Etnografía de una resistencia: crisis, persecución y elecciones en Ecuador

Por Jacques Ramírez Gallegos

Las elección presidencial en Ecuador ocurre en un momento de profunda crisis política, no sólo institucional. En este informe, Jacques Ramírez pone al descubierto la complejidad del fenómeno.

Al finalizar octubre de 2019, en el Estado Plurinacional de Bolivia se llevaron a cabo las elecciones para elegir al próximo presidente. Una vez más, la inmensa mayoría de bolivianos y bolivianas optó por el candidato Evo Morales. El resultado final de aquella contienda electoral dio el triunfo al binomio del MAS con el 47,08 %. La legislación de aquel país señala que en caso de que ningún candidato llegue al 50 % de votos válidos pero supere el 40 % con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo, se declara triunfador sin necesidad de ir a una segunda vuelta.

Esto ocurrió en dichas elecciones. Sin embargo, el candidato perdedor y la oposición desconocieron los resultados y, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), instalaron un extraño golpe de Estado policial y militar que llevó a Evo al exilio y a la dictadora Jeanine Áñez al Palacio Quemado. El mundo vio una vez más cómo en América Latina se producía un nuevo golpe en una década: el primero fue en Honduras en contra del presidente Manuel Zelaya en el 2009, luego en Paraguay en contra del presidente Fernando Lugo el 2012, posteriormente en Brasil el golpe institucional (impeachment) a Dilma Rousseff en el 2016 y, finalmente, en Bolivia.

Después de la llegada al poder de varios gobiernos progresistas, algunos autores de manera apresurada hablaron del “fin de ciclo” y el retorno de gobiernos conservadores. Aunque no se puede negar que en varios países ocurrió esto (Macri en Argentina, Bolsonaro en Brasil, Lacalle en Uruguay, por ejemplo), también hemos visto que en otros lugares como México, Argentina y, nuevamente, Bolivia han recuperado el poder partidos y movimientos de izquierda. Por eso, como señala René Ramírez (2021) “No hay que hablar ni de larga noche neoliberal ni de corto interregno de gobiernos progresistas. No se trata de puntos extremos, sino un continuo de disputas”.[1] ¿Cuál es la disputa en Ecuador? ¿Qué estuvo en juego en las elecciones del 7 de febrero? ¿Cuáles fueron los escollos que tuvo que enfrentar la Revolución Ciudadana (RC) para llegar a las elecciones?

 

El giro de Moreno y la llegada del neoliberalismo por sorpresa

Luego de una década en el poder (2007-2017), el movimiento político Alianza PAÍS (AP) liderado por Rafael Correa decidió que el candidato para disputar las nuevas elecciones presidenciales sea Lenín Moreno, quien ya había ocupado el cargo de vicepresidente de la República entre 2007 y 2013. Su principal contendiente era el banquero Guillermo Lasso, representante de los grupos empresariales y de la derecha nacional. Después de una áspera campaña, el balotaje le dio el triunfo a Moreno con el 51,16 % de los votos frente al 48,84 % que obtuvo su adversario. Lasso denunció un fraude que nunca probó.

Si bien el pueblo ecuatoriano se había pronunciado mayoritariamente por dar continuidad a los diez años de la llamada “Revolución ciudadana”, apenas Moreno tomó posesión empezó a distanciarse del anterior Gobierno, tanto en aspectos de forma como de fondo. Dicho accionar terminó en una escisión al interior, entre aquellos que se quedaron con el actual Gobierno y quienes defendían los logros conquistados en la época de Correa, bautizada como “Década ganada”.

Al quedar dividido Alianza País (AP) en la Asamblea Nacional, y al agudizar Moreno las críticas a su antecesor, el Gobierno decidió pactar con la derecha nacional e internacional para gobernar los cuatro años de su mandato. De esta manera, el presidente y su Gobierno se alejaron del plan de gobierno que les dio el triunfo y empezaron a implementar la agenda neoliberal del candidato perdedor. Esto se hizo evidente en la “Ley orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad y equilibrio fiscal” del 2018, donde se vio la mueva orientación del Gobierno. Una de las primeras acciones fue la remisión tributaria con la cual condonó más de USD 4 mil millones a los grupos económicos más poderosos del país (acción análoga al “Perdonazo” de Áñez en Bolivia).

De ahí en adelante, apoyado en reformas legales como la Ley de simplificación tributaria en el 2019 (de regresividad fiscal), la Ley de apoyo humanitario en el 2020 (de  precarización laboral, flexibilización y despidos en el sector público) o el proyecto de ley de protección de la dolarización en el 2021 (de privatización del Banco Central) se dio una continua implementación de la agenda neoliberal en su periodo de gobierno. De esta manera, en Ecuador se instaló con Moreno el “neoliberalismo por sorpresa” parafraseando a Stokes (2001)[2], como ya han señalado algunos autores.

A nivel político se habló de “descorreizar el Estado”, para lo cual se convocó en el 2018 a una consulta popular apoyada por todo el arco de partidos políticos de izquierda a derecha (además de organizaciones indígenas y varios movimientos sociales). La consulta, que no contó con el dictamen de la Corte Constitucional, dio paso a la conformación de un Consejo de Participación y Control Ciudadana Transitorio que se encargó de “evaluar” las diferentes funciones del aparato Estatal y destituir arbitrariamente a las autoridades de control consideradas allegadas al expresidente. El Transitorio (conocido como el “trujillato”) cambió todo, incluida la Corte Constitucional, menos al Contralor, quien -como veremos más adelante- se constituyó en uno de los puntales de la persecución política del régimen a sus adversarios.

Con los resultados de la consulta se prohibió que Rafael Correa sea candidato nuevamente a la Presidencia (golpe preventivo) y empezó así una judicialización de la política encarcelando a varias autoridades que colaboraron en el anterior Gobierno, acusadas de corrupción. El lawfare en el caso ecuatoriano vino recargado al ser no sólo la función judicial, sino también la contraloría y los grandes medios de comunicación los encargados de perseguir y estigmatizar al correísmo. Al quedar debilitados los partidarios de la RC, con su líder histórico fuera del país y con varios juicios iniciados, más el encarcelamiento a Jorge Glas ocurrido meses antes, el palacio de gobierno se convirtió en un acogedor nido al que llegaron los “representates de la élite, de la patronal y de la derecha” (Ramírez, F. 2018).[3] La cara más visible de los nuevos mandamases fue Richard Martínez, antiguo presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, y designado en mayo del 2018 como ministro de Economía y Finananzas.[4]

En síntesis, en Ecuador, desde mayo de 2017, se observa una recomposición neoliberal conducida por Moreno y su alianza gubernamental con las viejas élites oligárquicas, los gremios empresariales del país, los oligopolios de la comunicación y los partidos de derecha, orientados por las pautas que marca el capital financiero transnacional de EE. UU. (banca multilateral y banca de inversiones privada).

 

Contexto preelectoral

Uno de los elementos centrales de la operación para “aniquilar” cualquier intento de retorno al poder del movimiento de la Revolución Ciudadana fue bloquear la inscripción de este grupo en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Así, por tres ocasiones se impidió que dicha tienda política se inscriba[5], motivo por el cual la única forma de supervivencia fue que otro partido cobijara al correísmo para poder participar electoralmente.

El antecedente de las elecciones presidenciales fueron las seccionales del 2019, en las que la Revolución Ciudadana logró participar con la casilla 5 del movimiento Compromiso Social. Sin embargo, debido a los bloqueos señalados anteriormente no logró inscribir candidatos en todo el territorio nacional.[6] Pese a ello, se obtuvieron importantes triunfos en las tres provincias con mayor peso electoral. Se ganaron las prefecturas en Pichincha y Manabí y el segundo lugar en Guayas. Además, ganaron 65 concejales en 34 cantones y 60 miembros en 51 juntas parroquiales. Estos resultados fueron un campanazo para el Gobierno, que pensó que el correísmo ya no tendría apoyo popular al sacar de la papeleta y del país a Rafael Correa. Tampoco su estrategia de posicionar la “corrupción estructural de la década pasada” pareció funcionar. Como es de conocimiento general, Moreno y los grandes medios de comunicación públicos y privados con quienes se alió, introdujeron en el imaginario social el tema de la corrupción.

Así, después de las elecciones seccionales (en las cuales Pachakutik ganó 5 prefecturas y 19 alcaldías) el morenato radicalizó su ofensiva a nivel político y económico. A nivel político continuó con su estrategia de “aniquilamiento” a la RC. Preso Jorge Glas y con Correa en Bélgica con orden de prisión, fueron por Ricardo Patiño, a quien un juez ordenó prisión preventiva acusándole de instigación por un discurso que tiempo atrás diera a la militancia. El excanciller tuvo que salir a México, país que le reconoció con el estatuto de asilado político. Con esta acción, el Gobierno terminó de desmantelar a la primera línea de conducción de la Revolución Ciudadana.

Pero lo peor estaba por venir. El 1 de octubre de 2019 Moreno anunció el decreto 883, que eliminaba el subsidio a los combustibles, vigente en el país desde hace 40 años como parte de las medidas económicas acordadas con el FMI. Para estas fechas era más que evidente el giro que había tomado Moreno, alejándose radicalmente del plan de gobierno por el cual votó la mayoría de los ecuatorianos. El acuerdo con el FMI no fue discutido en la Asamblea Nacional, ni pasó por el filtro de la Corte Constitucional, y fue visto por la ciudadanía como un nuevo “paquetazo” que provocó el inicio de movilizaciones masivas por dos semanas.

Si bien la movilización popular logró bloquear la puesta en marcha del Decreto 883, el Gobierno rabioso (que en medio de las jornadas de protesta se trasladó a Guayaquil) fue, una vez más, a la “caza” de los dirigentes de la Revolución Ciudadana, que fue un actor más pero no el protagonista de las jornadas de octubre, lideradas por indígenas, campesinxs y obrerxs del campo y la ciudad, transportistas, trabajadores, hombres y mujeres de distintas profesiones, desempleadxs, estudiantes, jóvenes, adultos mayores, etc. La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, el secretario ejecutivo del movimiento, Virgilio Hernández, y el militante Chistian González, fueron detenidos y encarcelados acusados del delito de “rebelión”. Otros dirigentes del movimiento y asambleístas como Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri y sus parejas tuvieron que refugiarse en la Embajada de México en Ecuador por anuncios de prisión en su contra. México también les concedería, meses después, asilo. Posteriormente, también fueron acusados algunos dirigentes del movimiento indígena, como Jaime Vargas (presidente de la CONAIE) y Leonidas Iza (presidente del MICC).

Al finalizar 2019 y a las puertas de una nueva contienda política, el Gobierno de Moreno había desmantelado a la cúpula de la Revolución Ciudadana y al propio movimiento: había condenado a Rafael Correa a 8 años de prisión (acusado del tipo penal inexistente de “influjo psíquico”, con la prueba forjada de un cuaderno con anotaciones espurias) y se le retiraron los derechos políticos por 25 años; se encarceló a varios dirigentes, otros fueron al exilio, casi todos los excolaboradores del anterior Gobierno (incluso mandos medios) fueron involucrados en juicios penales y administrativos en Fiscalía y Contraloría, respectivamente; no se logró inscribir al movimiento ante el CNE y, faltando 5 meses para las elecciones, no se tenía un vehículo para disputar las elecciones presidenciales. Un movimiento con sólida identidad política, militancia movilizada pero sin instrumento electoral para participar formalmente en la lucha política, veía reducir sus opciones de sobrevivir al acoso político del régimen.

 

La nueva contienda electoral y el surgimiento del “perfecto desconocido”

Meses antes de que se abra el calendario electoral, el 17 de septiembre del 2020, la Contraloría General del Estado (CGE), efectuó un examen especial al proceso de revisión de firmas para la inscripción de organizaciones políticas del año 2017 efectuado por el CNE. En el borrador del informe (agosto 2019), según la CGE “Se detectaron irregularidades en la validación del número de cédulas, firmas no válidas y repetidas”, motivo por el cual recomendó al CNE (de obligatorio cumplimiento) la eliminación de los registros a los movimientos políticos: Justicia Social, Podemos, Libertad es Pueblo y Fuerza Compromiso Social por no cumplir, según ellos, con el principal requisito, es decir, las firmas correspondientes al 1,5 % del padrón electoral.

Si bien estos movimientos participaron en las elecciones de la consulta popular del 2018 y las seccionales del 2019, un nuevo ataque se preparaba, esta vez perpetuado por una de las piezas clave del morenato en su ataque al correísmo: el espurio contralor Pablo Celi (el único que “sobrevivió” a los cambios de autoridades que realizó el Consejo de Participación Ciudadana transitorio del trujillato).

En el marco de los buenos resultados de las elecciones seccionales de 2019, el régimen y sus aliados estaban decididos a impedir que el correísmo participe en las elecciones presidenciales, motivo por el cual los cañones esta vez apuntaron hacia el movimiento que les cobijó en el 2019, Compromiso Social (lista 5). Estas alertas obligaron a buscar nuevas estrategias que dieron como resultado la conformación de la Unión por la Esperanza (UNES), una plataforma política para impulsar la participación electoral de la Revolución Ciudadana, que estaba conformada por varias organizaciones sociales y dos movimientos políticos registrados formalmente en el Consejo Electoral: Compromiso Social (5) y Centro Democrático (1). Esto permitió garantizar otro movimiento ante la eventual suspensión de la lista 5.

Cubierto este frente y garantizado al menos un casillero, a la interna se debatía y analizaba cuál sería la mejor fórmula para disputar las elecciones. Para esto, Lasso había anunciado ya su postulación a la Presidencia y estaba en campaña desde meses atrás recorriendo el país. De igual manera, dentro del movimiento indígena y su brazo político, Pachakutik, no sin tensiones y conflictos internos, optaron por Yaku Pérez como su candidato. Y, tal como ocurrió en las elecciones pasadas, proliferaron una serie de candidatos, muchos vinculados directamente al morenato. Aparte del banquero Lasso, se inscribió Gustavo Larrea, amigo personal del presidente, Juan Fernando Velasco, su ministro de Cultura, Ximena Peña candidata por Alianza País, entre otros.

Al estar impedido Correa de postularse como candidato, se pensó en él para ocupar la Vicepresidencia como primera opción. Y cuando la inmensa mayoría del campo político esperaba que el correísmo nombre un candidato entre algunos de sus cuadros con mayor visibilidad, se tomó la decisión de nombrar a Andrés Arauz, quien, si bien había ocupado algunos puestos en el anterior Gobierno -llegando incluso a ser designado como ministro-, no tenía un perfil alto y no venía de una formación y participación política dentro del movimiento. Andrés Arauz, economista de 35 años, se encontraba radicado en México haciendo su doctorado en la UNAM cuando fue seleccionado como candidato a la Presidencia.

Cuando se hizo público el binomio, con Andréz Arauz como candidato a presidente, la oposición le llamó el “perfecto desconocido” y empezaron a hurgar hasta debajo de las piedras en su pasado. No encontraron nada. Pero nuevamente las luces apuntaron a su binomio, Rafael Correa. El régimen se apresuró a poner un nuevo requisito para impedir la participación: que la inscripción sea de manera personal, “personalísima”, ante el CNE. Y por si esto fuera poco, un día después de abierto el calendario electoral, el 18 de septiembre, el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia ratificó a una velocidad sin precedentes la sentencia en firme contra Correa, quintándole sus derechos políticos, es decir, impidiendo que pueda elegir y ser elegido para ocupar un cargo público.

Al quedar completamente bloqueado el expresidente, se nombró a Carlos Rabascall, periodista guayaquileño, como compañero de fórmula. Sin embargo, empezó nuevamente otro intento para sacar de la papeleta al correísmo, dado que se presentó una impugnación sobre la legalidad de la alianza UNES, conformada -como ya se dijo- por Centro Democrático y Compromiso Social, argumentando que este último movimiento había sido eliminado del registro de organizaciones políticas por recomendación de la Contraloría. La “pelota” para resolver el caso se la pasaban entre el CNE y el TCE (Tribunal Contencioso Electoral), dando alargues para no tomar una decisión. Finalmente en diciembre, a pocos días del arranque oficial de la campaña, se dejó en firme al ‘Binomio de la Esperanza’ como ha sido bautizado. Empezaba formalmente la batalla electoral.

 

La “sucia” campaña

Desde el inicio de la contienda (a la cual finalmente se inscribieron 16 binomios), tres candidatos tenían opciones reales de ganar la Presidencia, según todas las encuestas: Andrés Arauz, Guillermo Lasso y Yaku Pérez.

Ecuador arrancaba el año empapelando los postes y las paredes, en medio de un contexto de profundo dolor y tristeza por las muertes provocadas por el Covid-19 y de una rabia generalizada por los continuos escándalos de corrupción del régimen, que una vez más demostró su inoperancia y desidia al ver el sufrimiento y la muerte de miles de ecuatorianos.[10] Según el monitoreo del Observatorio Social Ecuatoriano, entre el 1 de enero el 14 de diciembre de 2020, 109.277 personas habían fallecido a nivel nacional, es decir, que “el exceso de personas fallecidas sobre el promedio de los tres años previos es de 40.889 personas, lo que significa una tasa de mortalidad de 234 por cada 100.000 habitantes”.[11]Se trata de uno de los tres países del mundo con mayores niveles de muertes en exceso por la pandemia.

El dolor y la indignación crecieron entre la población (más preocupada en su salud, en buscar empleo y en la inseguridad, que en la campaña electoral) cuando el Gobierno anunció con bombos y platillos la llegada de apenas 8.000 vacunas, porque varias de ellas fueron a parar a hospitales privados, que la madre del ministro de Salud fue una de las beneficiarias y que se privilegió la vacunación de los funcionarios de la Fiscalía.

Haciendo caso omiso de las críticas de la ciudadanía por el tema de las vacunas, Moreno, a pocos días de las elecciones, hizo un viaje a Estados Unidos (el sexto desde que es presidente). Si bien no fue recibido por Joe Biden, mantuvo dos reuniones de alto nivel: una con el director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de dicho país y otra con el Secretario General de la OEA (a quien su Gobierno dio el voto para la reelección y no así a su excanciller). Vale la pena recordar el papel que jugó este organismo en el golpe de Estado en Bolivia.[12]

Ya en materia electoral, y al liderar las encuestas el “perfecto desconocido”, todos los ataques fueron hacia él y proliferaron las fake news, estrategia recurrente durante los últimos cuatro años para desacreditar a los correístas. Entre los temas que tuvieron más eco podemos señalar: la desdolarización (el banquero candidato y los grandes medios de comunicación empezaron a posicionar en el imaginario que, de ganar Aruaz, se iría a desdolarizar la economía del país) y el apoyo del Ejercito de Liberación Nacional (ELN) en la campaña (esta noticia vino desde Colombia, de la mano de uribismo a través de la revista Semana). A estas dos noticias falsas hay que sumar el viejo guión de la derecha regional de señalar que el Ecuador se volverá como Venezuela. Y no faltó un medio de comunicación que informó que el candidato de la Revolución Ciudadana se había vacunado contra el Covid-19 en su viaje a la Argentina, cuando fue justamente a comprometer el apoyo de dicho Gobierno para traer vacunas al país en caso de ganar las elecciones.

 

El desenlace (los resultados)

El domingo 7 de febrero, por la noche, el CNE dio los primeros resultados del conteo rápido: Andrés Arauz fue proclamado ganador de la primera vuelta con el 31,5 % de los votos. Al interior del movimiento el dato cayó por sorpresa, ya que las encuestas preliminares y estudios de boca de urna otorgaban al candidato de UNES entre 36 % y 38 %. Los más optimistas incluso pensaban que sí era factible llegar a los 40 puntos y con eso ganar en “una sola vuelta”, como se escuchaba en los exteriores de la sede del movimiento.

Sin embargo, los ojos de la opinión pública no se concentraron en el candidato ganador sino en los resultados del segundo puesto. En el primer anuncio de resultados oficiales, el CNE informó que el segundo puesto era para Yaku Pérez, con 20,04 %, y en tercer lugar Guillermo Lasso, con 19,97 %. La diferencia era tan corta que treinta minutos después del primer anuncio, el candidato banquero había superado al candidato del movimiento indígena.

Vale recordar que Lasso participa por tercera ocasión en una contienda electoral presidencial y esta vez fue el candidato de la derecha tradicional después de una alianza realizada entre los partidos CREO y PSC (Partido Social Cristiano). Perteneciente al Opus Dei y dueño del Banco de Guayaquil, es la cara visible de los defensores del neoliberalismo. Por el otro lado, Yaku Pérez, quien fue elegido por Pachakutik (el brazo político de la CONAIE), ocupaba antes el cargo de prefecto de Azuay y está vinculado a organizaciones campesinas de base y a ONG ambientalistas, tanto nacionales como internacionales. Una de sus banderas de lucha ha sido su posición antiminera y su defensa de la pacha mama, sobre todo del agua (de ahí su nombre adoptivo Yaku Sacha).

Ambos candidatos comparten ideas políticas claves: su ferviente anticorreísmo, su crítica a los gobiernos progresistas de la región, su apoyo al golpe de Estado en Bolivia, su postura de no investigar -de llegar a la Presidencia- al Gobierno de Moreno por los muertos de octubre, su inclinación para continuar las recetas del FMI en torno al ajuste del Estado, su intención de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos (o al menos el hecho de no negar esta posibilidad, no “ver descabellado” el acuerdo, como señaló Pérez), su rechazo al uso del dinero electrónico, entre otros.[13] Por eso, algunos autores les han calificado de defensores del neoliberalismo ortodoxo (Lasso) y del neoliberalismo pachamámico o etnicismo neoliberal (Pérez).[14] Vale resaltar que la postura de Pérez no es representativa del conjunto del movimiento indígena y varios dirigentes han tomado distancia de su candidatura y a los acercamientos con la derecha nacional.

Finalmente, una vez escrutadas todas las actas, los resultados finales señalaban que Arauz obtuvo el 32,71 %, a saber, más de 3 millones de votos totales a su favor. El segundo puesto fue para Lasso con 19,74 % y Pérez con 19,38 %. La Revolución Ciudadana ha triunfado con 13 puntos de diferencia sobre sus contendientes y, además, obtuvo la mayoría de curules (49 de 137) en la Asamblea Nacional y en el Parlamento Andino (2 de 5). El correísmo se convierte así, pese a los cuatro años de persecución e intento de aniquilamiento, en la principal fuerza política del país.

Aún así, los reflectores mediáticos apuntaron a otras direcciones. Por un lado, continúa la disputa por el segundo lugar. Después de un “diálogo” entre Lasso y Pérez auspiciado por el CNE y teniendo como observador a la OEA, se acordó abrir las urnas para hacer un recuento del 100 % de los votos en la provincia de Guayas y el 50 % de votos en otras 16 provincias. El candidato del movimiento indígena señalaba que hubo fraude y que “le están robando” el segundo puesto. Manifestó que el artífice de esta patraña era Correa desde el exterior y que, incluso, en el nuevo recuento “puede ser que la segunda vuelta sea entre Lasso y Pérez”.  A la par, envío una solicitud a la Corte Constitucional para la anulación de las elecciones e interpuso acciones en la Fiscalía y la Contraloría.

El Ecuador entero vio en vivo y en directo cómo se pactaba un recuento de votos totalmente al margen de la ley y la norma electorales, pero que fue aplaudido por más de uno alabando el supuesto “espíritu democrático” y la “transparencia” de ambos candidatos (que no perdieron la oportunidad para criticarse mutuamente). Sin embargo, en menos de 48 horas Lasso envió una carta pública dirigida a la Presidencia del CNE donde se retractó del acuerdo pidiendo, entre otras cosas, que se proclame a los ganadores (Arauz y él). Yaku Pérez, por su parte, volvió a colocar el tema de un “fraude tras fraude” y anunció movilizaciones para defender su voto, advirtiendo que puede haber infiltrados del correísmo a través de migrantes venezolanos. El mismo discurso que utilizó el Gobierno en las manifestaciones de octubre.

A la par que se desarrollaba esta “novela electoral” por el segundo puesto, se volvió a colocar el tema del supuesto financiamiento por parte del ELN a la campaña de Arauz. Si bien la noticia ha sido desmentida tanto por el candidato como por el propio ELN, se insiste ante la opinión pública que en los archivos encontrados en la computadora del líder guerrillero Uriel hay información comprometedora. La noticia cobró vuelo cuando, después de las elecciones y cuando se hizo evidente el triunfo de Arauz, llegó a Quito el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, para entregar información a su par ecuatoriana. Algunos juristas y periodistas opuestos al correísmo ya colocaron la tesis de la descalificación de Arauz si se llega a comprobar dicho apoyo del grupo guerrillero.

Esta maniobra constituye uno de los últimos recursos -“patadas de ahogado” se diría en el argot popular- para impedir el retorno de la Revolución Ciudadana al poder público. Si no hay mayores sorpresas extraelectorales, como las que vimos en Bolivia, en abril se desarrollará la segunda vuelta, con Andrés Arauz a la cabeza, con una ventaja de 13 puntos sobre Guillermo Lasso el candidato de CREO que, junto con el PSC, han perdido 22 puntos de apoyo entre el 2017 y el 2021.

No queda duda de que más allá del triunfo de la Revolución Ciudadana y de que el gran derrotado en las urnas ha sido el neoliberalismo, este movimiento político ha demostrado su capacidad de resistencia durante cuatro años de permanentes ataques. Tiene una militancia y una estructura organizativa robusta que le colocan como la primera fuerza política del Ecuador.

[1] Ramírez. R. (2021) “Ni larga noche neoliberal, ni corto interregno de gobiernos progresistas (Apuntes sobre el margen izquierdo para seguir disputando la transformación social en Nuestramérica)”. En La disputa por la Democracia en América Latina. UNAM, CDMX.

[2] Stokes, S. (2001) Mandates and Democracy. Neoliberalism by Surprise in Latin America, Cambridge University Press. Vale señalar que en el país hace 30 años no gana una elección presidencial un candidato que defienda la agenda neoliberal. Esto ocurrió cunado llegaron al poder el binomio Sixto Durán y Alberto Dahik. El exvicepresidente, es actualmente miembro del Consejo de Asesores del Gobierno de Moreno.

[3] Ramírez, F. (2018) “El regreso del neoliberalismo en Ecuador”. En Le Monde Diplomatique, diciembre, 2018. https://mondiplo.com/el-regreso-del-neoliberalismo-a-ecuador

[4] Tras renunciar a su cargo en octubre del 2020, Martínez fue nombrado vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

[5] Primero el movimiento trató de inscribirse con el nombre “Revolución Ciudadana”, después “Revolución Alfarista” y finalmente “MANA”. Los tres intentos fueron bloqueados por las autoridades aduciendo las más absurdas e ilegales razones.

[6] Sólo se logró inscribir a 49 candidatos para alcaldes en 12 provincias. Este significó participar en apenas el 22% de los cantones del Ecuador.

[7] En una fórmula institucional típica de la derecha se habían fundido, con la excusa de achicar el Estado, las carteras de Gobierno e Interior: es decir la gestión de gobierno y la seguridad.

[8] Ramírez Gallegos F. (2020). Octubre y el derecho a la resistencia. Revuelta popular y neoliberalismo autoritario en Ecuador, CLACSO, Buenos Aires. http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20200519040510/Ecuador.pdf

[9]https://www.dpe.gob.ec/la-defensoria-del-pueblo-presenta-septimo-informe-con-resultados-de-la-vulneracion-de-derechos-durante-el-estado-de-excepcion/

[10] De hecho, la gestión privatizadora de los fondos públicos (como el pago anticipado de la deuda externa y la reducción de los recursos para salud) ha llevado a esta situación: Ecuador es el único país del mundo que en el escenario de pandemia aplicó políticas de contracción de la demanda agregada. Al respecto ver: Ramírez, J. y Ortega, M. (2020) “Desentrañando el desborde del coronavirus en Ecuador”. CELAG. https://www.celag.org/desentranando-el-desborde-del-coronavirus-en-ecuador/

[11]https://www.edicionmedica.ec/secciones/salud-publica/ecuador-finaliza-el-2020-con-mas-de-40-000-fallecimientos-en-exceso-debido-a-la-pandemia-96930

[12]https://www.telesurtv.net/news/luis-almagro-reconocio-papel-salida-evo-morales-20201116-0040.html

[13]https://www.eluniverso.com/noticias/2021/01/14/nota/9528838/yaku-perez-no-es-descabellado-acuerdo-comercial-estados-unidoshttps://www.facebook.com/LassoGuillermo/posts/los-beneficios-que-trae-firmar-un-acuerdo-de-libre-comercio-con-estados-unidos-s/2559393804101847/

[14] Figueroa, J.A. (2021) “Etnicismo neoliberal. Un panorama de urgencia tras la primera vuelta de las elecciones ecuatorianas”, IECCS.