En un plantel tradicional de Quito se investiga a maestra que amarraba y amordazaba a sus alumnos

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Uno de los niños maltratados cuyos padres denunciaron el caso, este jueves 13 de febrero, fue impedido de entrar al establecimiento. El guardia impidió su ingreso.

Punto Noticias.- «¿Profe, usted no nos va a amarrar? ¿No nos va a poner scotch (cinta adhesiva) en la boca? ¿Nos va a pegar?» eran las interrogantes que rondaban en las cabezas de los niños del sexto de básica ‘C’, esto sorprendió a la mujer, que relató todo a los padres de familia, en una primera reunión, el 20 de septiembre del 2019.

Marcela y Ana María, dos de aquellas madres (nombres protegidos), que recuerdan haber confirmado, algo extraño que sucedió en los dos años lectivos anteriores (cuarto y quinto de básica 2017-2018 y 2018-2019). Debido a esa afectación psicológica sus hijos perdieron el control de esfínteres y llegaban con los pantalones mojados y manchados, otros peor, usaban pañales.

Una mamá contó que reclamó a maestra, quien le respondió que no volvería a tocar a su hija. El problema era que todos los niños de esa aula de un centro educativo público muy tradicional de Quito, vivía situaciones de violencia, como el que le relató su niña.

«Los 28 niños sufrieron durante dos años lectivos; les amarraban los pies y las manos, desde la primera hasta la cuarta hora de clases. Los dejaba libres en el recreo. La maestra les obligaba a tomar leche (parte del Programa de Alimentación Escolar), mezclada con ají; a otros les daba puñados de máchica, que provocaba que se ahogaran casi».

Debió entender eso Marcela, una de las madres, que estaba muy afectada ante el sufrimiento de su hijo que ahora tiene 10 años como todos sus compañeros. Frente a ello, Cuatro madres y padres de familia escribieron una carta, que entregaron en el Rectorado del plantel público. También llego esta carta al Distrito 4 del ministerio de Educación.

El documento detallaba los aspectos que contaron sus hijos y la maestra. También exigieron medidas de protección para sus niños, en concordancia con las leyes del país. En diciembre un niño intentó suicidarse, otro escribió una carta con la misma decisión.

La tranquilidad duró poco en estudiantes y padres de familia, ya que la última semana de enero del 2020, esperaban la investigación. Pero el miércoles pasado 12 de febrero, hicieron pública su historia, ya que la mujer, sospechosa del maltrato a sus hijos, durante dos ciclos lectivos anteriores, volvió al establecimiento.

Un diagnóstico certificado, mostrado por una de las madres del Centro Médico Familiar Integral y Especialidades La Mariscal, del Seguro Social. Donde la psicóloga infantil concluye «tras corroborar los datos obtenidos en la entrevista, exámenes y testimonio de escucha activa hacia la madre y el paciente, nos da la pauta de que han sido vulnerados los derechos del niño». Acota el documento que «la sintomatología clínica más la proyectiva pueden dar pautas de los posibles tipos de violencia a los que el paciente fue sometido por su docente, es necesario colocar el caso en manos de las autoridades competentes, para que se inicie el proceso de investigación y se solicite una valoración psicológica de la docente».

La vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, Sybel Martínez, expresó este viernes 14 de febrero, que recibió a las madres de familia y le preocupan varios aspectos. «Volvemos a conocer de maltratos colectivos; los niños sienten que no tienen una vía de escape. Nadie le dio importancia a lo que vivían. Esa profesora se ensañó con cuatro niños, pero eran 24 más en el aula. Los niños refieren situaciones de tortura, pasaban amordazados de pies y manos. Inclusive les tapaban la boca. A un niño que le dio máchica le decía ‘no te vendrás a morir aquí’. A todos les decía que no le cuenten a sus padres o terminarán presos y se quedarán solos».

Este jueves pasado 13 de febrero, uno de los niños maltratados, cuyos padres denunciaron el caso, fue impedido de ingresar al establecimiento, asegura su madre. Quien acudió a la Subsecretaría de Educación de Quito y le acompañaron hasta la institución educativa, donde le dijeron que era un malentendido.

Sybel Martínez, de la Junta de Protección, compara el caso al de Aampetra, donde 41 adolescentes sufrieron tortura y abusos de un supuesto docente, entre el 2010 y 2011. Desde allí se destaparon denuncias de violencia en el ámbito escolar.

La profesora denunciada tuvo un sumario administrativo, la investigación duró 90 días. Esta denuncia fue realizada en la Junta de Protección, el proceso prevé una segunda audiencia; donde se abocaría conocimiento con medidas de protección; estarán los niños en audiencia reservada, revela Martínez.

Fuente: El Comercio