Hermano de Pablo Celi compró un departamento en Miami por diez dólares, luego de que se desvaneció una glosa en 2017

Foto: Asamblea Nacional

Exfuncionario denuncia una red al interior de la Contraloría encargada de anular glosas.

LOS PERIODISTAS

Cientos de millones de dólares en glosas civiles y administrativas, determinadas por la Contraloría General del Estado, fueron desvanecidos en los últimos años por el contralor subrogante, Pablo Celi.

Uno de los casos más recientes fue la eliminación de una glosa por 112 millones de dólares a la operadora de telefonía móvil, Claro, del empresario Carlos Slim.

El equipo auditor determinó que hubo un perjuicio económico para el Estado en la concesión del espectro adicional de banda 1900 MHz y AWS, suscrito en 2008, sin estudios económicos y técnicos.

Según la Contraloría, el valor del contrato debió ser de 291,9 millones de dólares, pero el ministerio de Telecomunicaciones y Arcotel establecieron un precio de 180 millones de dólares.

Mediante Resolución del 28 de junio de 2019, Celi dejó sin efecto la glosa establecida en septiembre de 2018, tras argumentar que el perjuicio económico determinado en la auditoría “ya no es aplicable”. Para su decisión, se basó en un informe referencial de la consultora Nera Economic Consulting, que fue contratada por la propia empresa Claro.

El 09 de enero de este año se desvaneció una glosa por 25’548.343 dólares en contra de la compañía Hidalgo e Hidalgo, por la construcción del proyecto de riego Tabacundo, en la prefectura de Pichincha, durante la administración de Gustavo Baroja.

Celi dejó sin efecto el informe del examen especial DNA5-0064-2018 aprobado por el organismo de control, cuando ya desempeñaba la función de contralor subrogante.

El 07 de marzo de 2016, como subcontralor general, Celi desvaneció una glosa por 39’118.414 dólares, determinada en un examen al contrato de compra venta de crudo Oriente Napo, suscrito entre Petroecuador y Petrochina Internacional Company Limited.

El equipo auditor estableció perjuicios por la parametrización de grados Api, determinación de premios y de cotizaciones de fijación del crudo marcador.

En su resolución, Celi argumentó que la glosa en contra de ex altos funcionarios de Petroecuador “no procede ser confirmada toda vez que los sujetos de responsabilidad, previo a la emisión de las predeterminaciones, justificaron los hallazgos evidenciados por el equipo auditor, de tal forma que no se ha causado perjuicio económico para el Estado”.

En 2014, Celi anuló una glosa por 1’504.854 dólares, que la Contraloría había determinado un año antes, en contra de Seguros Confianza, por no pagar una garantía de fiel cumplimiento en un contrato con Petroecuador.

Sobre este caso, el portal Línea Dura denunció que tres años más tarde, el representante legal de la aseguradora, Santiago Cárdenas Uribe, transfirió a Esteban Celi, hermano del contralor, un lujoso departamento en Miami, valorado en 400 mil dólares.

El inmueble es el departamento 405 del edificio Aventura Marina, ubicado en el número 3340 de la calle 190.

La transferencia se habría registrado ante notario público el 21 de octubre de 2017, por apenas 10 dólares, a través de la empresa Vybrant, de Santiago Cárdenas, a la offshore Aventura Cevi LLC que, según Línea Dura, pertenece a Esteban Celi.

Intentamos dialogar con Santiago Cárdenas quien, según el portal de la Superintendencia de Compañías, tiene acciones por más de 5 millones de dólares en Seguros Confianza. Sin embargo, una asistente respondió que la empresa no emitirá ningún pronunciamiento sobre el tema.

Celi también habría adquirido un departamento en Buenos Aires en el año 2016, valorado en 200.000 dólares, según reveló el portal Ruta Krítica.

El 05 de febrero se habría contactado, mediante correo electrónico, con el abogado argentino Heriberto Simón Hocsman, director de uno de los más prestigiosos consorcios de abogados de ese país, para solicitar asesoramiento en la compra de un inmueble.

La adquisición se habría dado a través de un giro a una cuenta del HSBC Bank en Estados Unidos, a nombre de Gustavo Arias Champanier, asesor de servicios inmobiliarios en Argentina.

Para la transacción, se habría utilizado la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), de una hija de Celi que vive en Buenos Aires, requerido para el trámite.

Alejandro Rodas, ex delegado de la Contraloría en Esmeraldas, denunció la existencia de una “cofradía de perversidad, extorsión, chantaje y persecución sistemática” al interior del organismo de control, que se encarga de desvanecer glosas millonarias.

Según Rodas, los funcionarios involucrados en esas prácticas son el actual director de Comunicación, Pedro Moreno; la subcontralora subrogante, Valentina Zárate; y el exdirector de Responsabilidades, Luis Miño Morales, quien actualmente ocupa el cargo de Secretario.

Otras glosas e informes de responsabilidad civil y administrativa que se habrían dado de baja corresponden a la construcción del sistema Ecu 911, por USD 33 millones; la compra de grilletes en el ministerio de Justicia, por USD 9,5 millones, en la admistración de Ledy Zúñiga; y la contratación de seguros de vida para funcionarios de la Fiscalía General del Estado, por USD 2’079.375, durante la administración de Washington Pesántez.

Además, se desconoce cuál fue el destino de los 33 informes que emitió el organismo de control sobre la compañía Odebrecht, varios de ellos suscritos por Celi.

Tampoco se sabe qué pasó con un informe que determinó perjuicios para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por 460 millones de dólares, por la desviación de pacientes a clínicas privadas, en 2016.

Quedó pendiente también, un informe del excontralor, Carlos Pólit, en contra de la compañía Andrade Gutiérrez y de exfuncionarios del municipio de Quito, por 1.500 millones de dólares, por la construcción del nuevo aeropuerto.

A esto se suma, la denuncia de Carlos Pareja Yanuzeli, exministro de Hidrocarburos y expresidente de Petroecuador, quien cumple una condena de 10 años por enriquecimiento ilícito, quien afirmó que Pablo Celi cobraba a los contratistas de la refinería de Esmeraldas para emitir informes favorables.

Solicitamos la versión de la Contraloría General del Estado, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta.

La entidad de control emitió en el año 2019 glosas civiles por 744’609.830 dólares, y administrativas por 13’084.825 dólares. Se desconoce cuál ha sido el monto cobrado hasta la fecha.