Julián Assange, víctima de un gobierno cipayo

Por Erika Sylva Charvet

Opinión.- El 11 de abril de 2019 el gobierno de Moreno contravenía las reglas esenciales del derecho internacional al autorizar la invasión de las fuerzas de seguridad británicas al territorio soberano de la Embajada ecuatoriana en Londres para apresar al ciberactivista y laureado periodista Julián Assange, a quien el Estado ecuatoriano -durante el gobierno soberano de Rafael Correa- había concedido asilo el 16 de agosto de 2012, y posteriormente la ciudadanía, con el propósito de precautelar su vida “por la pena capital que pueda ser aplicada en Estados Unidos” (El Universo, 16 de agosto de 2012). El mismo 11 de abril, Moreno trataba de suavizar su monstruosa decisión diciendo que había solicitado “…a Gran Bretaña la garantía de que el señor Assange no sería entregado en extradición a ningún país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte”, asegurando “tener dos cartas escritas” de ese gobierno con dicho compromiso (El Comercio, 11-04-2019).

Sin embargo, dos meses después, EEUU solicitaba al Reino Unido la extradición de Assange (VOA, 11-06-2019), y el 1 de octubre de 2020 una jueza británica informaba que el 4 de enero de 2021, es decir, el día de mañana, se daría el dictamen sobre “si autoriza o no [su…] extradición […] a Estados Unidos que lo reclama por 18 delitos de espionaje e intrusión informática castigados hasta con 175 años de cárcel en ese país” (DW, 1-10-2020). En este marco, desde el mismo abril de 2019 Moreno endurecería su justificación con argumentos escandalosos como el de que: “(c)on sus heces fecales manchaba las paredes de la embajada, la casa de los ecuatorianos, el territorio ecuatoriano en Londres” (El Sol de México, 1-04-2019); o que su habitación se había convertido en un “centro de espionaje para poder observar…poder detectar mediante el hackeo ciertos elementos de defensa, de economía, de política por parte de los países hermanos”, y que, entre las reglas para garantizar el refugio, está “el hecho de no intervenir en la política de países hermanos” (DW, 20-07-2019).

La verdad, sin embargo, es que este caso devela en toda su magnitud la traición y el cinismo gubernamentales, porque Moreno había pactado su entrega a EEUU años atrás. En efecto, a mediados de 2017, poco antes de asumir la Presidencia, se habría reunido secretamente con Paul Manafort, ex jefe de campaña de Donald Trump.   El diario New York Times “…citando a tres personas conocedoras de las conversaciones, reportó primero que el presidente Moreno y sus asesores expresaron su deseo de que Assange abandonara la embajada, en al menos dos reuniones con Manafort, a cambio de concesiones por parte de Estados Unidos como el alivio de la deuda [….]. Durante las reuniones […] se reporta que Manafort sugirió que podría ayudar a lograr un acuerdo que incluiría la entrega de Assange a Estados Unidos” (S/A, CNN en español, 4-12-2018). Sobre el mismo tema, Jalife-Rahme afirma: “…La entrega de Assange a Estados Unidos ya estaba decidida desde 2017 cuando Trump envió a su representante especial Paul Manafort, hoy encarcelado, para operar un trueque con Lenín Moreno: Assange a cambio de retribuciones pecuniarias y acuerdos comerciales” (Jalife-Rahme, 2019).  De ahí que el “compromiso” británico de no extradición también sería destapado como un embuste cuando el 28 de enero de 2020 el Subsecretario permanente del Ministerio de RREE británico confesaría que el “Reino Unido nunca prometió no extraditar al fundador de WikiLeaks […] a un país con pena de muerte…” (Rtve, 28-01-2020).  Añadamos a esto que las “cartas compromisos escritas” del gobierno británico, que dijo tener Moreno, jamás aparecieron.

En relación al supuesto “espionaje” de Assange, a pocos días de las declaraciones escandalosas de Moreno, saltaba una contradenuncia por parte de su abogado defensor, Baltasar Garzón.  Según éstas, había sido Assange  -y no los “países hermanos”-, el “espiado como ‘en una película’” a través de la empresa española Undercover Global, encargada de la seguridad de la embajada ecuatoriana.  Y había sido el gobierno de EEUU, para el que trabajaba esta empresa, el que lo había ordenado, configurando un segundo acto de infamante violación de la soberanía territorial consentido por el gobierno cipayo. La acción encubierta sería confirmada por dos ex empleados de la empresa, uno de quienes afirmó que ésta se intensificaría con el triunfo electoral de Trump en las elecciones de noviembre de 2016 (El País, 9-07-2019; Página 12, 27-07-2020; Robalino, 30-09-2020).

Respecto a la escandalosa aseveración de Moreno sobre el supuesto comportamiento coprofílico de Assange, el ex Cónsul de la Embajada del Ecuador en Londres, Fidel Narváez, la califica categóricamente de “falsa”, destapando su inconsistencia y mendacidad en el marco del control y vigilancia permanentes vividos por el ciberactivista en la legación. “Esta descabellada mentira –afirma- parecería ser la favorita del gobierno y, por lo visto de la prensa. En los 6 años que estuve dentro de esa embajada, jamás se registró nada parecido. En el último año, cuando yo ya no estuve, Lenin Moreno aumentó el número de cámaras de vigilancia en todos los rincones de la embajada, excepto el baño. Cada momento y movimiento de esa embajada está registrado en video, con cámaras de alta tecnología capaces de registrar también audio, con las cuales el gobierno realizó un inescrupuloso espionaje a Julián Assange, propio de un Truman Show. Un espionaje que no respetó siquiera las reuniones con sus abogados, o médicos, sujetos a secreto profesional. Extorsionadores internacionales están ofreciendo videos, fotos y toda clase de documentos sobre la estancia de Julián Assange en la embajada. El gobierno no puede presentar prueba alguna de su mentira sobre ‘heces’, pero al parecer eso no importa, porque la prensa tampoco se la pide” (Narváez, 2019).

Pero, la sevicia del gobierno contra Assange ha ido incluso más allá.  Según el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Nils Melzer, Assange habría estado expuesto por años a un “entorno hostil” presentando “todos los síntomas (de) tortura sicológica”, lo que le ha llevado a acusar a los Estados de EEUU, Reino Unido, Suecia y Ecuador de haberlo sometido a una “campaña implacable y sin contención de intimidación” (DW, 31-05-2020).

Al igual que en otros ámbitos de su accionar, no hay lógica nacional en las decisiones del gobierno de Moreno en el caso Assange.  La colusión de un Estado tercermundista y Estados imperiales en la violación de los derechos humanos del ciberactivisa evidencia, por el contrario, que éstas se enmarcan en una política de absoluto servilismo a la estrategia de seguridad y a los intereses de los EEUU que “siempre presionaron para obtener la cabeza de Julián Assange” (Narváez, 2019).  En este, como en otros episodios, a Moreno no le importó humillar la soberanía nacional y cubrir de indignidad al Estado ecuatoriano.