Impunidad casi total en asesinatos de líderes sociales en Colombia

asesinatos de líderes sociales
El Espectador

Más del 91 % de los asesinatos de líderes sociales y campesinos en Colombia permanecen impunes. Ese es el trágico resultado de un informe preparado por la oenegé Somos Defensores que analizó los crímenes fatales ocurridos entre 2009 y 2017. De ellos, solo el 8,6 % de los casos se resolvieron, estamos hablando de 49 casos del total de 563 que se contabilizaron.

Desde la organización advierten que los casos esclarecidos no redundan en menor impunidad, sino que solo prueban que la Fiscalía “por fin está haciendo su trabajo: investigar”.

Con este informe la oenegé busca crear consciencia en los jueces para que obtengan mejores resultados y se investigue con celeridad y calidad, más teniendo en cuenta que este año aumentó un 34 % los crímenes contra líderes y lideresas comparado al año anterior.

Este año los crímenes contabilizados por Somos Defensores indica que 13 muertes se produjeron en el departamento del Cauca, 12 en Antioquia y 10 en el Norte de Santander, mientras que en Bogotá, Risaralda, Bolívar, Caquetá y Santander registraron dos homicidios en cada uno. Por perfiles, 19 de los asesinados en los seis primeros meses de 2018 eran líderes comunales; 16 eran líderes campesinos; 15 eran defensores comunales y 12 líderes indígenas.

Además de asesinatos, el informe incluye agresiones, amenazas, detenciones arbitrarias y atentados, así como el robo de información o su desaparición.

Al mismo tiempo que surge este informe, 450 indígenas del Chocó marcharon hasta la capital del país en el marco de la Minga por la Vida, denunciando la crisis humanitaria que se vive en el departamento, y reclamando el cumplimiento de los Acuerdos pactados entre el Gobierno Nacional y la Minga de 2017.

A la situación precaria de la economía y el abandono del Estado se suman la gran cantidad de minas antipersonas colocadas en su territorio, los enfrentamientos entre el ELN, paramilitares y grupos residuales de las FARC y denunciaron que se realizan reclutamientos forzados de menores de edad, además de producirse desplazamientos masivos de las poblaciones.

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