Fiscalía no ha podido demostrar el delito de peculado en el caso de adquisición de pruebas del Municipio de Quito

Foto: Pichincha Comunicaciones

Además esas pruebas son usadas por otros hospitales de la red de salud pública como el IESS Sur, agregó.

Juan Pablo Albán, abogado defensor del alcalde de Quito Jorge Yunda, calificó de excesivo el dictamen de medidas en contra del burgomaestre puesto que él está cumpliendo agenda en el país, asistiendo a los barrios de la capital y acudiendo a reuniones del Concejo Metropolitano.

“Hay una redundancia porque se le pide que se presente 4 veces por semana y al mismo tiempo se le dispone extrañamente la colocación del grillete electrónico y prohibición de salida del país, pero somos respetuosos por lo dispuesto por el juez y lo vamos a cumplir”.

Aclaró que no existen elementos para determinar un peculado en la adquisición de pruebas LAMP para detección de Covid-19; en ese contexto detalló los elementos presentados por Fiscalía y que han sido contrarrestados.

  • Fiscalía considera que existe la premeditación para beneficiar a un particular para atender la pandemia / Albán calificó como absurdo porque la entidad dirigida por Diana Salazar no puede suponer que no podía declararse la pandemia para contratar.
  • Manifiesta que estaría mal delegar el proceso de adquisición a la Secretaría de Salud / El jurista recordó que todas las Instituciones Públicas delegan a las áreas expertas para contratar.
  • Tercero unos chats del alcalde, los cuales / Según el abogado defensor, son inocuos, no demuestra nada irregular, no se habla de ocultar información o mencionar qué van hacer o beneficiar alguna persona.
  • Finalmente señalan que existió conocimiento de que las pruebas no tuvieron sensibilidad suficiente por lo que debió terminarse unilateralmente / Albán resaltó que la sensibilidad está en entredicho porque si bien hay un informe de la UDLA cuestionando aquello, la misma Universidad afirma que la sensibilidad es de entre 94% al 100%, incluso hay dos certificadoras internacionales de Corea y Alemania que aseguran que ese elemento está del 95% al 100%: “El ARCSA consideraba que podían comercializarse y de hecho las áreas de la red de salud pública las han adquirido y usado como el IESS SUR”.

El abogado lamentó que la Fiscalía se olvide que está en vigencia la Ley de Apoyo Humanitario donde se anota que cuando hay pagos pendientes al proveedor no puede terminarse unilateralmente el contrato, por lo que la Secretaría de Salud debió generar una terminación bilateral, cosa que fue pretexto para vincular en la investigación a  su titular , Ximena Abarca y a la científica, Linda Guamán.

Recordó que la empresa no ha recibido su pago, fue multada por más de USD600 mil y entregó un 50% más de producto por el cual adquirió el Municipio de Quito, sin que se pague un centavo más. “La fiscalía no pudo probar, no está claro dónde está el peculado”.

Aseveró que según Fiscalía existe un perjuicio de USD4.2 millones, porque ese es el valor más IVA por el que se contrató, razón por la cual se hará una pericia financiera y de contratación pública, está última es de preocupación del abogado porque la perito sería la misma que actuó en el caso Sobornos: “Vamos a pedir una pericia paralela (…) Me genera suspicacias y ojalá esté equivocado pero creo que sería mejor que se traten de peritos que gocen de mayor objetividad por lo menos en apariencia”.