Hay una intención de conseguir una condena más contra Jorge Glas en el caso Singue, considera Juan Pablo Albán

Foto: Pichincha Comunicaciones

También calificó como sospechoso que el juez Iván León “maravillosamente” tenga la suerte de presidir casos con visibilidad mediática, componentes políticos y de presión de la opinión pública.

El abogado Juan Pablo Albán, advirtió que en la audiencia por el caso Singue se han registrado varias actuaciones que constituyen violaciones al debido proceso, desde dar la autorización para que la Contraloría participe en la formulación de alegatos cuando no es parte de uno de los acusadores, o el llamado de un testigo sorpresa (ingeniero geólogo) que nunca declaró en la investigación de Fiscalía; sumado a la presencia de la perito en toda la audiencia, cuando eso no puede suceder, según el Código Integral Penal, porque se contamina con los testimonios y documentos que se presentan.

Albán recordó que las defensas técnicas de los 15 acusados le hicieron preguntas a la perito que fueron inadmitidas por el juez, quien en una tónica extraña le consultaba si los cuestionamientos estaban dentro de la esfera de su conocimiento: “Nosotros tuvimos suerte porque de las 10 que hicimos se nos dio paso a dos, mientras que la Fiscalía preguntó lo que quiso y tergiversando el proceso de investigación”.

“No hay interés de hacer justicia en este caso, sino que el interés es hacer al apuro una sentencia violentando a los procesados”.

Rechazó que la perito designada al caso no tiene título en finanzas y su determinación acusatoria parte de una simulación en una hoja de Excel, sin considerar las tarifas pagadas a la empresa contratista, ni asientos contables: “Y a partir de ahí determina que hay un perjuicio de 28 millones. ¿Cómo se hace un peritaje sin ver la contabilidad”.

“El propio Ministerio de Recursos no Renovables del actual régimen, en un informe remitido el 9 de junio de 2019 señala que no hay perjuicio para el Estado”.

De otro lado, mencionó que hay varios testigos compareciendo vía telemática y el problema, según Albán, es que no se puede ver si hay alguien dictándoles lo que tienen que decir; ejemplificó con el caso de la Directora Nacional de Auditoria de Sectores Estratégicos de la Contraloría, en cuyo testimonio habría sido notable que alguien salía y entraba de su oficina porque se reflejaba en sus lentes: “Y otros testigos por usar anteojos se ha reflejado que están leyendo documentos, lo que es prohibido”

El jurista criticó la prisa con la que se está llevando el caso y lo atribuye a varios factores:

  1. Tratar de conseguir una condena más contra el exvicepresidente Jorge Glas, pues su defensa anuncio que solicitará beneficios penitenciarios.
  2. El escenario preelectoral en el que la atención del público está orientada a quienes van a competir y obviamente ahí la consigna declarada es de  combate a la corrupción: “Los salvadores de la política que hacen denuncias reales o falsas”.
  3. El proceso de selección de los jueces: “El apuro del ponente del tribunal pudiese explicarse con la necesidad de visibilizar la actividad que el cumple como juez”.

Albán calificó como sospechoso que el juez Iván León “maravillosamente” tenga la suerte de presidir casos con visibilidad mediática, con componentes políticos y de presión de la opinión pública.

El abogado aclaró que es legítimo que León quiera titularizarse como magistrado, pero resaltó que por esa misma razón debería excusarse de intervenir en estos casos políticamente cargados: “Porque el apuro, informalidad con el que maneja las cosas, la falta de garantías a las defensas y sumado a su intento de titularizarse genera sospecha sobre la posibilidad real de que él actúe de forma objetiva”.

Aunque no quiso adelantarse al fallo que pueda emitir el tribunal sobre el caso Singue, el jurista indicó que en este momento la realidad  demuestra que los procesados no se pueden defender porque no les permiten hacerlo: “Y eso puede ser el preludio de una sentencia condenatoria que puede llevar a la determinación de una responsabilidad internacional del Estado, no solo con la empresa OIL sino también en la instancia de Derechos Humanos, porque no habido garantías de debido proceso. La honra y dignidad de las personas que se han visto comprometida”.

Adelantó que de su lado ya elevó unas solicitudes a instancias internacionales, como la petición de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el planteamiento de una acción urgente al relator sobre independencia judicial de las Naciones Unidas: “Ambos han abierto expedientes, y estaremos pendientes a los pronunciamientos que esperamos que no llegue de forma tardía”.

Lamentó que en Ecuador no haya una intención de cambiar la lógica perversa de usar a la justicia como revancha política, cuando el sistema debería actuar como poder independiente y equilibrado, dejando de arrodillarse al poder de turno.