Este viernes se resuelve si son llamados a juico los jueces involucrados en el caso Río Piatúa

Punto Noticias. La tarde de este viernes 17 de enero está previsto que el juez David Jacho resuelva llamar o no a juicio a los exjueces de Pastaza Aurelio Quito y Bolívar Torres, quienes son acusados del delito de cohecho.

En la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en Quito se desarrolló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, durante toda la tarde del miércoles.

Quito y Torres fueron acusados como autores directos, por parte del fiscal general subrogante, Wilson Toainga, quien pidió que sean llamados a juicio. 50 elementos de convicción: informes de inspección ocular técnica, versiones, certificaciones del Consejo de la Judicatura, informes periciales de audio, video, pericias documentales, análisis de llamadas telefónicas, entre otros, fueron los fundamentos con los que acusó la Fiscalía.

Al inicio de la audiencia, el juez Jacho ratificó todo lo realizado hasta el momento y declaró que tiene validez judicial, porque, a su criterio, no se encontraron vicios de procedimiento y procedibilidad que anulen el proceso.

La investigación penal arrancó con la denuncia del juez Jhon Álava, de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, quien formaba parte del Tribunal que conocería -en apelación- la acción de protección negada en primera instancia por Quito, en el caso conocido como Río Piatúa.

Según la denuncia, Quito ofreció a Álava beneficios administrativos y económicos, si ratificaba la sentencia dictada en el caso. El 3 de septiembre, en un restaurante de Puyo, Aurelio Quito habría entregado a Álava dinero en efectivo, que llevaba en el interior de una caja de licor.

Además, habría existido otra funda con 18.000 dólares, que aparentemente eran para el también entonces juez Bolívar Torres, quien integraba el Tribunal que conocería la apelación.

El jueves, el Tribunal de la CNJ, presidido por la jueza Dilza Muñoz, desechó el recurso de apelación a la prisión preventiva, interpuesto por la defensa de Quito.

El fiscal subrogante solicitó al Tribunal que ratifique la medida cautelar contra el procesado, al considerar que se cumplen los requisitos establecidos para la prisión preventiva y, además, sostuvo, que no se han desvanecido ni modificado los elementos de convicción sobre la existencia del delito y la autoría del procesado, en el caso.

Los indígenas kichwa del río Piatúa buscan conocer de dónde salieron los 40 mil dólares que, según el juez denunciante, eran para lograr que la Corte falle en contra de la acción de protección con la que las comunidades querían detener la construcción de una hidroeléctrica en el río Piatúa.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el artículo 280, tipifica el delito de cohecho y sanciona con penas de uno a siete años de cárcel.