FF. AA. escogieron la oferta más alta para la adquisición de material no letal antimotines

Se habría priorizado el tiempo de entrega, en lugar de ahorrar al Estado más de un millón de dólares.

LOS PERIODISTAS

El paro de octubre del año pasado en rechazo al Decreto 883, con el que el gobierno pretendió eliminar el subsidio a los combustibles, evidenció la falta de equipamiento adecuado de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional en el control de disturbios.

Un informe del Comando Logístico de la Fuerza Terrestre, del 25 de noviembre de 2019, alertó que el material no letal con el que cuentan los militares no es suficiente y está caducado, por lo que se decidió iniciar los procesos de adquisición de nuevo equipamiento.

Se abrieron tres procesos, por separado, para la “Adquisición de material no letal para ser empleado en operaciones contra disturbios, motines y contrainsurgencia”.

El primero fue para la compra de 12.000 cartuchos calibre 12 esfera de goma, 30.000 cartuchos calibre 12 perdigones de goma, 22.000 cartuchos calibre 12 saquete, 15.000 cartuchos calibre 12 aturdidores, 50.000 granadas lacrimógenas de 150 YRD37/38, 20.000 granadas lacrimógenas 150 YRD 40 mm, y 30.000 granadas de mano de 3 fases/cuerpos.

En este proceso participaron cinco empresas y presentaron sus ofertas entre el 05 y 06 de dieiembre. La española Falken, con una oferta de USD 1.801.200; International Sales de Estados Unidos, por USD 1.053.225; Somo Sierra S.A. de Costa Rica, por USD 2.298.108, Futura-Cóndor de Brasil, por USD 2.251.373; y Sourcing Group, de Miami, por USD 2.956.558.

La comisión técnica creada para revisar las ofertas descalificó a las empresas Falken, Somo Sierra S.A., Futura-Cóndor e International Sales por diversas razones como incumplimiento de especificaciones técnicas, falta de certificados de calidad y no apegarse a los 15 días de plazo para la entrega.

El 08 de diciembre de 2019, la Comisión Técnica recomendó la contratación de Sourcing Group, por considerar que es la oferta más conveniente a los intereses institucionales en los aspectos económico, técnico y legal.

Sin embargo, empresas que participaron en el proceso denuncian que se habría favorecido a la compañía adjudicada. Aseguran que no se cumplió la etapa de convalidación de errores, prevista en el artículo 152 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que permite convalidar a los participantes los errores de forma en las ofertas, en los que hubiesen incurrido.

Dicen que les otorgaron puntajes menores a los mínimos establecidos en los pliegos del proceso y que se privilegiaron otros parámetros, lo que permitió que se adjudique a una oferta más alta.

Además, señalan que la institución militar no solicitó a la empresa adjudicada contratos, órdenes, facturas o actas, de procesos anteriores, que permitan certificar su experiencia como proveedor de ese tipo de material.

Sourcing Group tiene sede en Miami y los productos ofrecidos, de acuerdo con su oferta, provienen de Serbia y Korea del Sur. Es decir, no es una compañía fabricante, sino intermediaria.

Sin embargo, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín aseguró el pasado 7 de enero, que la compra se realizó de gobierno a gobierno, a empresas de Francia, EEUU e Israel.

La mayor diferencia en los precios se evidencia en las 50.000 granadas lacrimógenas de 12 YRD-37/38 milímetros. Falken cotizó a USD 12,80 por unidad y un total de UDS 640.000; Futuro-Cóndor a USD 12 por unidad y un total de USD 600.000; Somo Sierra ofertó a USD 16,12 por unidad y USD 806.000 en total; mientras que la empresa ganadora cotizó a USD 25 por unidad y USD 1.250.000 totales. La diferencia entre la oferta más baja y la más alta es de USD 650.000.

En las 20.000 granadas lacrimógenas de 40 milímetros, Falken cotizó a USD 13 por unidad y USD 260.000 en total; Futuro-Cóndor a 12 USD por unidad y USD 240.000 en total; Somo Sierra a USD 16,57 por unidad y USD 331.000 en total; mientas que la ganadora Sourcing Group cotizó en USD 25 por unidad y USD 500.000 en total. En este producto, la diferencia entre la menor y la mayor oferta es de USD 260.000.

El 9 de diciembre se emitió la Resolución de adjudicación Nº 06-UCP-FT-2019, y un día después, el 10 de diciembre, se suscribió el contrato CE-FT-CLT-2019-60, entre el general de Brigada Juan Arturo Andrade Proaño y Sergio Víctor Marcelino Pérez, como representante legal de Sourcing Group, por el valor de USD. 2.956.558,60.

El material, de acuerdo con el contrato, debía entregarse el 05 de febrero de 2020 en el Comando Logístico 25 Reino de Quito, en el sur de la capital.

Si bien, no todas las empresas participantes ofertaron la totalidad de productos requeridos, la que más se acercó fue la española Falken, que cotizó seis de los siete ítems, excepto los cartuchos calibre 12 saquete.

Sin ese producto, valorado en USD 43.698,60, su oferta fue de UDS 1.801.200,00. Es decir, UDS 1.111.660, menos que lo ofertado por la empresa adjudicada, monto que le habría significado un ahorro para el Estado.

Pero este no fue el único contrato que se firmó con Sourcing Group. El mismo 12 de diciembre, se suscribió el contrato Nº CE-FT-CLT-2019-62 para la adquisición de 1.200 máscaras anti gas, por un valor de USD 234.000.

En su oferta, la empresa cotizó cada máscara, de procedencia china, a un valor unitario de USD 195. Se dejó de lado a una oferta más baja de la compañía británica BCB International Ltda, por un valor total de USD 218.520 y un precio unitario de USD 182,10.

Adicionalmente, se adquirieron, mediante contrato Nº CE-FT-CLT-2019-61, suscrito el 12 de diciembre, 1.000 escopetas semiautomáticas para municiones antimotines, por un valor de USD 483.000, a la empresa estadounidense M.G. SUBER & ASSOCIATES.

En los tres procesos, se estableció un plazo de entrega de 15 días a partir de la firma del contrato. Algunas de las empresas ofrecieron en sus ofertas plazos más extensos y no calificaron por esa razón.

En total, las Fuerzas Armadas destinaron USD 3.673.558 para la compra de material no letal antimotines.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución y en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Comunicación, referente a la contrastación de la información, este medio de comunicación solicitó el lunes 10 de febrero, mediante correo electrónico, la versión de la Fuerza Terrestre sobre esta investigación. Sin embargo, no hubo respuesta.