Fiscalización incluirá al expediente de juicio político contra Romo la investigación sobre reparto de hospitales

Ministra de Gobierno incumplió funciones durante todo su ejercicio, sostuvieron proponentes del juicio político.

Punto Noticias. La mesa de Fiscalización resolvió solicitar al presidente de la Asamblea, César Litardo, que remita la resolución de la Asamblea Nacional, de 27 de agosto de 2020, y el informe de investigación efectuado por la comisión multipartidista de investigación de las denuncias juramentadas presentadas en contra del asambleísta Daniel Mendoza, para que los mismos sean incluidos al expediente de juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

Mediante esta resolución, el Pleno censuró al exlegislador Mendoza, por haber sobrepasado los límites de su accionar político como asambleísta, al tramitar, gestionar y administrar recursos del Estado, dentro de la red dedicada al reparto de hospitales y otras instituciones públicas.

Los legisladores María de Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez, proponentes del juicio político contra Romo, ratificaron que hubo incumplimiento de funciones durante las protestas de octubre de 2019.

Gómez Alcívar sostuvo que el juicio, más allá de los hechos que configuran el incumplimiento de funciones, por la falta de acciones para el mantenimiento del orden público durante el paro del año anterior, incluye también otros elementos que inciden en la falta de probidad notoria de la funcionaria, como el presunto reparto de hospitales en el país.

Las acusaciones, dijo el parlamentario, se enmarcan en el uso de bombas lacrimógenas caducadas, que la ministra justifica por ser lo que tenían a la mano, pues según informes técnicos esos dispositivos resultan letales, en esas condiciones; la obstaculización de tareas humanitarias, entre ellas la represión a un predio universitario, donde había mujeres, niños (bebés), ancianos y demás personas vulnerables; la falta de garantías de seguridad para los periodistas.

“No estamos juzgando a una persona, sino a una funcionaria que, en nombre del Estado, actuó de manera inadecuada, faltando a su deber de protección de la seguridad ciudadana”, reclamó.

Gómez presentó varios videos y testimonios que, en su momento, fueron expuestos durante las investigaciones de las acciones de violencia del paro nacional de octubre de 2019, a través de la comisión multipartidista que se conformó para el efecto. Señaló que esos testimonios y el informe aprobado por la referida comisión son también elementos que prueban el incumplimiento de la ministra Romo.

A criterio de Lourdes Cuesta, la falta de probidad notoria de la ministra Romo no solo se evidenció en octubre de 2019, sino a lo largo del ejercicio de su función. “El juicio debe centrarse en los hechos de octubre, pero yo pregunto, qué octubre? Octubre de 2018, cuando permitió la fuga de Fernando Alvarado; octubre de 2019, cuando no pudo controlar la seguridad y el orden público; o, más bien, octubre de 2020, cuando aparece que su tío Andrés Romo está implicado en el reparto de los hospitales”, cuestionó.

Para la legisladora, Romo cree estar por encima de la Constitución, de la ley e, inclusive, de los derechos humanos de las personas y hacen gala de sus actuaciones, cuando han repartido hospitales en plena pandemia, sin considerar las necesidades ni el dolor de la ciudadanía que demanda una salud de calidad, con calidez.

La tercera interpelante, Amapola Naranjo, protestó porque, en octubre de 2019, el Gobierno sacó a la Policía para agredir a la ciudadanía, justificando su accionar en una supuesta violencia provocada por los manifestantes. “Nosotros rechazamos todo tipo de violencia; la protesta fue pacífica y, como ocurre en otras ocasiones, hubo infiltrados que generaron actos reprochables”, añadió.

Se ratificó en todos los argumentos de hecho y de derecho que presentó junto con la solicitud de juicio político en contra de la ministra Romo, a quien acusó de olvidarse cuál es la verdadera misión y el rol que cumple la Policía Nacional, al utilizarla para agredir a los ciudadanos.

Fuente: Asamblea Nacional.