El Estado ecuatoriano dio por terminadas las conversaciones con Odebrecht

Imagen referencial: A Primera Hora

Lo ratificó el procurador general, quien señaló que no se podían admitir los condicionamientos puestos por la transnacional.

Punto Noticias. El procurador general del Estado, Íñigo Salvador, confirmó que comunicó a Odebrecht la decisión del Estado ecuatoriano de terminar las conversaciones iniciadas el 10 de julio del año pasado, sobre las indemnizaciones que esa compañía debía pagar, por los daños que causó son su red de sobornos.

Las razones fundamentales, según Salvador, son que, en los meses de diciembre y marzo pasados, Odebrecht envió comunicaciones a las autoridades de la Secretaría Anticorrupción y Procuraduría General, que planteaban una serie de condiciones para que se hiciera efectivo el pago de la indemnización.

Cuatro eran las condiciones: Odebrecht debía recibir en devolución un monto que, por orden judicial, le retenía el Estado ecuatoriano; la segunda, que, con cargo a ese monto, Odebrecht debía ser autorizada a pagar sus obligaciones al el Servicio de Rentas Internas (SRI) y una serie de proveedores, entre ellos los abogados a cargo de la cooperación eficaz de la compañía con la Fiscalía General.

El tercer condicionamiento, la indemnización sería lo que quedara después de que Odebrecht hubiera recibido la devolución de los fondos y pagara sus deudas. Lo que significa que no había una valoración objetiva del daño, sino un monto impuesto.

Los montos retenidos a Odebrecht, por orden judicial, son aproximadamente 115 millones de dólares. Realizadas las deducciones que pretendía, luego del pago de sus obligaciones, el saldo estaría entre 50 y 70 millones de dólares. El Procurador cree que el mensaje de Odebrecht es: esto es lo que hay, si quieren tomen y si no ahí lo dejamos.

La cuarta condición, volver a contratar con el Estado ecuatoriano, que, en opinión del procurador, es un imposible, tanto desde el punto de vista legal como de la confianza que el Estado ecuatoriano podría tener en una compañía, que en pasado demostró ser absolutamente inconfiable.

Si estas condiciones no se cumplían, Odebrecht amenazó que podría suspender la cooperación eficaz con la justicia ecuatoriana.

A criterio del procurador, “esta es una coerción que el Estado ecuatoriano no está dispuesto a tolerar. Y esa es la razón fundamental por la que la Procuraduría General del Estado (PGE), en su calidad de portavoz del grupo de autoridades que se encontraba conversando con la compañía Odebrecht, ha decidido dar por terminadas las conversaciones”.

La autoridad de control advirtió que, a partir de ahora, Odebrecht deberá responder ante las autoridades y órganos competentes por sus obligaciones que tiene con el Estado ecuatoriano. Respecto de lo tributario con el SRI; por sus obligaciones contractuales, por contratos con el Estado, con la Contraloría General y, eventualmente, con la justicia contencioso administrativa ecuatoriana.

“En cuanto a los hechos ilícitos, como son los temas relativos a los sobornos, a la Procuraduría General le corresponderá velar por los intereses del Estado ecuatoriano, en el ámbito de sus competencias: acompañar al Estado en el patrocinio en los procesos judiciales, con su asesoría técnico-jurídica y con la presencia de los abogados de la Procuraduría en los correspondientes procesos”, declaró.

Anunció que la Procuraduría ha solicitado, a todas las entidades que contrataron con Odebrecht, información sobre el estado de esos contratos y si presentaron demandas por incumplimientos o por daños y perjuicios, que haya podido causar esa compañía.

El funcionario aclaró que corresponde a los contratantes iniciar las acciones legales, en caso de haber incumplimientos. La Procuraduría estará presente, entregando asesoría jurídica, en el caso que requieran.