En el olvido las investigaciones sobre los carnés de discapacidad entregados ilegalmente por el ministerio de Salud

Un nuevo caso de corrupción del gobierno de Lenin Moreno que queda en la impunidad y que dejó un millonario perjuicio para el Estado

LOS PERIODISTAS

En junio pasado se desató el escándalo por el uso de carnés de discapacidad, otorgados ilegalmente por el ministerio de Salud, y que fueron utilizados por políticos, jueces y autoridades para obtener beneficios, como la importación de vehículos sin aranceles.

Sin embargo, después de 4 meses las investigaciones para determinar responsabilidades no avanzan, mientras el Estado perdió millones de dólares por evasión tributaria.

Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), solo por la importación de vehículos con exoneración arancelaria, se dejaron de recaudar USD 66 millones de dólares.

En este gobierno se incrementó la importación de vehículos con carnés de discapacidad. El mayor aumento se registró entre los años 2018 y 2019, al pasar de 1.634 a 4.426 automotores, según el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.

En cuanto a exoneraciones tributarias, no existe una cifra estimada sobre el perjuicio al Estado, aunque el SRI solicitó el 29 de julio al ministerio de Salud la verificación de una lista de 99.000 contribuyentes que se habrían beneficiado por su condición de discapacidad.

Entre quienes contaban con carné de discapacidad, sin que se aclare su legalidad y en algunos casos importaron vehículos, constan los asambleístas Fabricio Villamar, Israel Cruz y Marcia Arregui, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Christian Cruz, y José Enrique Nebot, hermano del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot.

También poseían ese documento 437 funcionarios judiciales, de los cuales 64 corresponden a jueces y 11 de ellos importaron vehículos con exoneración de impuestos.

Hace 3 meses, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret denunció que entidades bancarias adquirieron carnés de discapacidad para sus empleados, con el fin de cumplir con el 4% de contratación de personas con discapacidad, del total de su nómina, exigido en el Código del Trabajo a las instituciones públicas y privadas.

Lloret remitió varios pedidos de información a los ministerios de Salud y de Trabajo, pero únicamente ha recibido respuestas generales que han impedido aclarar su denuncia.

También cuestionó la acción de la Fiscalía que, a diferencia de otros casos, no ha dado una respuesta oportuna.

Solicitamos información a la Fiscalía respecto al estado del proceso y la respuesta fue que se realizan 47 investigaciones a 291 personas. Sin embargo, por encontrarse en etapa de investigación previa, la información es reservada.

El pasado 01 de julio el presidente Lenin Moreno anunció la suspensión de la exoneración arancelaria en la importación de vehículos, la incautación de automotores y una auditoría a los procesos de obtención de carnés. Sin embargo, solo fue un anuncio sin resultados palpables.

Solo durante la pandemia se emitieron 2.920 carnés, de los cuales 2.652 correspondieron a nuevas calificaciones.

El 24 de julio el ministerio de Salud anunció que 22 funcionarios de esa institución están siendo investigados por la entrega fraudulenta de documentos. Pero el tema quedó ahí y no ha proporcionado nueva información, pese a los pedidos de los medios de comunicación.

¿Quién responde por el millonario perjuicio económico para el Estado?, ¿estuvieron involucradas altas autoridades del ministerio de Salud en este caso?, ¿Qué relación con el ministerio de Salud tuvieron los políticos y autoridades que obtuvieron carnés? Y, ¿Por qué el silencio del ministerio de Salud y de las autoridades de justicia?, son algunas de las interrogantes a las que los ecuatorianos esperan respuestas.