¿Fue autoplanificado el incendio de la Contraloría?

Después de 7 meses, la Fiscalía no logra confirmar la tesis del presidente Moreno y del Contralor, que responsabiliza al gobierno anterior

LOS PERIODISTAS

Han pasado 7 meses del incendio del edificio matriz de la Contraloría General del Estado, durante el paro de octubre, y la justicia aún no determina responsabilidades sobre este hecho.

La tesis del contralor subrogante, Pablo Celi, y del propio presidente, Lenin Moreno, quienes acusaron al gobierno anterior de ser el responsable del ataque, va quedando sin piso.

El mismo día del incendio, Celi aseguró que se trató de una conspiración planificada que tuvo como objetivo “detener el juzgamiento y sanción de los responsables del asalto a los recursos públicos que tan severamente afectó a la economía nacional, como resultado de la década de arbitrariedad y atropellos”.

Por su parte, el mandatario afirmó en tono airado, ante los medios de comunicación, que se quemaron “los departamentos donde se encontraban las pruebas de la gran corrupción correísta”.

¿Tiene lógica esta acusación, posicionada mediáticamente desde el Gobierno? Los informes con indicios de responsabilidad penal, con los documentos de respaldo correspondientes, pasan a la Fiscalía General para su juzgamiento, según el artículo 65 de la Ley Orgánica de la Contraloría.

Al menos 40 informes penales en contra del expresidente Rafael Correa y de exfuncionarios fueron enviados a la Fiscalía, antes del incendio, entre los que constan los relacionados con el manejo de la deuda externa, construcción de hidroeléctricas, carreteras, la plataforma financiera, declaratorias de emergencia, estudios actuariales del IESS y el uso de los aviones presidenciales.

Además, los documentos originales como contratos, estudios, actas de entrega, informes, facturas, etc., reposan en las instituciones que son auditadas, no en la Contraloría.

Durante la investigación, se encontró una serie de elementos que no solo contradicen la tesis del gobierno, sino que demostrarían que se habría tratado de un autoatentado.

Hay testimonios claves que reposan en el expediente de la Fiscalía, y que fueron recogidos por el medio digital Primicias.

Uno de ellos es el de Manuel Guerrero, uno de los 33 detenidos, quien aseguró que el 12 de octubre los propios guardias de seguridad de la Contraloría abrieron las puertas a los manifestantes.

Aseveración que fue corroborada por el guardia Jorge Sánchez, quien declaró que otro guardia que supuestamente animaba a ingresar a los manifestantes, era policía. Cuando fueron trasladados a la Asamblea, conjuntamente con los detenidos, el supuesto guardia estaba ahí vestido de civil, aseguró.

Otra inconsistencia es que los manifestantes fueron detenidos al interior de la Contraloría a las 11h30, cuando el incendio se produjo 2 horas más tarde.

Mariana Yumbay, defensora de los detenidos indígenas, segura que los policías disparaban perdigones y bombas lacrimógenas desde la terraza de la Contraloría, por lo que no comprende cómo los manifestantes ingresaron fácilmente al edificio.

Cree que el papel de la Fiscalía no fue objetivo y que actuó por presiones. “Ellos actúan cuando hay presión de alguien, lo que querían es tener algunos chivos expiatorios y desprestigiar el levantamiento del pueblo”, señala.

El experto en Derecho Penal, Jorge Acosta, cree que es un proceso politizado que carece de objetividad y que las acusaciones se han ido cayendo por falta de veracidad y comprobación fáctica.

Coincide en que existen sospechas de que sería un autoatentado y opina que el incendio de la Contraloría más bien ha servido al Gobierno para justificar que no tiene pruebas para demostrar las irregularidades de las que acusa al régimen anterior.

Otro elemento que no ha sido tomado en cuenta en las investigaciones, es la denuncia realizada por el exprefecto de Zamora, Salvador Quishpe, quien aseguró que detuvieron a un hombre que lanzaba piedras a la Contraloría y que, luego de ser trasladado al Ágora de la Casa de la Cultura, declaró que era militar y que cumplía órdenes superiores.

Para Quishpe, se trató de un acto premeditado del Gobierno, por lo que exige “que se investigue a fondo quienes fueron los autores intelectuales para la quema de la Contraloría, el Ecuador necesita saber, no es suficiente que el Gobierno diga que fueron un grupo de vándalos”.

El proceso investigativo ha tenido una serie de tropiezos. La Fiscalía cambió el delito por el que acusó a los detenidos, de terrorismo a sabotaje, paralización de servicios públicos y destrucción de registros.

Los detenidos fueron liberados el 15 de noviembre, después de que no se encontraron elementos probatorios, mientras que el 02 de marzo la jueza Ana Guerrón declaró la nulidad de lo actuado en el proceso, desde el 05 de diciembre, debido a la falta de una pericia antropológica.

Al ser consultado sobre el estado de la investigación, la Fiscalía respondió que realizó el examen antropológico cultural solicitado por la jueza Guerrón, por lo que “se está cerrando la instrucción reabierta”.

Fuentes de la Contraloría, aseguran que el incendio habría afectado una bodega ubicada en el Despacho, en donde reposa documentación de gastos reservados utilizados por los servicios de Inteligencia del Estado, del que es custodio exclusivo el titular de la Contraloría.

El fuego también afectó a las direcciones de Predeterminaciones y de Responsabilidades, donde se guardaban cerca de 2.000 expedientes, incluidos 33 informes favorables a la constructora brasileña Odebrecht, algunos de los cuales fueron suscritos por Pablo Celi.

También se habría destruido un informe en contra del ex ministro de Seguridad Interna, César Navas, por presuntas irregularidades en la construcción de los ECU 911, con un supuesto perjuicio de 33 millones de dólares.

Según las mismas fuentes, se habrían perdido las acciones de personal originales 113 y 114 con las que el entonces contralor Carlos Pólit, destituyó a Pablo Céli, y nombró en su reemplazo como subcontralora a Sabett Chamoun, el 02 de junio de 2017.

El 07 de junio de ese año, Celi se negó a recibir la notificación de su destitución y rompió el documento, episodio que quedó registrado en video y que fue difundido por los medios de comunicación.

Este aspecto ha sido considerado por juristas que Pablo Celi ocupa ilegalmente el cargo de contralor subrogante, por lo que sus actuaciones son nulas y serán objeto de demandas futuras, nacionales e internacionales.