la capacidad de la red pública de salud está a tope”. Por ello se evalúa la posibilidad de volver al semáforo rojo. Estas situaciones pueden volverse recurrentes en el corto plazo y es necesario prever para evitar mayores pérdidas sociales y económicas.
  • Defender el financiamiento público de las Universidades.[23] Derogar las reformas del Consejo de Educación Superior (CES) que aumentan la carga laboral a los docentes a niveles que vulneran la calidad de la enseñanza (hasta 26 horas semanales); y definir métodos y sistemas que mantengan en la medida de lo posible la calidad de la enseñanza o que al menos no la vulneren, como lo hacen decisiones como la de definir un número mínimo de 40 estudiantes por aula virtual. Devolver los presupuestos de las universidades en general y a la investigación en particular. Detener las intervenciones por parte del CES en las Universidades Públicas orientadas a facilitar el despido de profesores y trabajadores universitarios.
  • La economía del cuidado que siempre ha ocupado un plano relevante, aunque no revelado, en la economía, se ha mostrado esencial durante esta etapa de aislamiento físico. El cuidado de la salud, la alimentación, la educación, el mantenimiento del hogar, el cuidado emocional y mental de los miembros, se ha mostrado en su verdadera dimensión humana fundamental. Sin embargo, el vínculo con la economía monetaria que provee los ingresos a los miembros del hogar la vuelve aún más vulnerable en condiciones de masivos despidos de trabajadores del sector público y privado, que hacen bastante previsible el aumento de los hogares en condición de pobreza. El cuidado de la vida no puede depender únicamente de la condición económica y de ingreso. En tal sentido, se justifica, más allá de toda argumentación crematística la necesidad de una Renta Mínima Vital, que debe ser instrumentada en el corto plazo. España la aprobó en días pasados y desde el 15 de junio los hogares más vulnerables podrán acogerse a ella. Para el caso español, “el ingreso mínimo vital irá de los 462 a los 1.015 euros por hogar, una cuantía que depende de si se tiene a personas mayores o hijos a cargo, y de los ingresos declarados en 2019”.[24] Esta renta, además de garantizar un consumo mínimo para las familias, así como niveles mínimos de equidad, representa un incentivo para los sectores económicos ligados a la producción de alimentos y servicios para el hogar. En tal sentido, también es dinamizador de la economía.
  • La provisión de Internet es indispensable en la etapa de aislamiento físico y durante el período de retorno paulatino a las actividades. En vez de concesionar o privatizar CNT debería proponerse un plan de dotación progresivo de Internet para toda la población que se encuentra excluida del servicio. Es evidente que esta inversión constituye un mecanismos de dinamización de la economía y de aumento global de la productividad. Además garantiza el acceso al derecho de la educación a millones de estudiantes actualmente excluidos.

3.-Dar soporte a los sectores que generan empleo, divisas e innovación

  • Muchas actividades, como lo hemos mencionado en párrafos anteriores están seriamente afectadas y buena parte de ellas, probablemente no volverán a realizarse. Hay otras en cambio, emergerán y se convertirán en prioritarias. La crisis económica va a requerir no solo de políticas de apoyo a la demanda –expansión de gasto, inversión y créditos gubernamentales-, sino también políticas de apoyo a la oferta –fomento sectorial, incentivos, etc.-. Actividades de producción y distribución de alimentos; logísticas; actividades ligadas a las tecnologías de información y comunicación que faciliten el enlace entre productores directos – intermediarios – consumidores; transporte con altos grados de seguridad sanitaria y otras orientadas a poner en valor la inocuidad de los alimentos; serán actividades altamente valoradas. De igual forma, con las actividades de apoyo a la educación virtual; del cuidado de la salud; de los servicios de mantenimiento a los hogares; del transporte sanitizado; de la construcción y mantenimiento de espacios saludables (de trabajo, de diversión, de enseñanza, de cultura, de deporte, etc.); de los restaurantes y el delivery al hogar; de la venta al detalle con nuevos criterios de valor nutricional; de aseguramiento de la salud y frente a otros riesgos; del entretenimiento virtual. Se requerirá respuestas ágiles de los proveedores de crédito y de otras acciones de incentivo y fomento desde las políticas gubernamentales. En un estudio dado a conocer a mediados de abril por la consultora PwC se mostraba que todas las empresas en el Ecuador son altamente vulnerables a la contracción de la liquidez. Las  instituciones financieras y aseguradoras serían las que tienen mayor resistencia, con un promedio de entre 45 a 50 días. Los más vulnerables, en cambio, serían los emprendedores (15 a 20 días), las empresas de alojamiento (20 a 25 días), agricultura (30 a 35 días) e industriales (35 a 40 días). Políticas de apoyo a la liquidez de empresas dedicadas hacia actividades que se mantendrán en el período post pandemia serán indispensables; pero también apoyo a la reconversión productiva de muchas de ellas. Esto implica cambiar mecanismos tradicionales de asignación del crédito basados en los records históricos de flujo financiero de las actividades empresariales. Si van a haber transformaciones deben modificarse los métodos de evaluación de riesgo. Como los bancos privados no lo hacen, tendrían que operar los bancos públicos con créditos a  las empresas que se transformen. El sistema de fondos de garantía, tantas veces planteado, deberían entrar a funcionar. En vez de proponerse la privatización del Banco del Pacífico habría que usar este banco como herramienta eficaz de asignación de crédito (sectores y condiciones de financiamiento –tasa de interés, plazos, garantías, etc.-).
  • Innovación. Los problemas complejos toman tiempo en ser resueltos. Sin embargo, hemos asistido a respuestas rápidas por diversos agentes económicos e institucionales: empresas, universidades, organizaciones sociales y comunitarias, organizaciones sin fines de lucro y personas. Investigadores en el ámbito de la salud lo han hecho, adaptándose a recortes de presupuesto (en instituciones académicas, instituciones públicas y empresas) y muchas veces usando sus propios recursos. Los trabajadores de la salud, muchos en condiciones precarias, han modificado formas y protocolos de atención muy rápidamente. Las cadenas de suministro, los fabricantes y comerciantes han tenido que responder a  las nuevas demandas en todos los sectores. Los supermercados, los servicios de transporte y logística han desarrollado protocolos de seguridad con miras a proteger a sus empleados y clientes. Los restaurantes han encontrado formas de garantizar que los clientes tengan acceso a sus servicios en nuevas condiciones de atención. Los educadores han desarrollado y han adaptado sistemas virtuales de enseñanza. Se ha puesto en evidencia la gran utilidad de las TIC’s y el big data. A la fuerza se ha multiplicado, con sus beneficios y también perjuicios –como las horas extras de trabajo no remuneradas- el teletrabajo. Las  fuerza de las circunstancias han obligado a una masiva adaptación, innovación, transformación de hábitos, métodos, rutinas, etc. Es indispensable contar con el apoyo de la institucionalidad pública para dar soporte a estas iniciativas que se multiplican en el tejido social y productivo. Es interesante la información que proporciona el Coronavirus Innovation Map, donde se observa que en muchas ciudades, que más han sufrido los embates de la epidemia (Milán Barcelona, Paris, Moscú) también son donde surgen innovaciones. En este mapa mundial de las innovaciones, donde lastimosamente no aparece ninguna ciudad ecuatoriana, el énfasis se ha puesto en áreas como prevención, rastrear y prevenir la propagación del virus; diagnóstico (qué tipo de kits de diagnóstico se utilizan para identificar a las personas con el virus); tratamiento (qué tipo de tratamientos preventivos pueden usarse mientras se siguen desarrollando tratamientos y vacunas específicos); subvenciones e iniciativas de apoyo; información (cómo puede la población obtener información oportuna y precisa sobre la situación de crisis y las innovaciones en curso); adaptación de la vida y los negocios, cómo ajustar nuestra vida cotidiana a la situación actual (aprendizaje virtual, teletrabajo, reuniones virtuales, entretenimiento).[25] La investigación y desarrollo y la innovación se convierten en actividades esenciales para enfrentar nuevos desafíos de todo orden (social, económico, tecnológico, institucional, político). El apoyo gubernamental a ese tipo de actividades se convierten en una inversión que no debería caer dentro de las primeras en ser suprimidas en nombre de una obsesión fiscal con contenido más teológico que científico.

La pandemia ha desnudado la exclusión y vulnerabilidad de amplísimos sectores de la población. La conciencia de los derechos adquirida por la ciudadanía, sobre la experiencia de sentir como posible el acceso a niveles de vida dignos durante un largo período que tuvo como hito la Asamblea Constituyente y la aprobación de la nueva Constitución en el 2008, han sembrado un estado de ánimo de indignación y desesperanza en amplios sectores de la sociedad.

Las masivas protestas de octubre, fueron una muestra del estallido al que puede conducir un gobierno que se esfuerza por aumentar los privilegios de un minúsculo grupo por sobre el sufrimiento de la gran mayoría. La rebelión en los Estados Unidos, cuyo detonante es el asesinato en manos de la policial  del afroamericano George Floyd, pero que se fundamenta en la rabia de más de 42 millones de desempleados, empobrecidos y excluidos, muestra que hasta en el propio corazón del imperio la indignación popular es difícil de contener una vez desatada. La salida violenta y autoritaria que han escogido varios gobiernos de la región, incluyendo el de Lenin Moreno, tiende a polarizar la respuesta social y ha hacer más doloroso el tránsito hacia un nuevo escenario de mayor justicia social.

El Estado de excepción al que apeló Moreno el 16 de marzo pasado para enfrentar la pandemia tuvo resultados menos que mediocres en ese ámbito. Sin embargo, la repetición continua del mismo, como lo hizo el Presidente Moreno el 15 de junio, puede tener otra eficacia, como es la imposición autoritaria de la agenda de los privilegiados –nacionales y extranjeros- y el control violento de quienes expresen su descontento. “Como de la abundancia del corazón habla la boca”, rápidamente la Ministra del interior tuiteó que “para minimizar el riesgo de contagio del covid19 se restringen libertades de movilidad y asociación en los términos que disponga el COE”.

Es iluso pensar que quienes gobiernan el Ecuador van a recapacitar. Han tenido tiempo y mientras no lo hacen se han multiplicado el luto, la enfermedad y la corrupción

El reto, para cambiar de política pública, es cambiar la alianza en el gobierno. Es pasar del pacto de dominación de las élites a un gran acuerdo social que recupere la decencia en el manejo público y la esperanza de la sociedad en el presente y futuro.

[1]          Ver https://rutakritica.org/necropolitica/

[2]          Ver, https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/2020/06/INFOGRAFIA-NACIONALCOVI-19-COE-NACIONAL-02062020-08h00.pdf

Cabe señalar que al sumar las pruebas PCR y las “rápidas” tanto de casos descartados como de confirmados el total llega a 93.341 y no a los 118.574 que se anuncian como total en la misma página.

[3]          Perú registra al 7 de junio un total de 196.515 casos de contagio y 5.465 muertes. Ver, https://www.worldometers.info/coronavirus/#page-top

[4]          “Daule, por ejemplo, el primer cantón que  decidió pasar del semáforo rojo al amarillo, registra una tasa de 38,7 casos confirmados por cada 10 mil habitantes. Eso es más de 3 veces la tasa de Quito, que se mantiene todavía con semáforo en rojo”. Ver, https://gk.city/2020/05/24/territorios-mas-afectados-coronavirus-ecuador/

[5]          Por ejemplo el pronunciamiento del biólogo Santiago Ron sobre el apresuramiento de Quito. https://twitter.com/PrimeraPlanaECU/status/1270418832239333377

[6]          Ver, https://drive.google.com/file/d/107x0LnvDdD0S6xuyaMOINRjogJOTL8Rt/view

[7]          Ver, https://www.theguardian.com/world/2020/may/21/just-7-per-cent-of-stockholm-had-covid-19-antibodies-by-end-of-april-study-sweden-coronavirus

[8]          Ver, https://www.worldometers.info/coronavirus/#page-top

[9]          Ver, https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52915607

[10]         Ibidem.

[11]         Ver, entrevista a Richard Baldwin para la BBC, https://www.bbc.com/mundo/noticias-52158532

[12]         Para los Gráficos No 6, No 7, No 8 y No 9 la fuente es: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

[13]         Ver, https://www.eluniverso.com/noticias/2020/04/24/nota/7822794/millon-estudiantes-acceso-educacion-virtual-durante-emergencia

[14]         Solamente en el mes de abril, el Gobierno pagó  936,34 millones por capital e intereses a bancos privados. Ver, Base de Datos Boletín Deuda Abril 2020.  https://www.finanzas.gob.ec/deuda-publica-nueva-metodologia/

[15]         Ver, https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/licitacion-concesion-refineria-esmeraldas

[16]         Ver, https://www.elcomercio.com/actualidad/rene-ortiz-campo-sacha-petroleo.html

[17]         Ver, https://www.primicias.ec/noticias/economia/concesion-sopladora-informe-contraloria/

[18]            “El IDEAC no es un indicador de Valor Agregado; sin embargo se utilizan las ponderaciones de cuentas nacionales en el cálculo de la producción bruta de las industrias consideradas en su elaboración”. Ver, https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IDEAC29.pdf

[19]            Las variables y las ponderaciones que se consideran en la construcción del IDEAC, se sustentan en los resultados del año base de las Cuentas Nacionales, 2007=100.

[20]         Ver, https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IDEAC/CicloEconIVT2019.pdf

[21]         El texto que será expuesto para la ratificación por parte de la Asamblea Nacional es el siguiente: “Interprétese el numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo, en el siguiente sentido: En estos casos, la imposibilidad de realizar el trabajo por caso fortuito o fuerza mayor estará ligada al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador, sea persona natural o jurídica. Esto quiere decir, que habrá imposibilidad cuando el trabajo no se pueda llevar a cabo tanto por los medios físicos habituales como por medios alternativos que permitan su ejecución, ni aún por medios telemáticos.” Ver, https://www.eluniverso.com/noticias/2020/06/15/nota/7873665/aprobado-informe-sobre-veto-parcial-proyecto-ley-urgente-apoyo

[22]         Ver, https://www.eluniverso.com/noticias/2020/06/09/nota/7867125/desafiliaciones-afiliaciones-desempleo-iess-ecuador

[23]         El Ministerio de Finanzas “suspendió” las acciones relacionadas con el recorte de casi USD 100 millones al presupuesto de 32 universidades y escuelas politécnicas públicas, según consta en una circular emitida el jueves 21 de mayo del 2020. Sin embargo, amenazó con que esta es una medida provisional hasta que la Corte Constitucional (CC) se pronuncie de forma definitiva.

[24]         Ver, https://www.elmundo.es/economia/2020/06/01/5ed4d1c4fdddff2f0c8b460c.html

[25]         Ver, https://www.startupblink.com/blog/introducing-coronavirus-innovation-rankings/

 

[1]          Ver, Informe Especial No 2. COVID-19. “Dimensionar los efectos de Covid para pensar en la reactivación”, Comisión Económica para América Latina, 21 de Abril de 2020, p. 12, en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45445/4/S2000286_es.pdf

[2]          Ibidem, p. 1

[3]          Ver, https://ourworldindata.org/grapher/covid-deaths-daily-vs-total-per-million

[4]          Ver, https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/2020/06/INFOGRAFIA-NACIONALCOVI-19-COE-NACIONAL-02062020-08h00.pdf

[5]          La fuente de esta información es: https://www.registrocivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/06/PRESENTACIÓN-DEFUNCIONES-POR-PROVINCIAS-1-ABRIL-AL-31-MAYO-21H00.pdf