Juicios políticos y vetos electorales en la batalla por la democracia en Ecuador

Por Guillaume Long

La persecución política y la manipulación de las elecciones por parte del gobierno de Moreno ya han convencido a un gran segmento de la población ecuatoriana, que las elecciones no son libres y justas. Este es un territorio inexplorado.

El presidente ecuatoriano Lenín Moreno y sus aliados han hecho todo lo posible para evitar que el ex presidente Rafael Correa y su movimiento político regresen al poder. Para lograr este objetivo, el gobierno actual ha perseguido a los opositores y ha prohibido a los candidatos postularse. El autoritarismo de Moreno, hasta ahora, ha pasado desapercibido internacionalmente. Con las elecciones programadas para febrero de 2021, es crucial que la comunidad internacional esté atenta a los persistentes intentos del gobierno ecuatoriano de pervertir el curso de la democracia.

La principal estrategia del gobierno de Moreno ha sido intentar impedir que el propio Correa sea candidato en las elecciones de febrero de 2021. El legado de Correa de reducir la pobreza y la desigualdad en el contexto de alto crecimiento económico durante sus 10 años como presidente (2007-2017) significa que él y el movimiento político que creó aún gozan de un amplio apoyo popular y representan la mayor amenaza para el nuevo pacto de élite que Moreno ha consolidado con esmero. Moreno había sido elegido inicialmente sobre una plataforma de continuidad con la “Revolución Ciudadana” de Correa. Una vez en el poder, sin embargo, Moreno asombró a Ecuador y al mundo al orquestar un dramático cambio de sentido político, que pronto prometió tomar medidas enérgicas contra el correísmo y deshacer 10 años de las políticas sociales y económicas de Correa.

En febrero de 2018, después de meses de implacable y fuertemente orquestado ataque mediático contra el legado del expresidente, Moreno organizó y ganó un referéndum para introducir límites al mandato. En un año, la popularidad de Moreno cayó en caída libre; disminuyendo en más del 50%, y continua disminuyendo a partir de entonces. Pero en la pequeña ventana de oportunidad que le brindó su luna de miel política, el proyecto político de Moreno pudo cumplir su propósito primordial: impedir que Correa se postulara para presidente de una vez por todas.

En junio de 2020, Correa anunció su intención de postularse para vicepresidente en las próximas elecciones. La presencia de Correa en la boleta electoral sin duda impulsaría el potencial electoral de su movimiento en las urnas y representaría una clara amenaza para Moreno y su alianza conservadora. Previendo esto, Moreno ya había resuelto que su opción más segura sería desterrar a Correa de la política ecuatoriana para siempre. La única forma de asegurar esto era a través de una forma claramente agresiva de judicialización de la política o “lawfare”, inspirada en los ataques judiciales contra adversarios políticos en otras partes de América Latina, como en el caso contra el ex presidente Lula da Silva en Brasil. Para llevar a cabo su plan, Moreno necesitaba un control estricto sobre el sistema de justicia, lo que logró deslizando una propuesta al referéndum de 2018 otorgándole poderes extraordinarios sobre el poder judicial. El referéndum le permitió a Moreno nombrar anti-correístas acérrimos y de confianza al frente de las instituciones autónomas. Una vez controlados el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Constitucional, el Fiscal General y la Contraloría General, pudo desatar todas estas instituciones contra sus enemigos correístas.

High-Level Policy Statements. Lenin Moreno. | ©ITU/I.Wood

Actualmente hay hasta 25 investigaciones penales en curso contra Correa. Por un tiempo, el principal caso contra Correa fue por presuntamente ordenar el secuestro fallido en 2012, en Colombia, de Fernando Balda, un fugitivo poco conocido de la justicia ecuatoriana vinculado a redes criminales, la extrema derecha y expresidente colombiano Álvaro Uribe. Este caso le otorgó a Correa una orden de prisión preventiva, suficiente para que se le prohibiera regresar a Ecuador. Este fallo brindó un gran alivio temporal a Moreno y sus aliados. Pero en agosto de 2020, el testigo principal del caso, un sargento de policía ecuatoriano que había sido fundamental en las acusaciones contra Correa, buscó refugio en Argentina donde anunció que lo habían amenazado con una pena de nueve años de cárcel si se negaba a testificar contra Correa.

Afortunadamente para Moreno, otra investigación criminal contra Correa, esta vez por cargos de corrupción, le había dado al régimen el resultado tan esperado. En abril de 2020, Correa fue sentenciado a ocho años de prisión y fue destituido de sus derechos políticos durante 25 años.

El caso de la fiscalía contra Correa se ha basado principalmente en el testimonio de Pamela Martínez, una exasesora de Correa, quien afirma haber aceptado dinero de empresarios en 2013 y 2014 con el conocimiento de Correa. Surgió un cuaderno en el que Martínez detalla las sumas de dinero que dice haber recibido. El cuaderno está escrito en presente, pero pronto se reveló que se imprimió físicamente en 2018, unos cuatro años después de que ocurrieran los supuestos hechos. Martínez afirma ahora que escribió el contenido del cuaderno “por impulso”, en un vuelo de 45 minutos de Quito a Guayaquil en 2018. Es así, de memoria, que Martínez alega haber incluido entradas como: “Hoy recibí a Alexis Mera en mi oficina ( …) He pedido una reunión con el presidente para contarle la solicitud de Alexis ”; y “el vicepresidente me dice que reciba el sobre y se lo entregue INMEDIATAMENTE…”; con la palabra “entregado” garabateada en diagonal, como si se verificara la tarea una vez realizada. Su contabilidad precisa de los fondos recibidos es también un tributo a la impresionante capacidad de Martínez para recordar, cuatro años después, el centavo exacto. Una entrada es para “13,306.88” dólares estadounidenses.

Sin embargo, el tribunal admitió el cuaderno como pieza clave de prueba. Correa fue declarado culpable – en ausencia de una implicación demostrable con los presuntos delitos – de “influencia psíquica”sobre un grupo de funcionarios públicos para cometer actos de corrupción.

Los abogados de Correa apelaron la sentencia. Por un tiempo, el gobierno temió que el recurso de Correa no se agotara para el 17 de septiembre, día en que los partidos pueden comenzar a inscribir a sus candidatos para las elecciones de febrero de 2021; los candidatos gozan de inmunidad procesal hasta después de las elecciones. Para impedir que Correa se postule, el proceso de apelaciones, que normalmente puede prolongarse durante meses, tendría que acelerarse significativamente. Pero incluso en el contexto de una pandemia que ha obligado al poder judicial ecuatoriano a cerrar virtualmente y posponer todas las audiencias no urgentes, la apelación de Correa pronto rompió récords de conveniencia. Si bien se necesitaron cuatro años para que la apelación del ex presidente ecuatoriano Jamil Mahuad fuera escuchada en un tribunal de casación, transcurrieron apenas 17 días entre la apelación de Correa, la audiencia de casación y la entrega del fallo final por escrito. Estos jueces, todos nombrados durante la intervención de Moreno del poder judicial, como era de esperar, confirmaron el veredicto de abril.

La presión popular y el escrutinio internacional, sorprendentemente ausente hasta ahora, serán necesarios para presionar al gobierno de Moreno para que desista de un mayor hostigamiento y para que tenga una apariencia de elecciones libres y limpias

Correa reside actualmente en Bélgica, el país de origen de su esposa, e Interpol, en sus intentos por mantenerse al margen de los casos motivados políticamente, ha negado repetidamente las solicitudes de Ecuador de que se emita una notificación roja en su contra. En definitiva, esto le importa poco a la alianza anti-correista. Si bien muchos pueden disfrutar de la visión de Correa en la cárcel, incluso si lo más probable es que genere una reacción política perjudicial para sus intereses, el verdadero propósito del veredicto de culpabilidad es dañar el legado de Correa, evitar que esté físicamente presente en el país y prohibirlo de presentarse a las elecciones.

La otra línea de ataque del régimen ha sido socavar la fuerza organizativa del correísmo. El propósito es evitar que Correa y sus seguidores tengan un partido político coherente y funcional. En 2017, Moreno despojó con éxito a Correa de Alianza País, el partido que Correa había creado en 2006 en su primera candidatura exitosa a la presidencia. Como exvicepresidente de Correa, Moreno sabía que para emprender una campaña efectiva contra Correa y su legado, necesitaba neutralizar el movimiento de Correa. La oportunidad surgió cuando el liderazgo de Moreno en Alianza País fue desafiado por varios leales a Correa. Otro fallo judicial favorable le dio a Moreno el control total sobre el partido. Por supuesto, Alianza País fue en esencia correista, y una vez que su líder histórico fue marginado, la mayoría de sus miembros abandonaron el barco. Pero plenamente consciente de su papel de transición, el objetivo de Moreno nunca fue realmente tener un partido fuerte propio. Su objetivo era hacer que la mayor fuerza política de Ecuador no tuviera partidos. Esto lo logró.

Correa y sus seguidores buscaron entonces crear un nuevo partido, pero sus intentos fueron frustrados sistemáticamente por las autoridades electorales controladas por el gobierno. En 2019, los correístas finalmente se vieron obligados aunirse a una organización política preexistente llamada Fuerza Compromiso Social. Entonces, el 19 de julio de 2020, las autoridades electorales de Ecuador simplemente suspendieron a Fuerza Compromiso Social del registro de partidos políticos, lo que le impidió presentar candidatos a las próximas elecciones. Como resultado, en agosto de 2020, los correístas se vieron obligados a buscar los auspicios de otro partido, el Centro Democrático, para albergar las candidaturas del movimiento.

Los enemigos de Correa saben que este interminable viaje de un partido a otro, con su correspondiente cambio de nombre, color, símbolo, número de lista y tratos incómodos con el liderazgo de los partidos anfitriones, genera una debilidad organizativa que dificulta la capacidad del partido para dedicar su energía a la tarea de obtener apoyo popular. Y, sin embargo, a pesar de estos incesantes intentos de erosionar el margen de maniobra de Correa, las encuestas de agosto de 2020 confirmaron que el correísmo sigue siendo una fuerza a tener en cuenta y es más probable que ocupe el primer lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de febrero de 2021. En todo caso, la nominación del 18 de agosto por parte del movimiento del joven economista Andrés Arauz como su candidato presidencial le ha dado al correísmo un impulso renovado.

Moreno, en cambio, se enfrenta a un futuro incierto. Su menguante popularidad y credibilidad, del 8%, es la más baja para cualquier presidente desde el regreso de Ecuador a la democracia en 1979. En octubre pasado, estalló la ira popular contra el programa de austeridad neoliberal del gobierno, respaldado por el FMI, lo que resultó en las mayores protestas del país en décadas. El gobierno apenas recuperó el control de la situación después de reprimir brutalmente las protestas: 11 personas murieron, al menos 1.500 resultaron heridas y más de 1.200 fueron detenidas. Siguió una ola de arrestos de figuras de la oposición, incluidos funcionarios electos. Varios legisladores buscaron refugio en la embajada mexicana y fueron trasladados a un lugar seguro meses después.

En 2020, la dramática mala gestión de Moreno de la crisis de la Covid-19 fue noticia mundial cuando las calles de Guayaquil se llenaron de cadáveres abandonados a medida que colapsaban las capacidades de atención médica y mortuoria de la ciudad. La pobreza y la desigualdad también han aumentado en los últimos dos años. Y una serie de escándalos de corrupción están causando estragos en el gobierno de Moreno. El propio presidente enfrenta acusaciones de haber utilizado una cuenta offshore en Panamá para recibir sobornos.

Moreno puede contar con la protección de Estados Unidos una veztermine su mandato. Después de todo, en un claro esfuerzo por asegurar el apoyo de la administración de los Estados Unidos, ha dado un gran giro en U en muchos temas internacionales: la salida de Ecuador de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), que Washington siempre vio como un rival de la Organización de Estados Americanos (OEA) y contrario a sus intereses; la terminación del asilo de Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres; el reconocimiento de Juan Guaidó, respaldado por Estados Unidos, como presidente de Venezuela; un programa renovado de cooperación militar estadounidense y del FBI, incluido el entrenamiento de personal militar ecuatoriano por parte de Estados Unidos; y la alineación inquebrantable de Ecuador con la administración Trump en prácticamente todas las votaciones en el Consejo Permanente de la OEA.

Tras encarcelar y obligar a muchos miembros de la oposición al exilio, reprimir brutalmente las protestas y prohibir que Correa y su partido político se presenten en las próximas elecciones, el gobierno de Moreno ha cruzado más de un rubro en la violación de derechos políticos esenciales en Ecuador. Hasta ahora, los medios locales y Estados Unidos le han dado carta blanca a Moreno, una aquiescencia que puede llevar a Moreno a creer que tiene poco que ganar si restringe su desliz autoritario y mucho que perder si permite una victoria cada vez más probable de Arauz en febrero. Como resultado, el rumor en los círculos políticos en Ecuador es que el gobierno ya está conjurando una estrategia para impedir que Arauz se postule, por cualquier medio posible. La presión popular y el escrutinio internacional, sorprendentemente ausente hasta ahora, serán necesarios para presionar al gobierno de Moreno para que desista de un mayor hostigamiento y para que tenga una apariencia de elecciones libres y limpias.

La persecución política y la manipulación de las elecciones por parte del gobierno de Moreno ya han convencido a un gran segmento, quizás incluso a la mayoría, de la población ecuatoriana, que las elecciones no son libres y justas. Si el gobierno prohibiera o perjudicara aún más la candidatura de Arauz, la gente gritaría fraude. El conflicto político podría escalar a niveles sin precedentes y poner en peligro la estabilidad democrática de Ecuador en el futuro previsible. Este es un territorio inexplorado. No solo antidemocrático, sino también peligroso e irresponsable.

Tomado de Open democracy