Gobierno anunciará en febrero de 2021 a la empresa que adquiera la Refinería de Esmeraldas por concesión

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Durante los 25 años que se encuentre concesionada la Refinería, el Estado pagará una tarifa por barril procesado.

El ministro de Energía, René Ortiz, informó que el 21 de septiembre se abre el concurso para adjudicar a la Refinería de Esmeraldas y la empresa, que se encargará de su administración por 25 años, se anunciará el próximo 12 de febrero del 2021.

En un boletín del Ministerio se indica que efectivamente se aperturó la licitación para la gestión conjunta, operación, reparación, mejoramiento de la calidad de combustibles y emisiones, así como para la implementación del proceso de alta conversión en la Refinería. Las bases para participar en la concesión podrán ser adquiridas por los interesados en las oficinas de la cartera de Estado a partir del 21 de septiembre en un plazo de 20 días.

Debido a ello, un grupo de jubilados de Petroecuador presentó una acción de protección ante el Tribunal de Esmeraldas  con el fin de derogar el decreto 1094 que se refiere a la concesión de la empresa pública, puesto que la Constitución establece que se podrá delegar de manera excepcional los bienes estratégicos, conforme a ley, sin embargo el mismo fue inadmitido.

Gil Estacio, uno de los demandantes, aseguró que apelarán e incluso no descartó acudir a instancias internacionales. “No puede ser que se quiera privatizar a la Refinería que entrega el 56 % al erario nacional”.

El Ministerio detalla que con la adjudicación, la empresa calificada deberá entregar USD2.400 millones destinados a mejoras y construcción de un tren de alta conversión. Adicionalmente el crudo procesado será entregado por el Estado y los derivados serán de propiedad de Petroecuador, mismo que los comercializará.

Durante los 25 años que se encuentre concesionada la Refinería, el Estado pagará una tarifa por barril procesado que no excederá los costos de producción de la petrolera y estará enmarcada en la competitividad; sin embargo el funcionario dijo que esto le permitirá al régimen un ahorro de USD300 millones anuales por disminución de importación de derivados.

De otro lado se indica que las controversias se podrán solucionar en tribunales internacionales, pero previamente deberá haber el permiso de la Procuraduría del Estado.

Fernando Santos Alvite, asesor de Ortiz, resaltó que lo actuado por el Gobierno es totalmente legal, y que está amparado en el Código de la Producción que habla justamente en un segmento de la delegación para sectores estratégicos.

Fuente: El Universo / Ministerio de Energía