El manejo de hospitales públicos por parte del PRE se inició en la presidencia de Abdalá Bucaram

Sobreprecios en la compra de medicinas e irregularidades en otras áreas del Estado dejaron millonarios perjuicios.

LOS PERIODISTAS

Las irregularidades en hospitales públicos, vinculadas a la familia del expresidente Abdalá Bucaram, datan de hace más de dos décadas, de acuerdo al informe de labores de la Comisión Nacional Anticorrupción, del período comprendido entre el 1 de agosto de 1997 y el 31 de julio de 1998.

En los escasos seis meses de gobierno de Bucaram, familiares y amigos manejaron instituciones y sectores estratégicos, en los que posteriormente las autoridades encontraron anomalías.

Su hermano, Adolfo Bucaram, estuvo al frente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y nombró a su hermana política, Bertha Naveda Giler, como subdirectora administrativa del Hospital Teodoro Maldonado Carbo.

En los hospitales del IESS se determinó, en ese entonces, un perjuicio de 2 mil millones de sucres en desvíos de recetas a clínicas particulares y otros 500 millones de sucres en sobreprecios en la compra de medicamentos.

En el ministerio de Salud se denunció un perjuicio de 450 millones de sucres por la entrega irregular de becas para médicos y 375 millones de sucres en viáticos no justificados de funcionarios de la institución.

Otro de los casos escandalosos fue el denominado Red Peñaranda en el que se utilizaron recursos de una cuenta de la Presidencia de la República supuestamente para comprar diputados, a través de la entrega de dinero para obras.

La red estuvo liderada por Luis Eduardo Peñaranda, quien huyó a Miami, y por Santiago Bucaram, hermano del exmandatario, quien fugó a Panamá.

De esa cuenta bancaria también se reportó la compra de dólares por parte de Rosa María Pulley, esposa de Abdalá Bucaram, por un monto de 2.631 millones de sucres.

La cadena de irregularidades se derivó a otras áreas como las aduanas, en donde se dio paso al contrabando en gran escala, evasión tributaria, subfacturación y falsas declaraciones, a través de la creación de una empresa de desaduanización paralela. Los perjuicios fueron incuantificables.

En el Banco del Estado se denunció la contratación irregular de casas de valores para mediar inversiones por 207 mil millones de sucres.

En Petroecuador se determinaron contratos fraudulentos en la compra de combustibles por 748 millones de sucres y en arrendamiento de tanques de almacenamiento para Petrocomercial por 106 millones de sucres.

En un contrato para la ampliación de la refinería de Esmeraldas, no se cobró una multa de 16,4 millones de sucres por incumplimientos y se reportó un perjuicio total de 155 millones.

Por el pago irregular de arrendamiento del terminal de Itulcachi se reportó un perjuicio de 793 millones de sucres.

Además, se cobraban comisiones de entre el 10% y el 25% para la entrega de contratos de obras y adquisiciones.

En el ministerio de Energía, cuando su titular fue Alfredo Adum, hombre de confianza de Abdalá Bucaram, se reveló un sobreprecio en la compra de automóviles blindados por 32 millones de sucres, para el uso de las autoridades de esa cartera de Estado.

En el ministerio de Bienestar Social, se creó el programa Operación Rescate Infantil (ORI) en donde se detectaron anomalías en la compra de juguetes para navidad, por 2 mil millones de sucres.

En la Comisión de Tránsito del Guayas, se descubrió una red que cobraba ilegalmente a los transportistas en el terminal terrestre de Guayaquil. La recaudación diaria era de 4 millones de sucres.

Adicionalmente, se investigaron denuncias de presuntos desvíos de recursos por 155 millones de dólares donados por organismos internacionales para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño.

Después de esta serie de antecedentes, de hace 23 años durante el fugaz paso por el Gobierno de Abdalá Bucaram, la familia del exmandatario nuevamente está vinculada en denuncias de corrupción en hospitales públicos.

Bucaram fue detenido el pasado 3 de junio, en el marco de las investigaciones que realiza la Fiscalía por irregularidades en la provisión de insumos médicos en el hospital Teodoro Maldonado Carbo.

Sin embargo, después de menos de 24 horas fue liberado y ahora cumple arresto domiciliario, por pedido de la fiscal Diana Salazar.

En su domicilio se encontraron cientos de cajas de insumos médicos y pruebas rápidas para Covid-19, además de un arma de fuego.

El presidente Lenin Moreno inició los acercamientos con Bucaram en octubre del año 2018 cuando invitó al exgobernante al Palacio de Carondelet durante una visita del presidente del Perú, Martín Vizcarra.

Pocos días después, uno de sus hijos, Dalo Bucaram, fue invitado por Moreno a su despacho como parte de los diálogos impulsados por el gobierno con diferentes sectores.